Ante el inicio de la temporada, alertamos de los peligros para las personas, animales y el medio natural que supone la aplicación de la nueva ley de caza en Castilla-La Mancha. Urge la reforma de la ley de caza y que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural adopte medidas de vigilancia específicas para que se garantice el uso y disfrute del medio natural de forma ordenada y sin riesgos para todos los usuarios del mismo.

La temporada general de caza en Castilla-La Mancha se inicia el día 8 de octubre y ante este evento conviene tener muy en cuenta que la aprobación en marzo pasado de la nueva ley de caza regional trae consigo diversos riesgos para el medio natural y para los usuarios del monte, personas o animales y no resuelve diversos problemas arrastrados del pasado.

Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que revisará la normativa de caza y, en concreto, la ley 3/2015 de caza aprobada en marzo de este año, todavía no lo ha hecho y lo cierto es que hay varios artículos problemáticos que están en vigor y que pueden perjudicar notablemente al medio natural y poner en riesgo la seguridad de las personas y animales en el campo.

Así, lamentablemente, el artículo 27/m penaliza como infracción muy grave, con multa de 3.001 y 30.000 euros, “…las acciones que provoquen la huida o alteren las querencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a éstos…”. Se puede dar el caso de que una persona que por descuido espante piezas de caza al transitar o realizar actividades por el monte fuera de un camino o vía pecuaria se vea con la desagradable sorpresa de una denuncia que puede acarrear una severa sanción.

También, la nueva ley permite el uso de armas o modalidades que suponen por su difícil detección un grave riesgo para la seguridad y de caza ilegal. Es el caso del rifle calibre 22, la caza con arco, la caza nocturna o la posibilidad de disparar en determinadas situaciones desde un vehículo.

Estas circunstancias se unen a dos muy importantes que no se han puesto en marcha y que debieran estarlo para asegurar mínimamente el correcto desarrollo de las cacerías. Por un lado, la señalización de las zonas de seguridad, de cuya realización la ley ha eximido a los titulares cinegéticos, delegando la responsabilidad en terceros. Y, de otro, un sistema de vigilancia dotado de suficientes agentes medioambientales como para asegurar el cumplimiento de la normativa por parte de los miles de cazadores que en esta temporada saldrán al campo castellano-manchego.

Hay que recordar también que la ley permite el control de perros y gatos, la captura de predadores usando lazos y alares, prácticas agresivas y crueles, como el lanceo de jabalíes, el perro de madriguera, los hurones o las tiradas en cuarteles de caza comercial; y otra serie de acciones vinculadas a la caza que pueden dañar seriamente a animales domésticos, personas o espacios y especies protegidas.

Por último, otro problema añadido es el corte de caminos públicos y vías pecuarias bien con vallados, cancelas o utilizando dispositivos peligrosos, sobre todo para los ciclistas, como son los cables y las tablas con clavos. Ecologistas en Acción recuerda que es ilegal cortar los caminos y vías pecuarias, y un delito colocar cables o clavos que puedan producir graves accidentes en ciclistas y viandantes.

La ley de caza no ha traído nada bueno a nuestro medio natural y su aplicación pone en riesgo a las personas, además de entorpecer otras actividades forestales o turísticas que tienen gran importancia económica. Y aunque no haya que caer en el alarmismo, sí que hay que avisar a los usuarios del monte no cazadores para que tomen sus precauciones y sean decididos a la hora de denunciar los comportamientos abusivos o las ilegalidades de las que sean testigos o víctimas.

En este sentido, Ecologistas en Acción ofrece sus servicios jurídicos a todo aquél que sufra un problema con algún asunto relacionado con la caza.

Asimismo, hace un llamamiento a la Consejería de Agricultura para que no se apliquen injustamente los numerosos artículos abusivos que tiene la ley, la reforme de inmediato, y, lo que es más importante, que disponga un servicio de vigilancia con agentes medioambientales que garantice el uso y disfrute del medio natural de forma ordenada y sin riesgos a todos los usuarios del mismo.