El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial. El plazo concedido para informar de las medidas adoptadas es de quince días y el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal.

El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal concedido para que la Comunidad de Madrid cumpliera de forma voluntaria con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo sobre el desdoblamiento de la carretera M-501. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la sentencia, el pasado 2 de julio Ecologistas en Acción, solicitó la ejecución forzosa.

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante acuerdo de 15 de julio de 2011, notificado a Ecologistas en Acción el 26 de julio de 2011, ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501 e insta a la restitución de los terrenos a su estado inicial.

El plazo para que la Comunidad de Madrid informe al Tribunal Superior de Justicia de las medidas adoptadas es de quince días (plazo que cumplirá a mediados del mes de septiembre al considerarse inhábil el mes de agosto). A partir de ese momento, el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar, previo apercibimiento del secretario judicial y audiencia de las partes, la adopción de medidas necesarias para su efectividad, multas coercitivas para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, así como derivar en responsabilidad penal. Así consta en el acuerdo tomado por el Tribunal.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y espera que la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación. Este acuerdo judicial deja en evidencia la falsedad de las declaraciones de algunos responsables políticos del Gobierno Regional, entre ellos el vicepresidente primero Ignacio González, el ex vicepresidente segundo Francisco Granados y el ex consejero de transportes José Ignacio Echeverría que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia.