Ayer, miembros de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC, por sus siglas en inglés) se reunieron con la Secretaría General de Pesca para discutir la posición de España sobre diferentes elementos de la nueva regulación para la pesca en aguas profundas que está siendo negociada en la UE.

Después de más de tres años de trámite desde que la Comisión Europea lanzara su propuesta de nuevo reglamento y tras los innumerables retrasos, finalmente la semana pasada se iniciaron las discusiones en el trílogo (negociaciones a tres bandas entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo) dándose así los últimos pasos en la tramitación de este expediente.

La posición de España en este asunto siempre ha sido la de oposición frontal a la propuesta que presentó la Comisión Europea, entre otras cuestiones, para prohibir el uso del arrastre de fondo en aguas profundas en el Atlántico nororiental, tanto en aguas internacionales como en aguas de la Unión Europea. La pesca de arrastre de fondo es el arte de pesca considerado más destructivo para los hábitats en aguas profundas. A día de hoy, el Consejo propone una prohibición para este arte de pesca por debajo de 800 metros de profundidad. Sin embargo, parece que España sólo apoyaría esta medida si se debilitara el ámbito de aplicación del nuevo reglamento, eliminando las aguas internacionales.

“Reducir el ámbito de aplicación tiene como objetivo evitar que gran parte de la flota española, que faena principalmente en aguas internacionales, se viera obligada a cumplir con las medidas de conservación establecidas por el nuevo reglamento, lo que minaría el objetivo de buena gobernanza de pesquerías internacionales marcado por la Política Pesquera Común”, dice Raúl García, de WWF España.

En diversas ocasiones, las ONGs han preguntado al Gobierno sobre el número de barcos que se podrían ver afectados por esta nueva normativa, especialmente por la limitación por profundidad del uso de arrastre, pero todos los esfuerzos han sido infructuosos y no se ha conseguido nunca una respuesta clara. “Esta falta de transparencia contrasta con otros países también implicados en estas pesquerías como Francia y Reino Unido, que sí que dieron sus datos cuando fueron requeridos”, comenta Elvira Jiménez de Greenpeace.

“España, como actor principal en la pesca en aguas profundas debería apoyar medidas que no sólo sirvan para conservar sus hábitats y especies, sino también para mantener una actividad pesquera sostenible y perdurable” dice Samuel Martín-Sosa de Ecologistas en Acción.

Estudios científicos indican que limitar el uso del arrastre de fondo a 600 metros de profundidad permitiría proteger adecuadamente los ecosistemas marinos vulnerables y minimizar la captura accidental de especies de profundidad. “La propuesta del Consejo de limitar el arrastre de fondo a 800 metros de profundidad, es una propuesta de compromiso que representaría un paso positivo hacia la conservación de este medio tan vulnerable”, comenta Javier López de Oceana.

“Urgimos a la Ministra Isabel García Tejerina que apoye medidas de conservación como la limitación a 800 metros y el cierre de áreas donde existan ecosistemas vulnerables para las pesquerías de arrastre de fondo en aguas profundas de la UE, incluyendo las españolas que operan en aguas internacionales del Atlántico nororiental”, concluye Àlex Bartolí de la DSCC.

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