La Junta de Andalucía adjudica el concurso para reabrir las minas de Aznalcóllar a Grupo México, responsable de recientes vertidos tóxicos en ríos mexicanos, Ecologistas en Acción recuerda que el concurso no otorga ninguna autorización ambiental y por tanto se trata de un anuncio electoralista del PSOE de Susana Díaz.

Desde que Susana Díaz convocó anticipadamente las elecciones andaluzas el pasado 26 de enero, los responsables políticos del PSOE en la Consejería de Economía han presionado hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y Mesa de Contratación del concurso para que lo resolvieran lo antes posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de las minas de Aznalcóllar en plena campaña electoral.

Antes de ponerse en marcha la reapertura, la empresa tendrá que obtener autorización ambiental unificada, autorizaciones de vertidos, autorizaciones del plan de restauración y de gestión de residuos tóxicos. En todo ese proceso se encontrarán de frente con toda la capacidad crítica y jurídica de Ecologistas en Acción y de las demás organizaciones ecologistas que durante años estuvimos advirtiendo del desastre anunciado de Aznalcóllar de abril de 1998 y que las administraciones de la Junta de Andalucía y del Estado desoyeron entonces.

Además, se tendrán que resolver los recursos administrativos y jurídicos que ya ha anunciado el otro concursante, Emerita-Forbes Manhattan.

Se ha resuelto un concurso donde las garantías ambientales, tanto de minimización de daños al medio ambiente, como de medidas destinadas a la mejora del entorno natural o medidas ambientales compensatorias, así como el contenido del plan de restauración sólo han tenido un peso del 30% en la puntuación total del concurso. Y hay que destacar que en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental, sobre un total de 10 puntos, el adjudicatario provisional Minorbis-Grupo México sólo ha obtenido 1,8 puntos.

Desde Ecologistas en Acción necesariamente tenemos que informar de los recientes antecedentes de desastres ambientales producidos en su propio país por la parte mexicana de la empresa adjudicataria.

El pasado mes de agosto de 2014 el Grupo México protagonizó el «peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos», según calificó el gobierno federal de México al vertido de sulfato de cobre en el río Sonora. El desastre ocurrió el 6 de agosto de 2014 con el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México.

Este vertido de lixiviados mineros con arsénico, níquel, hierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, puso en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos afectados. La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora, según un informe técnico realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

Como siempre hacen las empresas mineras, Grupo México achacó el vertido tóxico a unas lluvias “atípicas” que causaron el desborde de una de sus presas, sin embargo, el referido informe demostró que la responsabilidad era 100% de la empresa, debido a un «mal diseño» de las instalaciones, y que no existieron las lluvias aludidas, en base a los datos del Servicio Meteorológico Nacional de México.

El desastre fue ocultado por Grupo México durante dos días, hasta que la contaminación llegó rio abajo a 80 km del accidente, y los vecinos avisaron a las autoridades.

En este mismo mes de febrero, las autoridades sanitarias mexicanas han anunciado que los daños producidos tendrán que ser objeto de seguimiento durante 10 años en 270 personas que fueron afectadas por los lixiviados de sulfato de cobre y aluminio vertidos al río Sonora por la minera Buenavista del Cobre, de Grupo Minera México, en agosto de 2014.

Con estos precedentes, desde Ecologistas en Acción mostramos nuestra más absoluta desconfianza hacia al adjudicatario Grupo México, y hacia la política electoralista del PSOE basada en promesas falsas de empleo sin garantías medioambientales.

Una vez más, se demuestra que la Junta de Andalucía sigue sin aprender de lo que ocurrió en el desastre anunciado de Aznalcóllar en 1998.