El mundo rural se moviliza frente a la Ley Montoro

En las reuniones con representantes políticos se plantearon enmiendas y recursos de inconstitucionalidad ante una reforma que pone en peligro entidades menores y servicios y bienes comunales.

Representantes de pueblos, comarcas y plataformas rurales se reunieron para analizar el fuerte impacto de la “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local” en sus medios de vida. En las reuniones con representantes políticos se plantearon enmiendas a la totalidad y recursos de inconstitucionalidad para una reforma, conocida como Ley Montoro, que pone en cuestión el futuro de servicios y bienes de gestión comunal. Se lanzará una campaña para que ayuntamientos y mancomunidades aprueben mociones contra la ley y otras acciones en el medio rural.

La reforma, que pasó en el mes de julio por el Consejo de Ministros, puede llegar a afectar a 3.700 entidades locales menores (pedanías, juntas vecinales, etc) y 3 millones y medio de hectáreas de tierras comunales, el 8% de la superficie estatal total. Más de un millar de mancomunidades que prestan servicios también sufriría el impacto de una ley que utiliza la austeridad como argumento para la concentración y apunta a la racionalización como puerta de entrada a la privatización. Una tendencia que “hace aun más difícil la vida de los pueblos, a pesar de que el medio rural no es el problema sino la alternativa”, apuntaba Daniel López, de Ecologistas en Acción.

“La gestión austera ha sido siempre la de los pueblos”, apuntó en la misma dirección, Jesús María Albarrán, portavoz de las 75 Juntas Vecinales de Omaña, en la provincia de León. La ley Montoro, “para la que no han sido consultados los principales afectados”, ha logrado movilizar allí a la población, como muestra el corto documental proyectado durante la jornada, convocada por Plataforma Rural-Alianzas por un Mundo Rural Vivo.

Informe por la autonomía y la vida de nuestros pueblos

También se presentó una publicación, que recoge miradas y visiones en torno al futuro de los bienes y servicios comunales, el papel de las administraciones locales, el pasado de las luchas campesinas y el presente de las plataformas cívicas. Artículos como el del catedrático de la Universidad de Salamanca, Valentín Cabero, que apunta hacia una “desamortización encubierta”.

El temor a que esta reforma lleve a “hacer negocio con los comunales, hincar el diente a bosques, montes o agua”, como apuntó Albarrán, fue trasladado a los representantes políticos. En las reuniones con PP, PSOE, UPyD, CiU e Izquierda Plural se trasladó la alarma de la población rural ante una ley para la que no ha sido consultada. Son varias las formaciones que plantean la presentación de enmiendas a la totalidad y recursos de inconstitucionalidad para evitar su entrada en vigor.

Los representantes de juntas y plataformas quieren mantener la movilización también a nivel local. Municipios y mancomunidades serán llamados a presentar mociones contra la ley y se prepararán otras acciones descentralizadas de protesta.




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