Yasuní: carta abierta a Rafael Correa

 Carta abierta

Una decena de organizaciones se han dirigido al presidente de Ecuador, Rafael Correa para rechazar la explotación de reservas de petróleo en el Yasuní-ITT .

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Carta abierta al Presidente de Ecuador Rafael Correa

En una carta, que se entrega hoy en la Embajada de Ecuador en Madrid, los grupos responden a los argumentos defendidos para la explotación y expresan su decepción ante una apuesta que contradice la defensa del “buen vivir”. Los gobiernos europeos tienen una gran deuda ecológica, reconocen las firmantes, pero eso no exime al ecuatoriano de responsabilidad.

ASPA, Ecologistas en Acción, En Lucha, Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos, ISF-Madrid, ISF-Catalunya, Izquierda Anticapitalista, ODG, Sodepaz-Balamil y Veterinarios sin Fronteras figuran como firmantes de una carta escrita en coordinación con grupos ecuatorianos.

En la misiva destacan que cualquier futuro accidente afectará a amplias partes del Parque Nacional Yasuní ya que es un humedal. Esto será inevitable, pues no existe ninguna tecnología segura, como han mostrado los repetidos accidentes petroleros. Una empresa española, Repsol, ya está operando en el Yasuní, dónde ya ha provocado derrames.

Las organizaciones firmantes de la carta recuerdan que en el bloque ITT hay poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Además, algunas de las poblaciones indígenas del Yasuní son pueblos semi-nómadas que hacen una utilización extensiva de su territorio y entran en el ITT. De este modo, las prospecciones en el Yasuní estarían en contra de la Constitución Ecuatoriana que, en el artículo 57, afirma: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. (…) La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

Rafael Correa ha sostenido que los recursos del petróleo son necesarios para el desarrollo de Ecuador. Sin embargo, en su carrera política ha hecho bandera de la defensa del buen vivir, un concepto que es referencia en todo el planeta. Medidas como la explotación del ITT nada tienen que ver con la promoción del buen vivir, sino con una política desarrollista que, una vez más, explota a la naturaleza y a las poblaciones indígenas.

En lo que sí dan las organizaciones toda la razón al Gobierno ecuatoriano es en su denuncia de la falta de asunción de sus responsabilidades por parte de los Gobiernos europeos, entre ellos el español, respecto a la deuda ecológica que tenemos contraída con América Latina. En este sentido, recalcan que su postura no es insolidaria pidiendo que se haga en Ecuador algo distinto de lo que piden aquí, pues estos colectivos están involucrados en luchas similares: oposición a la extracción de gas mediante fractura hidráulica o de petróleo de aguas ultraprofundas. Es más, a diferencia de lo que consideran justo en Ecuador, en el Estado español se deben dejar bajo tierra los combustibles fósiles sin ninguna compensación económica.

Finalmente, las organizaciones consideran que no es Ecuador quien más tiene que hacer en la lucha contra el cambio climático y un nuevo modelo energético, sino los territorios que han tenido un mayor consumo energético histórico, entre los que destaca claramente la UE. Sin embargo, Ecuador también tiene responsabilidad en el avance hacia un mundo más habitable. A nivel mundial es imprescindible que dos tercios de las reservas mundiales de combustibles fósiles se dejen sin extraer para prevenir niveles catastróficos de cambio climático. En su lugar se debería invertir en el cambio del modelo y en fuentes renovables de energía.

Por todo ello los colectivos españoles se suman a la petición de las organizaciones ecuatorianas de realizar una consulta social vinculante sobre la explotación del ITT, a la que añaden la necesidad de que los Estados europeos, empezando por el español, asuman su deuda ecológica. En el mismo sentido, también apoyan a las organizaciones ecuatorianas en su solicitud de suspensión de otras iniciativas extractivas que se están dando en Ecuador.




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