La Comisión Europea urge al Gobierno a aplicar la Directiva de Energías Renovables en materia de agrocombustibles

El ejecutivo debe asegurar la aplicación de unos criterios de sostenibilidad obligatorios que canceló en 2011, situación que denunció Ecologistas en Acción. La comunicación coincide con las negociaciones finales para reducir los impactos sociales y climáticos de la política europea de fomento de agrocombustibles.

La Comisión Europea ha emitido una opinión razonada [1] en la que insta oficialmente al Gobierno español a implementar correctamente la Directiva de Energías Renovables (RED, 2009/28/EC) en materia de biocarburantes. El dictamen de la Comisión responde a una denuncia de Ecologistas en Acción a finales de 2013, a raíz de la cancelación indefinida por el ejecutivo español [2] de los criterios de sostenibilidad que deben cumplir obligatoriamente aquellos biocarburantes que se utilicen para acreditar el cumplimiento de los objetivos de energías renovables. Éstos consisten en un 10% de la energía total consumida en el transporte en 2020, así como en los objetivos obligatorios nacionales de consumo de estos carburantes desde 2009, y que hasta 2012 vinieron acompañados de importantes subvenciones.

La directiva establece que para ser considerados sostenibles, las materias primas con las que se fabrican los biocarburantes no pueden proceder de áreas con grandes reservas de carbono (como turberas o bosques) o importantes niveles de biodiversidad. Igualmente, los biocarburantes deben ofrecer un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero considerable respecto a los combustibles fósiles, considerando su cultivo, procesamiento y transporte.

Para la organización ecologista, el Gobierno español ha estado engañando a la Comisión (y a toda la sociedad) en sus sucesivas comunicaciones sobre el grado de cumplimiento de España de los objetivos de RED, pues los agrocombustibles consumidos no cumplían con los requisitos legales para considerarlos energías renovables. La organización viene pidiéndole recurrentemente al Ministro de Energía e Industria en recurrentes comunicaciones y conversaciones que ponga fin a esta irregularidad.

Para Abel Esteban, portavoz de la organización, “el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de RED es un primer paso imprescindible pero insuficiente. Estos criterios sólo contabilizan las emisiones directas, pero no las indirectas. Tanto la comunidad científica como la propia Comisión Europea consideran las emisiones resultantes de los cambios indirectos en el uso del suelo (ILUC en inglés) determinantes en la lucha contra el cambio climático, ya que anulan los ahorros de emisiones precisamente de los agrocombustibles más producidos y consumidos en España: los biodiesel de aceite de palma y de soja”.

La contabilidad de las emisiones ILUC es uno de los temas que se discuten actualmente en la ronda final de negociaciones para reformar la política europea de fomento de los agrocombustibles, entre Comisión, Parlamento y el Consejo de la UE. Esta reforma pretende reducir los impactos negativos del uso creciente de agrocombustibles en Europa, como la competencia en el uso de alimentos y tierras cultivables, la deforestación en regiones como Indonesia (principal exportador mundial de aceite de palma) o las emisiones indirectas. De acuerdo con Abel Esteban, “en estas negociaciones, un bloque de países entre los que se encuentra España, mantiene una posición de defensa de los agrocombustibles más contaminantes y problemáticos, que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo”. Por este motivo, más de cien organizaciones sociales integradas en Coalición Clima, Plataforma Rural y la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo, enviaron una misiva a principios de esta semana pidiéndole a los ministros José Manuel Soria e Isabel Tejerina que faciliten un acuerdo en dichas negociaciones, y se comprometan con verdaderas soluciones para un transporte y una agricultura más sostenibles, que ayuden a combatir el cambio climático [3].

Normalmente, los estados miembros tienen un plazo de dos meses para comunicar a la Comisión las medidas tomadas para corregir los incumplimientos legales comunicados en una opinión razonada. De no ser así, la Comisión llevará el caso a la Corte Europea de Justicia, que determinaría las sanciones correspondientes.




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