En la actualidad funcionan en España nueve reactores nucleares. Los más antiguos, los de primera generación, se diseñan en los últimos años cincuenta y primeros sesenta, con tecnología procedente de EE UU. Son las centrales de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita, que se conectó a la red en 1969, y Santa María de Garoña (Burgos, 1971). Las de segunda generación se diseñan también en EE UU a finales de los sesenta y primeros setenta y son Almaraz I y II (Cáceres), que funcionan comercialmente desde 1983 y 1984 respectivamente, Ascó I y II (Tarragona) que se conectan en 1984 y 1986, y Cofrentes (Valencia) que vertió energía a la red por primera vez en 1985. Finalmente, dos reactores de tercera generación, Vandellós II (Tarragona) de tecnología estadounidense y Trillo (Guadalajara), el único de tecnología alemana, empezaron a funcionar en 1988.

La situación de seguridad de estos reactores es diversa y a menudo sufren incidentes que ponen de manifiesto el hecho de que la energía nuclear es un experimento tecnológico de resultados inciertos. Las centrales de Zorita y Garoña deberían, desde luego, ser cerradas inmediatamente porque, además de ser las de más baja potencia, sus condiciones de seguridad están severamente degradadas. El estado de la seguridad de las centrales no va sólo unido a su edad, aunque éste es un factor clave, sino que depende de otros factores como la calidad del mantenimiento o el control que se ejerció durante su construcción debido al grado de conocimiento de la tecnología del reactor por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El rigor del CSN es también clave y, sin embargo, con demasiada frecuencia este organismo hace gala de excesivas manga ancha y tolerancia con los propietarios de instalaciones nucleares. El caso de Trillo es muy indicativo puesto que, a pesar de ser la central más moderna, es la que tiene más incidentes clasificables en la escala INES (Escala Internacional de Sucesos Nucleares), incluyendo dos incidentes de nivel II. También lo es el caso de Vandellós I (Tarragona), que se cerró tras sufrir un accidente en 1989. El accidente se calificó como nivel III en la escala INES y tuvo lugar en un generador eléctrico, en un sistema que el propio CSN había señalado como susceptible de sufrir un accidente. Probablemente se habría evitado el accidente si se hubieran impuesto las recomendaciones del CSN.

Sangría de recursos

Además de los citados, existían en nuestro país otros cinco proyectos de reactores nucleares: Valdecaballeros I y II (Cáceres), Lemóniz I y II (Vizcaya) y Trillo II (Guadalajara). El gobierno del PSOE decretó en 1984 la moratoria nuclear, paralizando la construcción de estas centrales. Para compensar a sus propietarios se impone un tributo del 4,5% del recibo de la electricidad que cobrarán las eléctricas hasta 1994, cuando se promulga la Ley del Sector Eléctrico que pone fin a la moratoria nuclear clausurando definitivamente estos cinco proyectos.

El fin de la moratoria supuso una negociación entre el Gobierno y los propietarios de las centrales nucleares en construcción para ponerles valor. El fruto de esta negociación es escandaloso: esos cinco proyectos que nunca podrían producir un solo kWh se valoraron en 450.000 millones de pesetas (unos 2.700 millones de euros), que en la actualidad siguen generando pagos de 480 millones de euros al año (éste fue el pago p. ej. en 2002). Y esto a pesar de que en aquel momento se habían pagado ya a las eléctricas unos 750.000 millones de pesetas (4.500 millones de euros). Finalmente se valoran en 1,2 billones de pesetas (7.200 millones de euros) unos activos que no han producido nada de electricidad. Se trata de una curiosa consideración del riesgo empresarial: quienes calcularon mal la demanda futura de energía nuclear, lejos de perder dinero se siguen enriqueciendo a costa de aquellos cálculos erróneos.

No es ésta la única transferencia de capital de los ciudadanos hacia la industria nuclear. En 1999, el Gobierno del PP negocia con las principales eléctricas españolas un protocolo que da lugar a la liberalización del sector eléctrico. Una parte del protocolo consiste en evaluar los costes que tendría el cambio de un modelo regulado y planificado a uno liberalizado, los costes de transición a la competencia. El monto que se acordó era de unos 4 billones de pesetas (24.040 millones de euros) a pagar en 10 años. El fruto de las negociaciones condujo al pago inmediato de 1,3 billones de pesetas (7.813 millones de euros). Aproximadamente el 80% de esa cantidad era para compensar a las empresas eléctricas que habían optado por la energía nuclear.

Sin solución para los residuos

Además de los problemas relacionados con la seguridad, las centrales nucleares están cuestionadas porque generan residuos radiactivos. Estas sustancias se clasifican según su peligrosidad en tres grupos: alta, media y baja actividad –recientemente se inaugura en España el concepto de residuos de muy baja actividad, están constituidos sobre todo por las cenizas procedentes de la fusión accidental en acerías de fuentes radiactivas–. Ni en España ni en ningún otro país del mundo se ha encontrado aún una solución satisfactoria para los residuos de alta actividad. La Comisión Europea ha fijado 2008 como el año en que todos sus miembros han de tener una estrategia de gestión para los residuos de alta.

Quizá la mejor noticia de estos últimos años sea la fijación por el Parlamento y el CSN de una fecha de cierre para la central nuclear de Zorita: el 30 de abril de 2006. Este acuerdo vino precedido de intensas protestas y movilizaciones sociales y políticas encaminadas sobre todo a mostrar el estado deleznable en que se encuentra la central.

La actual situación política y, sobre todo, económica no permite vislumbrar la apertura de nuevas centrales nucleares en nuestro país, a pesar de que no existe ningún obstáculo legal para tal cosa. En la actualidad asistimos a crecientes presiones de los agentes económicos y sociales pronucleares para invertir una situación que les resulta desfavorable. El cambio climático es su principal argumento y, además, ejercen presión sobre los organismos reguladores como el CSN para que se relaje la seguridad, lo que conduciría a una reducción de los costes de instalación. Pero los impactos y riesgos que conlleva la energía nuclear la invalidan como una tecnología válida como alternativa a los combustible fósiles. Hay que combatir el cambio climático, pero sin empeorar los problemas ambientales a que nos enfrentamos.

Francisco Castejón. El Ecologista nº 41