El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Su objetivo es poner en valor la importancia de los ecosistemas y los procesos que estos dan a la sociedad. 2020 se nombró “super año de la biodiversidad” por la ONU. Es también el año en que la comunidad internacional se enfrenta a las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19. En este contexto, Ecologistas en Acción destaca que la biodiversidad es precisamente la mejor barrera natural para protegerse de este tipo de amenazas.

Las acciones humanas han tenido impactos muy significativos en más de tres cuartos de la superficie terrestre del planeta, destruyendo más del 85 % de los humedales y destinando más de un tercio de toda la superficie terrestre –y casi el 75 % del agua dulce– disponible a la producción agrícola y ganadera. Ha sido la actividad humana, especialmente los sistemas financieros y económicos mundiales bajo el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio, la que ha causado la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las últimas pandemias.

La destrucción de los ecosistemas, la expansión descontrolada de la agricultura, la deforestación desenfrenada o la cría intensiva de animales en granjas han facilitado la transmisión de enfermedades de la fauna a los seres humanos, causando un enorme impacto en muertes de personas. Si no se conserva la biodiversidad las futuras pandemias serán más frecuentes, puede que se propaguen de forma más rápida y que tengan una repercusión social y económica mayor.

Ante la necesidad de un compromiso político con la biodiversidad que vaya más allá del manifestado hasta la fecha, Ecologistas en Acción propone al Gobierno de España y a los diferentes gobiernos autonómicos las siguientes medidas:

1.  Blindar la legislación ambiental existente

La legislación actual, aunque insuficiente en algunos aspectos, ha demostrado ser positiva para las conservación del medio ambiente. Rebajar esta normativa para favorecer el crecimiento económico es un grave error que algunas administraciones autonómicas ya están proponiendo y que agravará los diferentes componentes de la emergencia ecológica y sanitaria.

2. Recuperación económica que fomente una transición ecológica justa

Es esencial que las medidas que se tomen en la lucha contra la actual pandemia no supongan un aumento del riesgo de que se produzcan nuevo brotes en el futuro.

Para ello es esencial:

  • La puesta en marcha de forma urgente de medidas de estímulo y recuperación económica que se basen en actividades sostenibles y positivas para la naturaleza.
  • Rechazar la puesta en marcha de ayudas económicas a sectores responsables de la crisis ecológica tales como la aviación o la automoción.
  • Potenciar la sanidad pública y financiar la capacidad sanitaria en los focos de enfermedades emergentes y poner en marcha programas de vigilancia.

3. Priorizar las medidas para detener la pérdida de biodiversidad

Las administraciones españolas han dado la espalda las últimas décadas al compromiso que España asumió de detener la pérdida de biodiversidad. Debido a la COVID-19, la necesidad de tomar medidas para detener la pérdida de biodiversidad es todavía mayor, ya que la naturaleza es la mejor defensa ante esta y futuras pandemias.

Por ello, Ecologistas en Acción propone:

  • Intensificar la acción política contra la pérdida de biodiversidad a nivel estatal, europeo e internacional, presionando para que la Unión Europea lidere la correcta toma de decisiones en futuras cumbres como la COP26 de cambio climático y la COP15 de biodiversidad, y promoviendo y financiando iniciativas para la conservación y restauración de ecosistemas globales.
  • Aprobar un plan de emergencia estatal para detener la pérdida de biodiversidad en territorio español. Este plan debería incorporar medidas concretas para cumplir los compromisos de las Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica y de la Estrategia Europea de Biodiversidad. Como objetivo prioritario las políticas sectoriales y el uso de fondos públicos deben estar condicionadas a la conservación de la biodiversidad, no contribuyendo a fomentar las causas que producen su pérdida.
  • Poner en marcha planes específicos coordinados entre el Estado y las Comunidades Autónomas de restauración de los ecosistemas degradados por la acción humana. Transformación de prácticas agrarias y de gestión forestal que compatibilicen producción con protección de la biodiversidad, a través por ejemplo del impulso decidido a la agricultura ecológica y la gestión forestal sostenible. Es decir, priorizar todas aquellas prácticas que favorecen la conservación y recuperación de los procesos ecosistémicos y, por tanto, suponen beneficios esenciales para la seguridad humana.
  • Por su riesgo potencial para la salud humana, se debe prohibir el comercio de especies silvestres independientemente de su estatus de conservación y reforzar herramientas ya existentes como el plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo Internacional de especies silvestres.
  • Establecer una nueva fiscalidad ambiental que grave las actividades más dañinas con el planeta, de forma que esos recursos adicionales puedan ser utilizados a nivel estatal y autonómico para impulsar las inversiones en conservación del patrimonio natural: Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, así como invertir en restaurar ecosistemas degradados.