Este procedimiento tiene el serio inconveniente de que hurta al debate técnico y público dos elementos que están en la petición de licencia de Nuclenor, que no tienen precedentes en la industria nuclear española: se pretende que la central funcione hasta la edad de 60 años, y se pide al CSN que otorgue una licencia por 17 años, cuando hasta la fecha todas las licencias son de 10 años.
Por otra parte, esta forma de aprobar ETF de sistemas por separado podría arrojar problemas de seguridad, puesto que algunos de estos sistemas que se evalúan podrían interactuar entre sí, por lo que es más lógico realizar una evaluación integral.
El hecho de que el CSN avance en el licenciamiento sin que se haya nombrado nuevo Gobierno supone una presión de facto sobre este nuevo ejecutivo. En algún caso podría servir de coartada para no proceder al cierre definitivo de la central. Además, en estos momentos el Parlamento se ha posicionado mayoritariamente en contra de la reapertura de la central, lo que no debería ser ignorado por el CSN que depende del Congreso de los Diputados.
El Pleno del CSN debería, por tanto, abstenerse de seguir evaluando documentación sobre Garoña en tanto no se clarifique la postura del nuevo ejecutivo. En todo caso, la reapertura de la central debería discutirse como un todo, para tener en cuenta todas las sinergias entre los sistemas y para debatir, de forma clara, si se otorga una licencia por más de 10 años y, además, se permite que una central llegue a los 60 años de funcionamiento. Finalmente, Ecologistas en Acción señala que lo más sensato sería dejar de invertir esfuerzos en esta central peligrosa y obsoleta y proceder a su desmantelamiento.
