Ecologistas en Acción denuncia que el gobierno use argumentos ambientales para justificar el nuevo conflicto con Gibraltar ya que considera que importantes problemas ambientales como el «bunkering» sigue sin corregirse.

El bunkering debe ser definitivamente prohibido: es potencialmente un peligro inaceptable que se permita suministrar combustible libre de impuestos desde buques nodriza anclados en la bahía de Algeciras a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar. Un negocio en el que el mismo ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha tenido intereses por ser durante un tiempo el presidente de una de las compañías, Petrolífera Ducar S.L. firma dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques, con base en Ceuta.

Ante la polémica creada en torno al lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas que rodean el peñón de Gibraltar, hay que decir que se trata de una práctica habitual en el litoral peninsular y se ha hecho en distintas zonas de Andalucía para crear arrecifes artificiales que regeneren el fondo marino y los caladeros locales, además de impedir la pesca de arrastre que es agresiva para la conservación del fondo marino. Por esto los bloque no son los detonantes reales del conflicto, aunque la forma y el sitio escogidos por las autoridades de Gibraltar no hayan sido negociados.

El LIC (Lugar de Interés Comunitario) que protege las aguas de la Bahía de Algeciras tiene que garantizar que se practica una pesca sostenible.
Otra práctica intolerable ha sido la retirada masiva de arena de la duna de Valdevaqueros para la construcción de un relleno en la costa oriental de Gibraltar: una acción ilegal con severos impactos ambientales.

Ecologistas en Acción solicita sensatez y respeto en el conflicto.

Sensatez a las partes en conflicto para que no manipulen sentimientos ni encubran intereses bajo el manto de la soberanía. Respeto no solo para las personas atrapadas en la frontera, sino también para un medio ambiente en peligro. Para la gestión de Gibraltar, independientemente de lo que dijera el tratado de Utrecht, es necesario alcanzar un acuerdo entre Gran Bretaña, los llanitos y España. No se pueden usar a los trabajadores y visitantes como rehenes de los conflictos de la frontera.

Por encima de la pertenencia de la Roca a uno u otro país, está la imperiosa necesidad de proceder a una desmilitarización y desnuclearización urgentes, de forma que ni el armamento ni los submarinos de propulsión nuclear amenacen al Campo de Gibraltar.

Gibraltar no será un paraíso fiscal, pero sí es un limbo fiscal, donde se blanquean fortunas y se practica un mercantilismo vergonzoso. Los privilegios fiscales no pueden amparar conductas ilícitas. La descontaminación de la Bahía de Algeciras es también un asunto de los gibraltareños: el estudio epidemiológico y un genuino plan de calidad del Campo de Gibraltar ha de contar son su participación.

El Medio Ambiente debe defenderse al margen de banderas y rencillas políticas. No debe en ningún caso convertirse en un arma arrojadiza entre países, ni ser utilizado como cortina de humo para desviar la atención de urgentes problemas ambientales, políticos, económicos y sociales que afectan a toda la población de la Bahía de Algeciras.