- CaixaBank arrasa el planeta
- Denunciados por CaixaBank se reafirman en sus acusaciones
- CaixaBank acusa penalmente por denunciar sus actividades destructivas
Cuatro de los ocho activistas de Ecologistas en Acción denunciados por CaixaBank por el despliegue de tres pancartas en su sede central de Barcelona declararon hoy disfrazados de Rosa Parks, Wangari Maathai, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela para defender la legitimidad de las acciones de desobediencia civil contra leyes injustas.
Rosa Parks desobedeció las leyes que le impedían sentarse en un autobús junto a personas blancas. Wangari Maathai ganó el Premio Nobel por su contribución al movimiento de desobediencia civil caracterizado por abrazarse a los árboles. Mahatma Gandhi desobedeció las leyes coloniales británicas en su lucha por una India libre. Nelson Mandela pasó numerosos años en la cárcel por sus acciones de desobediencia civil contra el Apartheid.
Todas estas personas, y muchas otras, han sido las que han contribuido decisivamente al avance hacia un mundo más justo y sostenible. Todas ellas son sobradamente reconocidas social y políticamente ahora, pero fueron fuertemente denostadas en muchos círculos políticos y jurídicos cuando realizaron sus acciones ilegales de desobediencia civil.
Del mismo modo, pero salvando las distancias los cuatro activistas realizaron, junto a decenas de personas, el pasado diciembre un acto de desobediencia civil organizado por Ecologistas en Acción. En él que denunció que CaixaBank es corresponsable de: el cambio climático, la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo, la enajenación de bienes públicos, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, como se explica en más detalle aquí.
La acción consistió en el despliegue de tres pancartas en la sede central del banco en Barcelona, para lo cual accedieron a la escalera de incendios, mientras otros/as compañeros/as se subían al voladizo de la entrada principal y decenas de activistas arropaban la acción desde la acera.
CaixaBank, haciendo honor a su imagen social comprometida, ha acusado penalmente a los ocho activistas que penetraron en la sede central del banco.
En su declaración los activistas han recalcado la diferencia entre legalidad y legitimidad. Ellos desobedecieron la ley al entrar en un espacio privado, sin embargo no realizaron una acción ilegítima, sino todo lo contrario. Argumentaron que consideran una obligación moral luchar por medios pacíficos para tener un mundo sostenible y justo. Además, recalcaron que la responsabilidad de CaixaBank en la destrucción social y ambiental está sobradamente probada. Por ello la organización ecologista solicita el archivo de la causa.
Los activistas, así como en su conjunto Ecologistas en Acción, se sienten herederos de la rica experiencia de desobediencia civil extendida por todo el mundo. Por ello han acudido hoy al juzgado disfrazados de presos y con las caretas de Rosa Parks, Wangari Maathai, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Lo que pide CaixaBank es la condena de personas que, salvando las distancias, realizaron acciones similares a las de estos iconos sociales.
Esta declaración se enmarca en unas semanas de fuerte represión a los movimientos sociales. Ecologistas en Acción se solidariza y pide la libertad sin cargos de Laura Gómez, secretaria de organización de CGT en Barcelona, que fue detenida el 24 de abril y permanece en prisión preventiva con cargos que suponen hasta 20 años de cárcel. Su delito fue participar el 29M en una acción frente a la Bolsa de Barcelona en la que se quemó de forma controlada una caja de cartón con papeles dentro, una performance que simbolizaba la quema de dinero.
También solicita el archivo de la causa de José Antonio J.O. y José Javier E.M., delegados de UGT y CC OO en la planta de Seat Martorell, por su participación en un piquete durante la huelga del 29M.
Del mismo modo, la organización ecologista pide el archivo de las causas abiertas a los/as activistas que paralizaron, por unos pocos minutos, 13 vagones del Metro de Madrid cuando estaban detenidos en la estación en una acción simbólica contra el alza del precio del transporte público.
Por último, la organización ecologista declara que seguirá participando en acciones de desobediencia civil y de denuncia. La próxima a la que se suma son las movilizaciones 12M15M que tendrán lugar a nivel mundial.
26 de abril de 2012
Ayer empezaron a declarar los ocho imputados de Ecologistas en Acción por realizar una acción directa noviolenta en la sede central de CaixaBank denunciado sus actividades. En la declaración ante el juez los ecologistas denunciaron las actividades de destrucción ambiental y social de CaixaBank por su responsabilidad en el fomento del boom inmobiliario y en las políticas de Repsol y Agbar.
La acción por la que se inicia el juicio tuvo lugar el pasado diciembre y consistió en el despliegue de tres pancartas en la fachada de la sede central de CaixaBank, en Barcelona.
En sus declaraciones al juez, los activistas señalaron que CaixaBank es el accionista de referencia de Repsol. Los impactos sociales y ambientales de las actividades de la petrolera han sido ampliamente denunciados por Ecologistas en Acción. Sin ir más lejos, al calor de la polémica por la nacionalización, como culminación del Congreso Confederal de YPF, la organización ecologista señala la responsabilidad de la petrolera en el calentamiento global (mayor que la del Estado español en su conjunto), su actividad contaminante en parques nacionales (como la Reserva de la Biosfera Yasuní, en Ecuador), su destrucción de puestos de trabajo (miles de puestos de trabajo en plantilla tras la privatización de YPF), su apuesta por los proyectos más contaminantes y peligrosos (como la fractura hidráulica en Vaca Muerta, Argentina, o las prospecciones en frente al Delta del Ebro, en aguas ultraprofundas en Canarias y la costa carioca) o su evasión de impuestos (a través de las 13 filiales que posee en paraísos fiscales). De todo ello es corresponsable CaixaBank.
