La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado su intención de privatizar el servicio de abastecimiento de agua. Es curioso que en estos momentos se defienda como mejor la gestión privada que la pública, y más cuando se habla de un recurso tan básico, por otra parte bien gestionado por el Canal de Isabel II. Pero es que, además, los daños ambientales y los problemas sociales que generaría esta privatización son enormes.

En el pasado Debate sobre el Estado de la Región, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la transformación del Canal de Isabel II, empresa responsable del abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49% de las acciones, con el fin de que gestione el ciclo integral del agua. La justificación era la “necesidad de obtener fondos para llevar a cabo infraestructuras hidráulicas necesarias para Madrid, como la construcción de dos nuevos grandes embalses”.

Los riesgos de una privatización de los bienes públicos nunca han sido tan evidentes como en la situación actual, cuando la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de una aplicación estricta de las reglas del mercado y la competencia en todos los sectores de la actividad. Mientras asistimos a una crisis económica global de dimensiones nunca vistas, en la Comunidad de Madrid persisten los dogmas de la superioridad de la gestión privada y la ideología de que el mercado lo soluciona todo del mejor modo posible, afirmaciones particularmente insostenibles cuando estamos viendo que grandes ciudades como París, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del agua por razones de eficiencia y ahorro.

Los argumentos del Gobierno regional son inaceptables. El Canal de Isabel II es una empresa rentable, que aporta cuantiosos beneficios a la Comunidad de Madrid, y que en muchos casos no se destinan a infraestructuras hidráulicas –véase el caso de la construcción del Teatro del Canal, con un coste cercano a los 100 millones de euros–. Por otra parte, Madrid no necesita nuevos embalses: las infraestructuras existentes tienen capacidad para abastecer a una población de más de nueve millones de habitantes, un 40% más que los que hoy reciben este servicio. Tampoco es competencia autonómica la construcción de embalses, sino del Gobierno central.

La privatización anunciada de la gestión del agua también choca abiertamente con lo establecido en la Ley de Aguas. Esta norma determina que las cuencas hidrográficas que afectan a más de una Comunidad Autónoma las gestiona el Estado. La cuenca del Tajo, a la que pertenece Madrid, afecta a cinco Comunidades Autónomas, además de a Portugal, y su gestión depende de la Confederación Hidrográfica del Tajo. También supone un incumplimiento de lo establecido en la Directiva Marco de Aguas, que establece la unidad de gestión por cuenca hidrográfica.

La privatización del Canal tendría graves consecuencias ambientales y sociales, que comentamos a continuación.

Pérdidas sociales

El Canal de Isabel II obtiene importantes beneficios económicos (80 millones de euros en 2007), que van a parar a las arcas públicas, y que por tanto revierten, teóricamente, en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Una vez privatizado, los beneficios obtenidos –del conjunto de los ciudadanos a través de la factura del agua– irán a parar a los bolsillos de los accionistas.

El Canal abastece a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en régimen de monopolio. Como además oferta un servicio de primera necesidad, un empeoramiento de la calidad del mismo no supondría en ningún momento una alteración del consumo, al tratarse de consumidores cautivos. La privatización hace previsible una importante reducción en la plantilla de trabajadores, con dos consecuencias claras: un peor servicio –tanto mayor cuanto más se extremen los recortes– y unos mayores beneficios.

La gestión del abastecimiento de agua potable que realiza en la actualidad el Canal de Isabel II en Madrid puede considerarse más que aceptable, pues se suministra un agua en general de buena calidad, tanto sanitaria como de sabor. En otras grandes ciudades de nuestro país el mal sabor del agua hace que una parte importante de la población consuma agua mineral embotellada, cuyo coste es varios cientos de veces superior al del agua del grifo.

De este modo, un deterioro en la calidad del suministro podría suponer un aumento del consumo de agua mineral embotellada, con el encarecimiento de la cesta de la compra que ello supone: se estima que una familia de cuatro miembros que utilice agua embotellada para beber y cocinar gasta una media de 75 € mensuales, mientras que ese gasto se reduce a tan sólo 30 céntimos si usa para ello agua del grifo.

El Canal de Isabel II, una empresa con más de 150 años de funcionamiento, es propietario de amplias superficies de suelo a lo largo de toda la Región, una parte de las cuales están en diferentes puntos del centro de Madrid. Este suelo alcanzaría un importante valor en el mercado inmobiliario por lo que en caso de privatización es previsible que saliesen a la venta aquellos terrenos del centro de Madrid que ya no se necesitan para el abastecimiento. La construcción de gran número de viviendas en esas zonas del interior de la ciudad, algunas bastante extensas, incrementaría sustancialmente la densidad de población en esos barrios, con la consiguiente pérdida de calidad de vida para los vecinos.

