La privatización de la gestión del agua en Avilés: beneficios privados frente al interés general

La dimensión ambiental de la actual crisis pone de manifiesto los límites que la naturaleza impone al funcionamiento depredador de recursos naturales del sistema económico capitalista, hoy sabemos que el modelo de producción y consumo que caracteriza a las sociedades opulentas del centro rico del sistema no puede ser exportable a la mayoría de la población empobrecida del planeta. La mixtificación del crecimiento ilimitado y la visión antropocéntrica que ha perdurado durante toda la etapa de desarrollo industrial y que se extrema a partir de la segunda mitad del siglo XX, impregnando casi todas las ideologías durante todo ese periodo, ha de sustituirse por otra que tenga como horizonte la reducción del consumo de materias y energía y aliente un sistema económico que ha de subordinarse a los ecosistemas naturales de los cuales depende. Es por tanto necesario, para abordar la crisis, disminuir el excesivo consumo material de las economías occidentales a la vez que se produzca un incremento del bienestar humano en las zonas empobrecidas del planeta; en ambos casos es preciso desarrollar nuevas tecnologías eficientes y más respetuosas con la naturaleza.

Sorprende, precisamente en este momento, la actual controversia que en Avilés se está dando sobre la privatización de la gestión del agua, defendida tanto por el PSOE como por el PP, con los mismos argumentos que perduraron durante tantos años y que hoy están hechos añicos. El argumento ampliamente utilizado durante todo este periodo de fiebre privatizadora ha sido resaltar la superioridad en la eficiencia y calidad de los servicios privatizados con respecto a lo público, puesto que la iniciativa privada y por tanto el mercado implica competencia y permite al consumidor escoger la mejor opción, tanto en calidad como en precio, sea el caso de una mercancía o de un servicio.

En primer lugar decir que, si acaso, la competencia solamente se da en el momento del concurso para obtener la concesión y en muchos casos ese proceso deja mucho que desear en cuanto a la transparencia. En el caso del agua el servicio queda asegurado para la empresa beneficiada con la concesión por un tiempo que en la mayoría de ocasiones se cuenta por décadas, por tanto, durante ese largo periodo, la empresa gestora funciona en régimen de monopolio.

En segundo lugar recordar que la gestión de la demanda, que es el tipo de gestión al que nuestro país se comprometió con la ratificación en el 2000 de la Directiva Marco del Agua (DMA) y que apoyamos desde el movimiento ecologista, pone el acento en reducir el volumen de agua necesaria para los seres humanos y su sistema económico actuando sobre todos los elementos que componen el circuito de abastecimiento (campañas de concienciación para el ahorro, reducción de las fugas en las redes de distribución, implantación de fontanería ahorradora en los edificios, sistemas eficientes de regadío, reutilización de aguas residuales, políticas tarifarias que graven el derroche, etc…).¿Quien puede pensar que una empresa que busca beneficios a través de la venta de agua puede estar interesada en rebajar los consumos?.

Muchos municipios asturianos han privatizado la gestión del agua siendo Oviedo uno de los pioneros, mientras que otros se han resistido a ello impulsando empresas municipales como es el caso de Gijón donde en los últimos años se han desarrollado programas de gestión de la demanda alcanzando reducciones tanto en el consumo como en las pérdidas en la red, implantando a la vez precios según tramos de consumo para gravar el derroche.

El agua es una necesidad humana que debe garantizarse a todas las personas, lo cual difícilmente puede hacerse desde un servicio privatizado que tiene como misión la de procurar beneficios para sus accionistas; solamente desde el sector público puede asegurarse que esa condición se cumpla. Como se dice desde Vía Campesina “los alimentos, el agua y la biodiversidad tienen que quedar fuera del mercado”.

Otro de los argumentos que utiliza el gobierno municipal de Avilés es que ellos no tienen ni capacidad ni conocimientos para realizar esta gestión; la Plataforma contra la Privatización del Agua no puede por menos que escandalizarse ante esta declaración de incompetencia de unos políticos que hace tiempo han dejado de soñar con ofrecernos algo mejor que esta sociedad desigual en lo económico y social e insostenible en lo medioambiental, con sociedades en las que los seres humanos vivamos en paz y en armonía con la naturaleza. Si estos políticos se declaran incompetentes para la gestión que desde la administración han de realizar, dejándolo todo a la iniciativa privada, podemos preguntarnos cual es la “alta misión” a la que se están dedicando. Tal parece que su única misión desde hace tiempo es la de ser contables que gestionan el sistema concebido por ellos como el mejor y único posible.

Quizás sea producto de la casualidad que en el Ayuntamiento de Avilés donde gobierna el PSOE se proponga lo mismo que en estos momentos se está haciendo en la Comunidad de Madrid donde gobierna Esperanza Aguirre del PP. La privatización del Canal de Isabel II que es la empresa responsable del abastecimiento de agua a Madrid se justifica en la necesidad de obtener fondos para llevar a cabo infraestructuras hidráulicas necesarias para la Comunidad como es la construcción de dos nuevos embalses.

Cuando asistimos al inicio de una crisis económica global de dimensiones nunca vistas presenciamos el empeño de algun@s por defender dogmas, que propugnan la superioridad de la gestión privada, e ideologías que ven en el mercado la fórmula adecuada para la asignación de recursos, sin inmutarse lo mas mínimo porque la realidad de los hechos haya revelado durante los últimos meses la falsedad de esas premisas.

Finalmente señalar que algunas importantes ciudades europeas como París, Toulouse y Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del agua por razones de eficiencia y ahorro.