La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama celebra mañana, jueves, su segundo aniversario con serios problemas de gestión. Los acuerdos del Patronato están recurridos ante los tribunales, se autorizan pruebas deportivas multitudinarias que incumplen la normativa de aplicación y se están realizando obras innecesarias con costes excesivos. Ecologistas en Acción espera que el nuevo Gobierno regional muestre mayor interés por el Parque Nacional e impulse un giro radical.

El 25 de junio de 2013 se aprobó, en las Cortes Generales, la Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se aprobó gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Los partidos de la oposición y muchos colectivos denunciaron que el nuevo espacio protegido incumplía la Ley de Parques Nacionales -hoy derogada y sustituida por otra más laxa- y que su objetivo no era la conservación si no la mercantilización de la naturaleza.

El tiempo ha dado la razón a los más críticos. El descontento es generalizado y son muy pocos los que consideran que Guadarrama responde a las expectativa de un parque nacional. La masificación y el deterioro se han incrementado. Se sigue cazando, extrayendo madera, celebrando pruebas deportivas multitudinarias, realizando obras innecesarias que malgastan los escasos recurso financieros, etc.

La participación y la transparencia en la toma de decisiones es una asignatura pendiente. Los acuerdos del Patronato, el órgano consultivo del Parque Nacional, están recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia. El Presidente del Patronato, el hasta ahora Consejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, impidió el debate e impuso la aprobación de una memoria y un plan de acción plagados de errores y de proyectos inadecuados para un espacio protegido de esta condición.

El próximo sábado 27 de junio se vuelve a celebrar el Gran Trail Peñalara (GTP) y el Trail Peñalara (TP60), pruebas de resistencia que aglutinarán a ochocientos corredores en las cumbres más altas y sensibles (Peñalara, Nevero, Reventón, etc), durante más de 24 horas. Aunque este año se ha reducido el número de participantes con respecto a la edición pasada -que llegó al millar de corredores-, las pruebas incumplen la normativa establecida. Por ejemplo se supera en un 178% el número máximo de corredores establecido en 450.

Otro problema grave es el destino de los escasos recursos económicos. En octubre de 2014 se firmó un convenio financiero entre las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por un importe de 5,2 millones de euros. El 61% de esta cantidad, 3,2 millones, a actuaciones de uso público. La semana pasada comenzaron las obras de un nuevo aparcamiento en el puerto de Navafría. Una obra innecesaria y costosa (131.812 euros) que se suma a los 183.654 euros de las obras de ampliación previstas en el refugio utilizado por una empresa privada que explota las actividades invernales (esquí de fondo, paseos con raquetas, etc). En total 315.466 euros.

Este coste resulta excesivo si comparamos con las partidas destinadas, en ese mismo convenio, a actuaciones de conservación que es 289.681 euros, descontando lo destinado al control de poblaciones para la caza de la cabra montés.

Ecologistas en Acción espera que el nuevo Gobierno regional muestre mayor interés por los espacios protegidos y en concreto por el Parque Nacional e impulse un giro radical en su gestión.