En definitiva, la privatización del Canal originaría la pérdida de ingresos económicos para las arcas públicas, un más que posible deterioro de la calidad del servicio sin que los usuarios puedan hacer nada para evitarlo, y la pérdida de puestos de trabajo.

Problemas medioambientales

Pero esta privatización también ocasionaría importantes daños ambientales. El agua es un recurso natural limitado y escaso, cuya obtención conlleva daños ambientales importantes. Por ello, debe consumirse tan sólo la necesaria, siendo importante la realización de continuas campañas de concienciación ciudadana sobre la necesidad del ahorro.

A lo largo de los años, el Canal ha llevado a cabo numerosas campañas de concienciación ciudadana, con unos resultados en general satisfactorios, traduciéndose a menudo en reducciones del consumo no inferiores al 10%. Por otra parte, el Canal invirtió durante varios años importantes cantidades de dinero encaminadas a reducir las pérdidas en las redes de distribución. Así, nos encontramos con que el consumo de agua por habitante abastecido ha bajado en los últimos 15 años de manera espectacular. Mientras que en 1991 el consumo de la población abastecida por el Canal fue de 610 hm3, en 2007 se quedó en 542 hm3, a pesar de que en 2007 se suministraba agua a 1.200.000 personas más que entonces. Es decir, el consumo por habitante se ha reducido en 16 años más del 30%.

Es claro que en un horizonte de privatización es muy posible que perdieran peso las campañas de concienciación y ahorro, pues van contra el principio de que cuanto más agua se venda, más ingresos. Algo aceptable en el caso de una empresa pública por el interés general, es inconcebible en el marco de la empresa privada. Y un mayor gasto de agua conlleva daños ambientales claros: construcción de nuevos embalses y conducciones, sobreexplotación de acuíferos, reducción de los caudales ambientales, etc. Sin olvidar que a menos reservas se reduce la garantía de suministro en periodos de sequía.

Por otro lado, la gestión privada es posible que acabara con la política de bloques vigente en la tarifa actual (el precio del metro cúbico se incrementa conforme aumenta el consumo a partir de determinados niveles). Esta política tarifaria obviamente tiene como fin favorecer a las personas que consumen agua de forma más racional y penalizar a los grandes consumidores. En todos los casos en los que se ha producido la privatización del agua, se han llevado a cabo subidas por igual de tarifas, cuando no han sido incluso mayores para los consumos más bajos.

También es previsible una merma de las inversiones empleadas en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución. La captación y potabilización del agua en la Comunidad de Madrid resulta comparativamente barata, mientras que la reducción de buena parte de las pérdidas en las redes de distribución resulta mucho menos rentable para cualquier empresa privada de abastecimiento. Más pérdidas suponen nuevos aumentos en el consumo. Además, un alto nivel de pérdidas en las redes de distribución repercute en una peor calidad del agua de abastecimiento, por la succión exterior que se produce en las conducciones cuando ocurren cortes temporales en el suministro.

Hace algunos años, el Canal financió importantes actuaciones de carácter puramente medioambiental (incluso con varios millones de euros), como la restauración ambiental de riberas de los ríos. Es impensable que acciones de ese tipo ocurran en el marco de la empresa privada.

La Comunidad de Madrid, también pretende que la nueva sociedad anónima gestione el ciclo integral del agua de Madrid, competencia que corresponde al Gobierno central. Se inauguraría esta gestión nada menos que con la construcción de dos grandes embalses, uno de ellos en la Sierra Norte y el otro al sur de la Región. Hablamos de dos actuaciones con un gran impacto ambiental. Pero, además, se trata de dos infraestructuras inútiles, pues ambos se ubicarían en cauces que apenas cuentan con cuenca de vertido. El de la Sierra Norte se situaría aguas arriba del embalse de El Atazar, en la hiperregulada cuenca del río Lozoya.

En definitiva, es claro que la privatización del Canal de Isabel II sólo generaría perjuicios sociales y ambientales, dejando de lado el interés general frente a los beneficios privados. Es por ello que desde Ecologistas en Acción nos opondremos frontalmente a este proyecto, que vulnera la legislación estatal y europea.

Santiago Martín Barajas y Erika González, Comisión del Agua, Ecologistas en Acción de Madrid. El Ecologista nº 59.