Por una amnistía social

Ecologistas en Acción se suma a la campaña por una amnistía social.

La amnistía (del griego o amnestia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

La amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta.

¿Qué es y por qué de una amnistía social?

La amnistía social tiene unas connotaciones diferentes y más amplias de las de la amnistía política. Parte del hecho de que muchas personas han padecido sanciones durante los últimos años cuando, en defensa de sus derechos básicos (sanidad, educación, vivienda, medio ambiente limpio, libertad de expresión, concentración, huelga, manifestación, dignidad humana, etc.), han sufrido la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Aunque cualquiera de estas luchas es política, la denominación de social permite focalizar en que los derechos que se estaban reclamando tenían que ver con mantener unos mínimos de vida digna, unos mínimos sociales. Nos referimos a movilizaciones como las últimas huelgas generales y sectoriales (limpieza, sanidad, educación, estudiantiles, etc.), el 15-M, las movilizaciones anti-fracking y contra las prospecciones, los desahucios y las okupaciones, las mareas, blancas, verdes, negras, etc., las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto, contra la represión, etc.

Cada una de estas luchas, en este proceso de defensa de los derechos, ha conllevado una confrontación de miles de personas con la legalidad. Nos hemos encontrado con una acción represiva por parte del Estado en defensa de los intereses de quienes son responsables de esta situación de emergencia socioambiental que estamos pasando.

Muchas personas ha sido apaleadas, identificadas, sancionadas, detenidas y encarceladas. Lo hemos sufrido con el 15-M en la Puerta del Sol y en la Plaza Catalunya. Con los/as estudiantes de la Primavera valenciana y en cada desahucio. Lo hemos visto con los casos de Laura de CGT de Barcelona y de Alfon en Vallekas, con Inma y Miguel en Granada. Lo hemos padecido en los Rodea el Congreso y las Marchas de la Dignidad del 22-M. En cada escrache contra banqueros/as y políticos/as mafiosos/as. En nuestras acciones directas noviolentas.

A la hora de sancionarnos y ejercer la represión, en protestas más que justificadas, no ha contado para nada la situación de excepcionalidad social y ambiental actual. Una situación de empobrecimiento de millones de personas, de perdidas de derechos conquistados con mucho esfuerzo y de degradación masiva de las condiciones ambientales. Nunca hemos delinquido, hemos tenido que responder a los/as delincuentes. Si algunos métodos han estado al margen de la legalidad o han tropezado con ella ha sido porque nos han forzado a ello las circunstancias de agresión continua a nuestra dignidad como personas.

Por el contrario, han sido parte de los sectores sociales más afectados (por los recortes en los presupuestos públicos, por la perdida de empleos y viviendas, por la desesperación que queda instalada en nuestras vidas ante la inseguridad de un futuro mejor para ahora y en adelante, por el caos climático, por la pobreza energética) los que han puesto la parte más amarga de las consecuencias de esta crisis, que también es una estafa.

Y es porque han sido las luchas sociales las que han mantenido este duro pulso contra la degradación socio-ambiental, por lo que llamamos a la amnistía social, a que sean olvidados nuestros supuestos delitos o infracciones de la ley en contra de un saqueo de lo común, de lo público, de lo que es de todos/as.

No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física. No pedimos ni clemencia ni indultos. Reclamamos y exigimos justicia social.

Además, también es justa su exigencia porque los métodos de lucha empleados, por contundentes que parecieran, no han conllevado actos violentos.

La amnistía social afectaría directamente a aquellas personas que se implicaron en las respuestas a cada una de los episodios represivos vividos desde la primera respuesta social colectiva masiva. Es decir, desde el primer día del 15-M de 2011 y a todas las luchas derivadas de las políticas de austericídio, empobrecimiento y degradación ambiental. Es necesario dar sentido a eso de “ si nos tocan a una/o es como si nos tocasen a todas/os”.

La amnistía social llevaría aparejada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como parte de las Leyes Mordaza. También lleva implícita la desaparición de todos nuestros antecedentes derivados por nuestras protestas de los ficheros policiales. Así mismo, la derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada.

¿A quién va dirigida esta propuesta?

Solamente la presión desde todo tipo de colectivos sociales afectados puede hacer que esta propuesta de amnistía social salga adelante. Por ello, principalmente esta es una propuesta dirigida a quienes de una forma u otra han padecido episodios de represión. Es una propuesta a las personas dispuestas reclamar una salida justa no individualizada, sino colectiva.

Esta propuesta debe desarrollarse en todas sus variantes organizativas, pero de manera autónoma y descentralizada, haciendo de nuestras pequeñas parcelas una respuesta común. Debe ser escrita en las paredes, cantada en los conciertos, coreada en las manifestaciones, hablada en las radios y escrita en los diarios y revistas.

También hacemos un llamamiento para que todas las personas implicadas en su trabajo con la justicia (abogados/as y juristas) se pongan manos a la obra para dar forma de ley a esta petición. Pero la elaboración de una Ley de Amnistía Social tiene que ser, además, participativa.


septiembre de 2017 :

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