Pacto social por el agua pública

Ecologistas en Acción se suma al Pacto social por el agua pública que se ha presentado el día 3 de octubre en Murcia en las jornadas #Remunicipalización: Hacia un pacto por el agua pública y transparente.

Los próximos días 15 y 16 el Pacto social se presentará en Bruselas en una delegación de Ekologistak Martxan, que tiene como eje central exigir la desconexión del embalse de Oiola del abastecimiento por el riesgo de contaminación de lindano.

Más información de la iniciativa en http://www.iniciativagua2015.org/

Pacto social del agua

Pacto social por el agua pública

Ante la ciudadanía de xxxx, quienes abajo firman, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones vecinales y sociales, sindicatos, fundaciones, representantes de partidos políticos y demás entidades relacionadas, hacen público su compromiso por una gestión pública, integrada y participativa del ciclo urbano del agua en xxxx, y se comprometen a cumplir y hacer cumplir los siguientes principios fundamentales, así como las tareas que de ellos se deriven, para que esa gestión pública (y otras formas de gestión basadas en el empoderamiento ciudadano reconociendo su derecho a decidir ) y participativa sea real y efectiva:

1) Consideramos que el derecho al agua es un derecho humano universal esencial. La disponibilidad y el acceso individual y colectivo al agua potable tienen que ser garantizados en cuanto derechos inalienables e inviolables de las personas, teniendo en cuenta la calidad de la misma para la captación del agua de producción para el consumo humano y el cumplimiento de todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua, así como las listas de sustancias prioritarias peligrosas, peligrosas y persistentes. El agua es un bien finito indispensable para la vida de todos los seres humanos y tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los principios de igualdad, equidad y no discriminación.

En consecuencia, respaldamos la resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NN UU, y sin ningún voto en contra, por la cual se reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

En aplicación del derecho humano al agua, implementaremos la gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias. Para ello, garantizaremos una dotación mínima –cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial está entre 60 y 100 litros por persona y día- y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente (asequibilidad económica).

2) Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.

3) Se fomentará la colaboración en programas de cooperación en materia de recursos hídricos, apoyando a operadores públicos de los países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-público, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.

4) Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio urbano así como el uso eficiente de la energía.

En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada que permita tener una visión de conjunto de los servicios prestados así como de los ecosistemas implicados de donde se toma y vierte el agua de abastecimiento y saneamiento.

5) Consideramos que el agua, los ríos, los acuíferos, lagos y humedales son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad, cuyo relevante valor ambiental, paisajístico, científico, social o cultural las administraciones públicas tienen la obligación de preservar y proteger. En este sentido, exigimos a los gobiernos municipales que consideren a los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

Creemos que desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión comunitaria, se pueden y se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y compromiso y responsabilidad de los trabajadores que prestan estos servicios, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.

Por ello, declaramos expresamente que, con independencia del ente público o comunitario que asuma la gestión del ciclo integral del agua de XXXX (servicios municipales, patronato, ente público empresarial, sociedad anónima, cooperativa de consumidores, etc.), velaremos porque la titularidad del mismo sea siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado.

6) Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evitarse que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los trabajadores. El Ayuntamiento, actuando en colaboración con las organizaciones sindicales, deberá tomar las medidas oportunas para garantizar, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas, condiciones de calidad, seguridad y estabilidad en los empleos. Deberán estar garantizados los derechos laborales de los trabajadores que participan en la gestión del ciclo urbano del agua. Se proveerán los mecanismos necesarios para que los trabajadores participen en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio. Será una prioridad la garantía de los puestos de trabajo del personal procedente de la antigua empresa privada (o mixta) en el nuevo servicio público desprivatizado.