Además, el banco con sede en Barcelona, es el segundo accionista de Agbar, uno de los principales impulsores de los procesos de privatización del agua en nuestro Estado y en América Latina. El 90% de la gestión privada del agua en ciudades españolas está en manos de Agbar o de FCC. Esta privatización ha generado una disminución de la calidad del servicio, con un aumento de las tarifas allí donde se ha llevado. Un ejemplo del funcionamiento de Agbar es que en 2010 despidió a 194 trabajadores/as y, paralelamente, repartió 90 millones de euros en dividendos y compraba la Torre Agbar, por valor de 165 millones de euros.
Casos similares son los de Gas Natural – Fenosa o Abertis, en los cuales CaixaBank también es un accionista fundamental y corresponsable de las vulneraciones de derechos sociales y ambientales de estas multinacionales.
Los activistas también denunciaron a CaixaBank por sus actividades inmobiliarias y su responsabilidad en la destrucción ambiental que produjo el boom urbanístico. Un boom que, como es bien sabido, está detrás de la crisis económica actual. Un dato que ilustra las tremendas inversiones especulativas en ladrillo de CaixaBank es que el pasado jueves anunció que aprovisionaba casi 2.500 millones de euros para su cartera de crédito inmobiliario, esa que no puede vender fruto de la crisis.
Por último, los ecologistas también denunciaron que, a pesar de todo esto, CaixaBank está recibiendo generosas ayudas públicas para su expansión, con las que se ha convertido en el primer banco del Estado español con 342.618 millones de euros en activos, por delante del BBVA y del Santander. Tal es el caso de su reciente adquisición de Banca Cívica, que había recibido 977 millones de euros de ayudas públicas. Unas ayudas que contrastan con los fuertes recortes en los temas ambientales en los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, Ecologistas en Acción denuncia que a CaixaBank no se le exigen responsabilidades por su contribución al cambio climático, la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo, la enajenación de bienes públicos, la pérdida de biodiversidad, o la contaminación ambiental, sino que, además, se le premia con ayudas públicas. Esto contrasta fuertemente con que ocho activistas de la organización se enfrenten a penas de prisión por desplegar de forma pacífica tres pancartas denunciando estos hechos, una actuación no violenta que apoya toda la organización, que participó de forma masiva con una concentración en la calle, mientras se desplegaban las pancartas.
Ecologistas en Acción afirma que seguirá luchando por que se haga justicia, en lo ambiental y en lo social. También pide que se archive esta causa. Si los Juzgados no imparten justicia, la organización continuará realizando las acciones pacíficas de desobediencia civil que considere más adecuadas para que así sea.
24 de abril de 2012
El próximo 25 de abril empiezan a tomar declaración a varios activistas de Ecologistas en Acción que realizaron una acción directa noviolenta en la sede central de CaixaBank el pasado diciembre. Están imputados por entrar en una propiedad privada.
El pasado 4 de diciembre, como culminación del Congreso Confederal de Ecologistas en Acción celebrado en Barcelona, ocho activistas accedieron a la escalera de incendios de la sede central de CaixaBank en la Avenida Diagonal y colocaron varias pancartas reivindicativas, con los textos “La Caixa arrasa el planeta”, “Justicia social i ambiental” y “Allibera’t de la banca”. En el exterior contaron con el apoyo de unas doscientas personas. La acción terminó con la identificación de estas ocho personas y su desalojo por los Mossos d’ Esquadra sin mayores incidentes.
La acción simbólica y pacífica pretendía denunciar públicamente, y ante los medios de comunicación convocados, la política económica, social y ambiental de CaixBank y otras entidades financieras y económicas en las que participa.
El Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, que recibió la denuncia, decidió decretar el Sobreseimiento provisional “por no estar debidamente justificada la comisión de un delito”. Sin embargo, CaixaBank decidió recurrirlo para perseguir penalmente a l@s activistas que participaron más directamente en la acción.
Ahora, ocho personas han sido citadas a declarar sobre estos hechos en los Juzgados de su domicilio en Gavà (Barcelona), Madrid, Getafe (Madrid) y Cádiz, imputadas por un presunto delito de “allanamiento de despacho o edificio”. La primera de ellas lo hará el próximo 25 de abril en Getafe.
La confederación de Ecologistas en Acción quiere mostrar su plena solidaridad con las personas imputadas (varias de ellas pertenecientes a su Secretaría Confederal, su órgano de coordinación permanente), por considerar que no es delictivo expresar pacíficamente unas ideas. La organización reitera sus críticas a las agresiones medioambientales en que participa CaixaBank y considera que esta denuncia viene a demostrar un talante antidemocrático frente a la crítica ideológica y contrario a la libertad de expresión.
El inicio de las declaraciones de los activistas de Ecologistas en Acción coincide con los anuncios de reforma del Código Penal por parte del Gobierno. Una reforma encaminada, entre otras cosas, a aumentar las penas sobre acciones de desobediencia civil pacífica como la realizada por el colectivo ecologista. Por ello, la organización vuelve a denunciar la criminalización de la protesta social que está realizando el PP.
En cambio el Gobierno pone en funcionamiento toda su maquinaria para defender los intereses privados de CaixaBank, por ejemplo en su defensa de Repsol (donde el banco es el accionista de referencia). Con ello muestra que, en lugar de defender a la ciudadanía que teóricamente representa, trabaja para las grandes multinacionales.
Ecologistas en Acción afirma que seguirá luchando por que se haga justicia, en lo ambiental y en lo social. También pide que se archive esta causa. Si los Juzgados no imparten justicia, la organización continuará realizando las acciones pacíficas de desobediencia civil que considere más adecuadas para que así sea.