Ecologistas en Acción exige a al Gobierno, así como a las comunidades de Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Baleares que muevan todos los trámites necesarios para abrir una investigación que permita descubrir los responsables del robo de más de 500.000 toneladas de atún rojo de los últimos 15 años.

Ecologistas en Acción denuncia que si la administración no promueve esta iniciativa. Estas administraciones serán responsables de la paulatina desaparición de la pesca artesanal entorno a la especie.

Hace ya tres meses, Ecologistas en Acción envió una carta al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino solicitando una moratoria de pesca de atún rojo (Thunnus thynnus) y denunciando la pésima gestión y la pesca ilegal, además de informes negligentes, fraude y una falta de respeto hacia la ciencia, que han resultado en una disminución estimada de hasta el 85% de las poblaciones de esta especie desde 1970.

Ahora, Ecologistas en Acción vuelve a insistir en que en los últimos 15 años, las capturas ilegales de Atún Rojo han superado las 500.000 toneladas, lo que ha movido un volumen de negocio entorno a los 4.000 millones de dólares estadounidenses, según el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Así mismo, las investigaciones realizadas por Pew Environment Group son alarmantes, ya que se estima que el 50% de los desembarques de atún en el Mediterráneo –así como de pez espada- provienen de la pesca ilegal. Lo que demuestra una clara ausencia de medios adecuados de control sobre esta actividad pesquera, así como el incumplimiento sistemático del plan de recuperación de la ICCAT.

Con la ciberacción lanzada el 23 de marzo, Ecologistas en Acción se reitera en solicitar de nuevo que se abra una investigación sobre el saqueo de estos peces (no olvidemos que se trata de un recurso público), con el fin de encontrar a los culpables de la sobrexplotación de la especie y en gran medida de la crisis en la que se encuentra nuestra flota pesquera artesanal y esperando que los responsables subsanen los daños causados por el delito de pesca ilegal.