7) Velaremos porque el Ayuntamiento ejerza la responsabilidad que tiene en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, desde tres ámbitos diferentes:

  • Medioambiental: Preservando la calidad y la conservación de los ecosistemas que son la fuente de suministro, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las aguas superficiales y subterráneas, que nos marquen la idoneidad del agua para declarar un punto como apto para la captación de agua para el consumo humano; asegurando que se utiliza el mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades de la ciudad; realizando programas de prevención de la contaminación, basados tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de sensibilización y formación; minimizando el efecto de los vertidos a cauce público; valorando y respetando la red de drenaje natural como un recurso del territorio urbano y metropolitano; compensando y remediando las afecciones medioambientales mediante planes de acción, tanto antes de la captación como después de su uso, poniendo una atención especial en las listas de sustancias prioritarias peligrosas y persistentes.
  • Económica. Repercutiendo el coste real de la prestación de los servicios a los usuarios del servicio; y aplicando tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica, equidad, eficiencia, sencillez y transparencia. Penalizando los elevados consumos a través de una tarifa por bloques progresiva. Planificando y realizando las inversiones necesarias para que el agua llegue a los usuarios en las mejores condiciones, de acuerdo con las normativas aplicables en cada momento; se controlen y minimicen las pérdidas en las redes de suministro y saneamiento; se promueva la gestión diferencial de la calidad del agua y se adecue, por tanto, la calidad del agua al uso a que se destine en cada caso; y se traten todas las aguas captadas por la red de colectores municipales antes de ser vertidas a cauce natural, minimizando el efecto de los vertidos al cauce público. Todo ello intentando utilizar las tecnologías más eficientes disponibles.

8) Velaremos porque todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento que se apliquen a los usuarios, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio, vinculados al ciclo integral del agua, se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.

9) Entendemos, no obstante, que no basta garantizar la gestión pública, sino que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, transpuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

Por ello, apostamos por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a los ciudadanos.

Velaremos para que se asegure el acceso de todos los ciudadanos a la información básica de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, mediante varios mecanismos:

- Estableciendo una batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, medioambientales, patrimoniales), accesibles por vía telemática, que sean comprensibles para los ciudadanos.

- Dando publicidad a todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del ente gestor, así como a las condiciones de prestación de los servicios contratados con terceros.

- Estableciendo un Consejo Social integrado en el propio ente gestor –emulando el modelo de la ciudad de Paris- con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por diversos actores de la sociedad civil y se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en asamblea general. Representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.

- Poniendo los medios necesarios que faciliten a los ciudadanos la realización de consultas públicas, solicitud de información y presentación de reclamaciones

10) En fechas recientes, la sociedad civil hizo un llamamiento a todos los operadores públicos de agua a salir de las asociaciones de operadores EUREAU [1], AEAS [2] y sus filiales regionales, como ASA [3] en Andalucía y ASAC [4] en Cataluña, por obstaculizar el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento por parte del Parlamento Europeo [5]. En este sentido, el ente que preste el servicio de gestión municipal deberá abrirse a la cooperación con organizaciones de operadores públicos, como la asociación Aqua Pública Europea, y contemplar la posibilidad de ser miembro activo de su homóloga estatal, la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que promocionan de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua.

11) Nos comprometemos a impulsar campañas de fomento del agua de “grifo” y a reducir el consumo del agua en botella, y los impactos ecológicos relacionados, a través de:

- Iniciativas de información públicas de consumo de agua de grifo y de buenos hábitos en el uso del agua
- Fortalecimiento de los esfuerzos para garantizar la calidad del agua
- Utilización del agua del grifo en centros públicos
- Creación de una importante red de fuentes publicas de agua potable

12) Finalmente, nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas municipales vigentes (reglamentos, ordenanzas, etc.) se adapten a los compromisos del presente pacto, especialmente en todo lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua. Para ello, eliminaremos del reglamento municipal de abastecimiento y saneamiento, en caso de que lo prevea, las suspensiones de suministro por impago en los supuestos de incapacidad económica.

En ese sentido deberá especificarse en la norma correspondiente, que cualquier decisión que pudiera afectar a los principios aquí establecidos, como podría ser una eventual propuesta de privatización de este tipo de servicios, sea sometida a un amplio y profundo proceso de información pública que culmine en una Consulta Ciudadana con las garantías suficientes para que sus resultados fueran vinculantes, caso de alcanzarse un nivel de participación suficiente

En , a de 2014


agosto de 2017 :

julio de 2017 | septiembre de 2017



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