Yasuní: carta abierta a Rafael Correa

Carta abierta

Una decena de organizaciones se han dirigido al presidente de Ecuador, Rafael Correa para rechazar la explotación de reservas de petróleo en el Yasuní-ITT .

Carta abierta al Presidente de Ecuador Rafael Correa

En una carta, que se entrega hoy en la Embajada de Ecuador en Madrid, los grupos responden a los argumentos defendidos para la explotación y expresan su decepción ante una apuesta que contradice la defensa del “buen vivir”. Los gobiernos europeos tienen una gran deuda ecológica, reconocen las firmantes, pero eso no exime al ecuatoriano de responsabilidad.

ASPA, Ecologistas en Acción, En Lucha, Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos, ISF-Madrid, ISF-Catalunya, Izquierda Anticapitalista, ODG, Sodepaz-Balamil y Veterinarios sin Fronteras figuran como firmantes de una carta escrita en coordinación con grupos ecuatorianos.

En la misiva destacan que cualquier futuro accidente afectará a amplias partes del Parque Nacional Yasuní ya que es un humedal. Esto será inevitable, pues no existe ninguna tecnología segura, como han mostrado los repetidos accidentes petroleros. Una empresa española, Repsol, ya está operando en el Yasuní, dónde ya ha provocado derrames.

Las organizaciones firmantes de la carta recuerdan que en el bloque ITT hay poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Además, algunas de las poblaciones indígenas del Yasuní son pueblos semi-nómadas que hacen una utilización extensiva de su territorio y entran en el ITT. De este modo, las prospecciones en el Yasuní estarían en contra de la Constitución Ecuatoriana que, en el artículo 57, afirma: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. (…) La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

Rafael Correa ha sostenido que los recursos del petróleo son necesarios para el desarrollo de Ecuador. Sin embargo, en su carrera política ha hecho bandera de la defensa del buen vivir, un concepto que es referencia en todo el planeta. Medidas como la explotación del ITT nada tienen que ver con la promoción del buen vivir, sino con una política desarrollista que, una vez más, explota a la naturaleza y a las poblaciones indígenas.

En lo que sí dan las organizaciones toda la razón al Gobierno ecuatoriano es en su denuncia de la falta de asunción de sus responsabilidades por parte de los Gobiernos europeos, entre ellos el español, respecto a la deuda ecológica que tenemos contraída con América Latina. En este sentido, recalcan que su postura no es insolidaria pidiendo que se haga en Ecuador algo distinto de lo que piden aquí, pues estos colectivos están involucrados en luchas similares: oposición a la extracción de gas mediante fractura hidráulica o de petróleo de aguas ultraprofundas. Es más, a diferencia de lo que consideran justo en Ecuador, en el Estado español se deben dejar bajo tierra los combustibles fósiles sin ninguna compensación económica.

Finalmente, las organizaciones consideran que no es Ecuador quien más tiene que hacer en la lucha contra el cambio climático y un nuevo modelo energético, sino los territorios que han tenido un mayor consumo energético histórico, entre los que destaca claramente la UE. Sin embargo, Ecuador también tiene responsabilidad en el avance hacia un mundo más habitable. A nivel mundial es imprescindible que dos tercios de las reservas mundiales de combustibles fósiles se dejen sin extraer para prevenir niveles catastróficos de cambio climático. En su lugar se debería invertir en el cambio del modelo y en fuentes renovables de energía.

Por todo ello los colectivos españoles se suman a la petición de las organizaciones ecuatorianas de realizar una consulta social vinculante sobre la explotación del ITT, a la que añaden la necesidad de que los Estados europeos, empezando por el español, asuman su deuda ecológica. En el mismo sentido, también apoyan a las organizaciones ecuatorianas en su solicitud de suspensión de otras iniciativas extractivas que se están dando en Ecuador.

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Para dejar el petróleo en la tierra es necesario cambiar de modelo energético

21 de agosto de 2013

Tras el anuncio de una mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador: Las autoridades ecuatorianas deben convocar una consulta popular y los países europeos asumir su deuda ecológica

La decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de permitir una mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní tendrá graves impactos para las poblaciones indígenas, el clima y sobre la biodiversidad. Por ello, Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) se solidarizan con las demandas de los movimientos sociales de Ecuador y del mundo que defienden la Iniciativa Yasuní-ITT y plantean alternativas al extractivismo así como la convocatoria de una consulta popular vinculante en Ecuador para decidir sobre este tema de enorme transcendencia.

La Iniciativa Yasuní-ITT (siglas que corresponden a los campos petroleros de Ishpingo Tiputini Tambococha) apuesta por dejar el petróleo en el subsuelo y conservar uno de los parques nacionales con mayor diversidad biológica ubicado en la Amazonía ecuatoriana. Exigía además una reparación por daños ecológicos a los países más contaminantes por valor de 2.700 millones de euros para evitar así la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

El Gobierno español y a la Unión Europea no han respaldado de manera decidida la iniciativa Yasuní-ITT, que podría haber permitido avanzar hacia la reparación de la deuda ecológica. Las sociedades industrializadas siguen en deuda con sociedades como la ecuatoriana, por la extracción y el consumo histórico de productos petrolíferos y las emisiones de gases de efecto invernadero que han provocado el cambio climático. El modelo energético de países como España causa sistemáticamente la violación de derechos humanos de poblaciones locales y la destrucción de infinitos lugares con alto valor ecológico en muchos países. Lo que ocurra en la selva del Yasuní no solo afecta a un país o una región, sino al conjunto del planeta, por lo que es necesario tomar decisiones a nivel global.

El caso Yasuní permite el debate sobre muchos problemas vinculados a la extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, dentro del área hay todavía pueblos indígenas que siguen decididos a mantener su aislamiento. Según los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cualquier gobierno y empresa están obligados a consultar a las poblaciones locales si autorizan cualquier megaproyecto extractivo en su territorio. También el Gobierno ecuatoriano está llamado a cumplir estas leyes internacionales.

Rafael Correa debe aprovechar esta oportunidad para demostrar que hay otras formas de hacer política, situando a Ecuador entre los países del mundo que deciden no explotar sus reservas petrolíferas con el fin de transitar hacia otros modelos económicos.

La Asamblea Nacional de Ecuador, en aplicación al Art. 407 de su Constitución y considerando que se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la explotación del crudo del ITT, también debería responder en derecho con la protección de la naturaleza y de los pueblos en aislamiento voluntario. Debería impulsar una consulta popular, porque un 92,7% de la población apoyaba la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra, según una encuesta realizada en junio del 2013.

En Ecuador existe una larga historia de daños gravísimos causados por diversas empresas del sector petrolero. En el caso del Parque Yasuní, Repsol opera en el Bloque 16, en medio de una Reserva de la Biosfera, provocando destrucción y contaminación. Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización aprovechan la ocasión para reiterar la demanda internacional que la empresa Repsol sea juzgada por múltiples violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en el Parque Yasuní y que abandone la actividad extractiva en la zona y en toda la Amazonía.

Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización seguirán reclamando una transformación socio-ecológica justa demandando que dos tercios de las reservas mundiales de combustibles fósiles se dejen bajo la tierra y el fondo del océano para prevenir niveles catastróficos de cambio climático.

Asimismo se debe prohibir las nuevas exploraciones y explotaciones de petróleo, arenas bituminosas, gas no convencional, carbón, uranio y gas natural, lo que implicaría la prohibición del fracking en España. En su lugar se debería invertir en el cambio del modelo y en fuentes renovables de energía como defiende la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, referente importante de las luchas energéticas en el Estado español.