Kioto, un malentendido de mil millones de toneladas de CO2

Aunque según las cuentas provisionales el Estado español habría cumplido el tratado de Kioto, para Ecologistas en Acción la forma de cumplirlo ha sido incorrecta y se han emitido unos mil millones de toneladas de CO2 adicionales frente a la senda prevista. El tratado se ha cumplido mediante la compra de emisiones y también debido a la crisis económica, destacando la escasa o nula puesta en marcha de medidas de mitigación del problema.

En la reunión anual del Consejo Nacional del Clima del pasado martes 13 de enero la presidenta, la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció que se según los datos sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), recientemente remitidos a Naciones Unidas, el Estado español habría cumplido el protocolo de Kioto gracias a la compra de derechos de emisión. Mediante la firma del tratado de Kioto los Estados se comprometían a que las emisiones medias entre los años 2008 y 2012 no superasen un cierto porcentaje respecto a las emisiones de 1990. En la mayoría de los casos estos compromisos suponían reducciones de las emisiones, pero en el caso del Estado español el tratado permitió un aumento máximo del 15%.

Se asumía que la senda de descenso o incremento sería paulatina, pero el caso del Estado español esto no ha sido así, y nuestras emisiones crecieron desbocadamente hasta superar en 2007 hasta casi el 50% las emisiones del año base (1990). A partir de ese año la bajada de producción, consumo y movilidad debida a la crisis económica tuvo el efecto de reducir drásticamente las emisiones, de forma que la media entre los años 2008 y 2012 se situó en el 23,7% sobre el año base. La diferencia, hasta el 15% de incremento previsto por el protocolo, se ha cumplido gracias a los mecanismos de flexibilidad previstos en el tratado, fundamentalmente la compra de derechos de emisión por valor de unos 800 millones de euros, en gran parte procedentes de países del este de Europa.

La valoración de Ecologistas en Acción es negativa por varios hechos. En primer lugar hay que destacar que apenas se han hecho esfuerzos por combatir el cambio climático. A lo largo de los años se ha seguido promocionando un modelo energético, de urbanismo y de consumo basado en el derroche. El desarrollo de las energías renovables ha ido acompañado de un incremento en las emisiones, debido entre otras cosas al aumento de la demanda y la quema de carbón y gas natural, así como a un aumento de la movilidad y la construcción de grandes infraestructuras de transporte. No se han sentado las bases estructurales para avanzar hacia una economía baja en carbono. La nueva economía circular basada en la conversión de los residuos en recursos sigue siendo una quimera.

Por otro lado la senda de emisiones no ha sido paulatina, como se podría esperar, de forma que, en lugar de incrementarse en un promedio del 0,75% anual, estas se incrementaron un promedio del 3% cada año. Si se compara la senda progresiva de incremento con la senda realmente efectuada, el resultado es la emisión a la atmósfera de casi mil millones de toneladas adicionales, una cifra que equivale, aproximadamente, a lo que emite España en tres años [1].

Teóricamente, para cumplir con el tratado de Kioto, y tal como Ecologistas en Acción ha ido defendiendo desde su fundación, se debería haber promovido un modelo social que redujera el consumo de materiales y de energía, que avanzara hacia la eficiencia energética y que persiguiera la sustitución progresiva de las energías de origen fósil (petróleo, carbón y gas), que generan gases de efecto invernadero, por energías renovables. Sin embargo, los sucesivos gobiernos españoles nunca se han tomado realmente en serio el cambio climático y se han limitado solo a disimular y cumplir las apariencias que los compromisos internacionales les obligaban. Sin ningún plan coherente para bajar las emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero, España continuó llenando el país de urbanizaciones dispersas, autopistas y grandes infraestructuras, que además de implicar más emisiones de CO2, supusieron serios daños al medio natural. España, en definitiva, apostó por el transporte privado y el cemento mientras el desarrollo de algunas energías renovables, como la eólica, servía solo para añadir producción eléctrica renovable al sistema eléctrico, pero no para sustituir a la energía de origen fósil, tal como demuestra la persistencia del carbón en las centrales térmicas españolas [2].

La bajada de las emisiones de los últimos siete años no ha alcanzado siquiera los objetivos a los que se comprometió el gobierno español (un 15% de incremento) y no ha sido, además, fruto de una política virtuosa destinada a proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático, sino fruto de la crisis económica asociada al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a la menos conocida burbuja energética, que disparó la potencia eléctrica instalada en España de un modo desproporcionado. Así mismo, tal como han hecho la mayoría de los países “más desarrollados”, España ha desviado en las últimas décadas una buena parte de su producción industrial (y empleo), en especial la más contaminante, a terceros países, como China, países que contaminan de nuestra parte, fabricando y transportando los productos que importamos, aunque esto no se contabilizará nunca en nuestros balances ambientales oficiales.

Ecologistas en Acción considera desastrosa para el clima y el medio ambiente la política que han seguido los sucesivos gobiernos españoles, gobiernos que se han limitado a incorporar la normativa ambiental europea que se les ha impuesto pero que nunca han asumido de verdad el compromiso ambiental que necesita nuestra sociedad. El tratado de Kioto, ya de por sí bastante limitado en sus objetivos, solo lo cumplirá España nominalmente comprando derechos de emisiones, presumiendo del cumplimiento de los objetivos marcados en la letra del tratado pero callando, de un modo vergonzoso, esos casi mil millones de toneladas de CO2 emitidos de más y el hecho de que solo las imprevistas circunstancias de la crisis económica han impedido que las emisiones españolas no se hayan disparado hasta límites inimaginables.

Mientras tanto la concentración de CO2 en la atmósfera ha pasado de las 354 ppm (partes por millón) que había en el año 1990 a las 398 ppm del 2014 y nada parece indicar que ese crecimiento vaya a ser detenido, al menos mientras la humanidad no cambie sustancialmente su modo de relacionarse con la naturaleza.

Solo un cambio de rumbo en la política económica y energética de nuestro país, basado en la verdadera sostenibilidad, sería la garantía de cumplimiento de las exigencias climáticas y de justicia ambiental.