[Informe] Los acuerdos internacionales de inversión a examen

Los acuerdos internacionales de inversión a examen

Ciudadanos y legisladores a lo largo del mundo están cuestionando de una manera creciente los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), especialmente el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), que permite a los inversores extranjeros eludir la justicia ordinaria de los estados y demandar a los gobiernos ante tribunales privados por cualquier política, legislación o fallo judicial que perjudique a los primeros.

Ecologistas en Acción ha colaborado, junto con otras 11 organizaciones europeas, en el informe Los acuerdos internacionales de inversión a examen, que analiza el impacto de dichos acuerdos en las políticas públicas de desarrollo, así como en la atracción de la inversión extranjera y en las negociaciones de los tratados de libre comercio.

Resumen ejecutivo

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) suponen una importante amenaza para la democracia y el Estado de derecho, valores que teóricamente suscribe la Unión Europea, y también para los intereses públicos en materia social, ambiental, de salud y de seguridad para el consumo, así como para el derecho soberano de los Estados de gobernarse. El grado de conocimiento ante dicha amenaza está aumentando, como demuestra la preocupación creciente con el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). Tanto ciudadanos como legisladores de todo el mundo están cuestionando este sistema, especialmente el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), que permite a los inversores extranjeros eludir la justicia ordinaria de los Estados y demandar a los gobiernos ante tribunales privados por cualquier política, legislación o fallo judicial que perjudique a los primeros.

Un riesgo alto para una recompensa dudosa: los impactos de los AII en el desarrollo

Los países en desarrollo que firman AII con países ricos lo hacen a un riesgo muy alto, pues restringen severamente sus capacidades políticas a cambio de la promesa de estímulo de la Inversión Extranjera Directa (IED). Pero la evidencia cada vez apunta más a que los AII no atraen la IED, y que otros factores como el tamaño de mercado o la oferta de recursos naturales son mucho más importantes. Cuando se firmaron los primeros AII los negociadores de los países en desarrollo desconocían por completo los riesgos del mecanismo ISDS, algo que solo cambió cuando recibieron las primeras demandas. Dado que los flujos de inversión son cada vez más globales, los gastos de las demandas de los mercados de inversiones recaerán sobre los impuestos de la ciudadanía europea, como se puede ver en el caso de Ping An vs. Bélgica del informe.

ISDS: contra el Estado de derecho y la democracia

El arbitraje de inversiones se lleva a cabo a puerta cerrada y no se adscribe a los principios del derecho público. El sistema se ha transformado en un negocio controlado por unas pocas firmas y abogados no exentos de conflictos de intereses. Los tribunales se componen de abogados con ánimo de lucro en lugar de jueces independientes, y es un sistema discriminatorio por el cual los inversores extranjeros tiene más derechos que los nacionales, y unidireccional, en el que el estado solo puede defenderse, lo que rompe el principio de que “todas las personas son iguales ante la ley”.

La evidencia demuestra que solo la amenaza de denuncia disuade a los gobiernos de tomar medidas, lo que se ha denominado “enfriamiento regulador”. La vaguedad con la que están redactados las cláusulas de los AII dota a los árbitros de un amplio margen de interpretación, lo que les capacita para desafiar cualquier norma tomada en favor del interés público. Con ello, los árbitros están haciéndose cargo de funciones que corresponden a los estados.

AII en el punto de mira: las reformas del régimen de protección de las inversiones

Hay un creciente número de países cuestionando y revisando los marcos de protección de las inversiones, principalmente en el seno de los países en vías de desarrollo. Ecuador, Venezuela, Sudáfrica, Bolivia e Indonesia han cancelado algunos de sus AIIs; Bolivia, Ecuador y Venezuela se han retirado del CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial donde se llevan la mayoría de los casos entre inversores y Estados), India ha congelado las negociaciones de todos sus AII; y UNASUR (organismo internacional conformado por los doce países de la región suramericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) ha creado un centro alternativo de arbitraje. Las reformas introducidas en el TTIP y en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés) entre Canadá y la UE no reflejan la preocupación creciente por los sistemas de protección de las inversiones ni solucionan sus problemas.

Recomendaciones:

  • La UE y sus Estados miembro deberían abstenerse de presionar a países en vías de desarrollo de negociar o firmar AIIs.
  • La UE y sus Estados miembro deberían eliminar el mecanismo ISDS de los acuerdos bilaterales de inversión y explorar mecanismos alternativos.
  • La UE y sus Estados miembro deberían iniciar procesos de revisión participativa de sus acuerdos de inversión, llevar a cabo evaluaciones del impacto de los AIIs en materia de derechos humanos, eliminar las inconsistencias de dichos tratados con las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos e incluir obligaciones vinculantes para los inversores en todos los acuerdos de inversión.

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