Ecologistas en Acción recurre ante Medio Ambiente una instalación de subproductos animales en esta zona protegida y denunciará el caso ante los juzgados y Comisión Europea si no hay una rectificación inmediata.

El pasado 17 de agosto la Consejería competente en Medio Ambiente de la Junta de Andalucía procedía a aprobar la ampliación de las instalaciones de DASY Organización S.L. mediante Autorización Ambiental Integrada (AAI). Una empresa sucia perteneciente al grupo PGG, cuyo presidente, José María Gimeno, fue en 2003 condenado a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación especial en Cataluña por delito medioambiental. Este industrial pretende hacerse con el negocio a escala peninsular de dos líneas de productos: por un lado la elaboración de harinas cárnicas para mascotas y piensos de piscifactorías asiáticas y sudamericanas muy contaminantes, y por otro, la incineración de partes animales consideradas de riesgo con destino a la incineración o a convertirse en combustible barato, aunque muy peligroso por su toxicidad, en cementeras andaluzas.

En Osuna, las prácticas de esta empresa siguen el mismo patrón que en el resto del país: instalaciones en suelos no urbanizables, con emisiones atmosféricas pestilentes y vertidos de aguas y lodos de proceso a cauces públicos o de carga realizados por los vehículos de transporte, sin embargo, lejos del ejemplo catalán, las administraciones y fiscalía andaluzas responsables del medio ambiente y las aguas continentales nunca han ido más allá de incoar algunos expedientes sancionadores, con escasísimas multas siempre rentables para la empresa.

La novedad en estos momentos es que pretende ampliarse el negocio de la incineración de residuos peligrosos amparado en la nefasta política energética y de residuos de la Junta de Andalucía. Para ello se pretende construir una nueva planta de harinas (categoría C3) y sustituir la antigua por una de categoría C1 (materiales de riesgo) que se añadiría a la ya existente de este tipo. Pero hay que advertir que la combustión de ambas categorías emitirá compuestos orgánicos volátiles (COV), dioxinas, furanos y metales pesados que no son susceptibles de ser atrapados por ningún sistema de seguridad en las chimeneas de las instalaciones de DASY o las cementeras, y que no existen dosis mínimas de inhalación seguras.

Se hace de esta forma negocio con el cáncer de la población y la contaminación de la vida silvestre en una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000 europea. Un proyecto completamente incompatible con esta figura de protección natural y con las leyes ambientales más básicas (sistemáticamente vulneradas en la autorización) y ubicado en una de las zonas más importantes de reproducción de especies de aves esteparias como la avutarda (Otis tarda), en Peligro Crítico de Extinción en Andalucía.

Para Ecologistas en Acción, es claro que una empresa con numerosos antecedentes contaminantes como DASY Org. ha podido seguir funcionando estos años al estar participada por la propia Junta de Andalucía en un 30%, que incluso ha llegado a otorgar subvenciones de difícil justificación por valor de cientos de miles de euros y contratos por servicios de varios millones. También por el apoyo del Ayuntamiento de Osuna, caracterizado por un desprecio al espacio protegido que incluye apertura de pozos ilegales e iniciativas empresariales incompatibles con el mismo, rehusando crear empleo e industrias sostenibles que podrían verse favorecidas por el respaldo europeo a Red Natura 2000.

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado numerosas alegaciones a la autorización dadas las constantes irregularidades en una evaluación ambiental que vulnera la ley de Vías Pecuarias, la ley de Patrimonio Natural, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Evaluación Ambiental, el Plan de Recuperación de Aves Esteparias o el propio Decreto regulador del espacio, fragmentando en dos autorizaciones el conjunto de las instalaciones, omitiendo la mayor parte de los focos y sustancias de emisiones atmosféricas, careciendo de estudios serios de avifauna, de las preceptivas alternativas a su ubicación, de los efectos acumulativos con otros proyectos y de un largo etcétera.

Se presentarán nuevos recursos a la resolución administrativa antes de iniciar acciones legales en los juzgados de Sevilla y denunciar la vulneración del Derecho europeo en Bruselas que prevé incluir la deficiente gestión administrativa de la ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y otros proyectos llevados a cabo en la misma.

Ecologistas en Acción exige una política de residuos que no contemple la incineración (es posible su compostaje) y la rigurosidad exigible en la gestión de todos los espacios protegidos.