Menos controles para las empresas de químicos

El proceso de revisión normativa de químicos, iniciado en las instituciones europeas, puede rebajar la protección de las personas y el medio ambiente.

Dolores Romano, coordinadora de sustancias químicas de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 89.

La Comisión Europea está inmersa en un proceso de revisión de la normativa y políticas sobre sustancias químicas. La intención, sobre el papel, es determinar si esas normas aún cumplen sus objetivos primarios: ofrecer un elevado nivel de protección a la ciudadanía europea y del medio ambiente; y asegurar que el mercado interno de sustancias químicas funciona bien, estimulando la innovación y la competitividad.

Esta revisión forma parte de la agenda de la Comisión para una “mejor regulación”, que un pequeño grupo de representantes políticos de varios países empezaron a desarrollar a principios de siglo, con el objetivo de identificar y eliminar cargas innecesarias para las empresas. A lo largo de los años, según han ido ganando influencia en Europa, han ido ampliando sus objetivos y ahora buscan también la simplificación de la carga normativa para las empresas, en particular, la ’carga’ de la normativa medioambiental.

Para ello, la Comisión ha iniciado varios procesos de revisión de paquetes de normativa, conocidos como Fitness Check o REFIT. Tras iniciar el año pasado la revisión de las directivas de aves y hábitats, este año han iniciado un proceso para revisar más de cien piezas normativas que componen la legislación sobre sustancias químicas. Además, revisarán por separado el Reglamento REACH, el paquete sobre Economía Circular o la normativa sobre plaguicidas. Justifican la revisión por las quejas que reciben de la industria, en particular de pequeñas y medianas empresas, sobre la enorme carga que les supone cumplir con la normativa que intenta prevenir y gestionar los riesgos de las sustancias químicas peligrosas.

Normativa basada en características peligrosas o en el riesgo

Revisar periódicamente la efectividad de la normativa e identificar mejoras necesarias es importante. Pero en este caso, el alcance de la revisión de la normativa de químicos se reduce a valorar la efectividad de la normativa basada en las características peligrosas de las sustancias contraponiéndola a la normativa sobre el riesgo de las sustancias. Nos enfrentamos al enésimo intento de la industria de debilitar el marco normativo europeo y asemejarlo al de Estados Unidos. ¿Será casualidad que esta revisión coincida con las negociaciones del tratado de libre comercio (TTIP), donde la industria química ha señalado la normativa europea como una de las principales barreras al comercio?

A lo largo de los años, el marco normativo europeo ha ido avanzando hacia la regulación de diferentes usos de las sustancias en función de sus características peligrosas. Por ejemplo, la normativa de juguetes prohíbe la presencia en estos artículos de sustancias que estén clasificadas en la Unión Europea como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR). La normativa de protección de los trabajadores obliga a las empresas que utilizan sustancias clasificadas como cancerígenas o mutágenas a sustituirlas, si es técnicamente posible, y si no pueden, deben adoptar estrictas medidas de protección de los trabajadores durante su uso. Las leyes para la prevención de accidentes industriales establece la obligatoriedad de tomar medidas preventivas y de información a las empresas que almacenen ciertas cantidades de sustancias clasificadas como tóxicas o peligrosas. En consecuencia, la clasificación de una sustancia como tóxica o como peligrosa conlleva la adopción de diferentes medidas de información y gestión, incluyendo su limitación en varios usos.

La industria química, por el contrario, prefiere la normativa basada en riesgo vigente en Estados Unidos. Según su punto de vista, es excesivo imponer medidas de información o de gestión sin que las autoridades demuestren que el uso de la sustancia representa un riesgo para la población y el medio ambiente. Como el riesgo depende de la exposición, consideran que si no hay exposición o esta está por debajo de los niveles establecidos como seguros, no hay necesidad de regular.

Este argumento sería válido si fuese sencillo evaluar el riesgo, pero básicamente no hay información adecuada sobre el nivel de exposición de la población y el medio ambiente a sustancias toxicas. Los métodos utilizados para establecer niveles de exposición seguros están más que cuestionados, ya que no tienen en cuenta que en a vida real, no estamos expuestos a sustancias individuales sino a mezclas de sustancias que pueden multiplicar su efecto negativo. Además, hay periodos de exposición (por ejemplo desarrollo fetal) en los que se es más sensible a la exposición a tóxicos y que hay grupos de población más vulnerables que otros (embarazadas, personas enfermas, niños y niñas, adolescentes). Tampoco tienen en cuenta que hay sustancias, como los disruptores endocrinos, para los que no existe un umbral de exposición seguro.

Las evaluaciones de riesgo de las sustancias son, por tanto, procesos complejos, lentos, costosos y subjetivos, que retrasan durante decenios la adopción de medidas para reducir la exposición de la población y el medio ambiente.

Para evitar esto, y asegurar una alta protección de la salud y el medio ambiente, la Unión Europea introdujo la normativa basada en las características peligrosas de las sustancias químicas, sobre todo para regular las sustancias más preocupantes (CMR, EDC) y los usos de las sustancias con más impacto sobre la población (juguetes o plaguicidas).

Objetivos del proceso

Para justificar la necesidad de cambiar la normativa, la Comisión ha iniciado un proceso de consulta pública y ha encargado a una consultora un estudio que identifique y avale los cambios normativos necesarios. En principio el proceso está abierto a la participación de todas las partes interesadas por igual. Sin embargo, las principales organizaciones ecologistas europeas han denunciado que el proceso es tendencioso y responde a los intereses de la industria química, como refleja la carta enviada a Franz Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea.

Contraviniendo sus propias normas internas, la Comisión ha establecido el marco de esta revisión sin consultar a todas las partes interesadas. Las preguntas de la consulta pública y los casos de estudio son tendenciosos, dirigidos básicamente a recoger las quejas de los fabricantes de productos químicos sobre los costes que suponen cumplir con la normativa y sus propuestas.

Aún no está muy claro las modificaciones concretas que persiguen. Parece que no buscan cambios importantes en los textos legales que requerirían un largo proceso de aprobación por las distintas instituciones europeas. Al igual que con el TTIP, persiguen debilitar la normativa a través de la ’letra pequeña’, modificando anexos, exenciones, derogaciones, etc., a través de actos delegados, que solo requieren acuerdos en comités técnicos.

Un objetivo parece ser dinamitar el reglamento de plaguicidas (EC)1107/2009 estableciendo la posibilidad de exenciones a la prohibición de sustancias CMR o disruptores endocrinos en base a evaluaciones de riesgo. Otros temas en el punto de mira de la industria son debilitar los criterios de clasificación de las sustancias peligrosas, las obligaciones de información a consumidores y trabajadores y los criterios para cumplir con la normativa sobre accidentes graves.

El proceso acaba de empezar y coincide con otros procesos que requieren la atención de organizaciones sociales y autoridades, como el TTIP, la regulación de disruptores endocrinos, la revisión del Reglamento REACH y el desarrollo de la estrategia europea para un medio ambiente sin tóxicos.

La Comisión y la industria saben además que tanto las autoridades públicas como las organizaciones sociales no cuentan con recursos para poder participar adecuadamente en estos procesos. Por ello es más necesario que nunca que todas las partes interesadas en la protección de la salud y el medio ambiente frente a los riesgos de las sustancias químicas estén alertas y denuncien estos procesos.

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