La Federación provincial de Ecologistas en Acción ha presentado las alegaciones correspondientes a la modificación nº 34 del PGOU de Arahal, aprobada en pleno ordinario el pasado 26 de septiembre, y que pretende reducir y eliminar protecciones en el suelo no urbanizable, principalmente la de los cauces y suelos agrícolas.

HTML - 14.7 KB
Alegaciones a la aprobación inicial del PGOU

Esta modificación supone una vuelta de tuerca más a las intenciones del equipo de gobierno de legislar el urbanismo teniendo en cuenta solo los intereses particulares de aquellos que, no olvidemos, han cometido un delito al construir en suelo no urbanizable, en algunos casos de especial protección.

Ecologistas en Acción, como organización preocupada por el medio ambiente en su globalidad y en defensa de un modelo de desarrollo que posibilite el mantenimiento de los recursos naturales y el disfrute por parte de las generaciones futuras y en defensa de una mayor justicia social, considera esta forma de afrontar el problema del urbanismo ilegal acabará en fiasco y tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, ya que atenta contra el interés general de los ciudadanos.

Las urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico. Los impactos son evidentes: genera un modelo de ciudad extensiva e insostenible; agudiza los problemas de movilidad urbana; encarece los servicios públicos; incrementa los consumos de agua, y el agotamiento y la contaminación de los acuíferos; aumenta el riego de incendios intencionados; rotura la vegetación natural, fragmenta el paisaje y se pierde biodiversidad; se pierde definitivamente el patrimonio público que pasa de forma ilegal a las manos privadas; aparecen vertederos improvisados con basura y restos de obras, etc.

HTML - 14.6 KB
Modificacion nº34 del PGOU de Arahal

La modificación que propone el equipo de gobierno no justifica suficientemente la desprotección de los cauces y espacios agrícolas, sino que debe hacerlo de una manera especialmente reforzada. Es más, la protección de cauces ya tenía un ámbito mayor en las normas vigentes y unas determinaciones más proteccionistas, que ahora pretende dejar solo en lo que recoge la Ley de Aguas, pero que en realidad lo que hace es eliminarla utilizando como único argumento los problemas con los planos cartográficos.

Esta única tesis es un problema técnico que puede resolverse mediante su traslado a otros planos de menor escala respetando los criterios, determinaciones y delimitaciones de las normas urbanísticas vigentes. En todo caso, este argumento solo justificaría la modificación de la delimitación de las protecciones pero en ningún caso su eliminación.

Además, en la intervención del Concejal de Urbanismo en el pleno de aprobación de dicha modificación, argumentó que las protecciones existentes desde el año 1994, según los técnicos municipales y de la Administración Autonómica, carecían de sentido y que además eran incompatibles con la legislación urbanística, por ello no debían mantenerse protegidos, como el caso de las protecciones agrícolas. Pero resulta que las normas urbanísticas son documentos rígidos que no dejan nada al azar y es ilógico pensar que aquí se protegieron determinados espacios por el capricho del equipo redactor de las normas subsidiarias.

Las protecciones de los cauces están debidamente justificadas como así aparece de una forma inusualmente detallada y precisa en las normas de 1994. Y además, desde nuestro punto de vista, las protecciones urbanísticas se definen como áreas de destacados valores ecológicos, productivos, paisajísticos y culturales, que deben ser objeto de una protección específica que tienda a defender y potenciar los valores que originaron su clasificación como tal, como así se entienden a los hidrosistemas fluviales.

Y con respecto a los suelos de especial protección agrícolas, la justificación para eliminarlos es muy laxa: un examen visual y planos temáticos. Sin embargo, la modificación no analiza el origen de cada una de ellas, la evolución del uso y características de esos suelos a lo largo del tiempo, la pormenorización de cada uno de ellos, la eventual desaparición de los valores protegidos y sus causas, etc.

Tenemos que volver a recordarle al equipo de gobierno que la eliminación de una protección exige una especial justificación, por cuanto es una decisión reglada que se escapa de la libre decisión del planificador. Y en este caso debe acreditarse que los valores que sirvieron para su protección no existían en el momento que se hizo o han desaparecido como consecuencia de la evolución natural, no pudiendo servir de justificación que esos valores se hayan perdido como consecuencia de no haberse protegido eficazmente. Estos argumentos, además, se acreditan con la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por lo tanto, solo hay un camino para legislar en urbanismo, hacer cumplir escrupulosamente las leyes y no hacer políticas populistas que lleven a premiar al infractor con amnistías encubiertas, porque no olvidemos que los costes económicos de una posible legalización lo tendremos que abordar entre todos, ya que ningún ayuntamiento que “consintió” la ilegalidad va a ser inflexible con los parcelistas. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en otras localidades andaluzas, y hasta lo que dice la Fiscalía, que estos colectivos se han conformado en “auténticos lobbies o grupos de poder” que están logrando en algunos casos “imponer la línea a seguir en los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística”.

Ecologistas en Acción seguirá velando por el interés general y exigiendo a las Administraciones implicadas la retirada de esta modificación de normas por suponer una auténtica barbaridad desde el punto de vista ambiental, económico y social, y cuyas consecuencias traerán el desgobierno territorial a Arahal.