Contra el recrecimiento de Yesa

Ecologistas en Acción demanda nuevamente que se paralice el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, ejemplo de la vieja política hidráulica que incumple diferentes directivas y pone en riesgo varias poblaciones. Al mismo tiempo, muestra públicamente su apoyo a los conocidos como los ’8 de Yesa’ opositores al proyecto, que por esta causa se enfrentan a importantes condenas. Por estas razones, Ecologistas en Acción ha apoyado y participado en la concentración ‘Yesa, ni una legislatura más’, celebrada hoy en Madrid

A las puertas del Congreso de los Diputados se ha llevado a cabo una concentración, convocada por Río Aragón y Yesa + No Lanak gelditu y apoyada por Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones estatales, para pedir que el proyecto del recrecimiento de Yesa sea desestimado finalmente. Se trata de una obra donde se unen importantes impactos ambientales, culturales y sociales, riesgos geológicos que ponen en peligro a las poblaciones aguas abajo, con importantes deficiencias técnicas que impedirán su explotación y un coste que se ha disparado, de momento, un 350% sobre la adjudicación inicial.

Como han denunciado geólogos de varias universidades y colegios oficiales, las obras del recrecimiento están empeorando el estado de seguridad de la actual presa, debido a la inestabilidad de las laderas en las que se apoya. Esto se ha acentuado con dichas obras, lo que ya ha supuesto el desalojo definitivo de dos urbanizaciones. Este riesgo para las poblaciones está siendo especialmente dramático en la cercana ciudad de Sangüesa. Por este motivo y en base a los informes técnicos existentes, Ecologistas en Acción considera que hay que abandonar definitivamente el proyecto, adoptando el principio de precaución. También cree que debería rebajarse el nivel del actual embalse a una cota que minimice el peligro para las poblaciones.

A este hecho, como denunciaba recientemente esta organización, se debe añadir la sinergia de otros proyectos previstos en la zona, como la mina de potasa Mina Muga por parte de varias multinacionales, que podrían provocar un aumento de la sismicidad y, por tanto, mayores problemas en la estabilidad en los taludes donde se asienta la actual presa.

Asimismo, no habría que olvidar factores como que se trata de un proyecto totalmente desmesurado, proyectado para almacenar el 80% del caudal anual del río Aragón, sin contemplar las importantes reducciones del mismo que se están dando en los últimos años a causa del cambio climático. Un impacto inasumible desde el punto de vista ambiental, que destruye 20 kilómetros del Camino de Santiago, declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad. O que la capacidad del canal de Navarra ya está saturada con el actual embalse, lo que avala la tesis de que este proyecto tiene una relación directa con un futuro trasvase del Ebro.

Ecologistas en Acción también quieren hacer pública su solidaridad con los denominados ’8 de Yesa’, habitantes de la zona y simpatizantes de poblaciones vecinas, que participaban en un acto pacífico dentro de un amplio grupo de personas para evitar un acto de expropiación, como se ha venido repitiendo numerosas veces durante los últimos años. Actos de protestas que no interferían en el proceso expropiatorio, que se acababa realizando por parte de la administración. En este caso, sin embargo, tras una carga innecesaria, desproporcionada e intencionada de la Guardia Civil contra las vecinas y vecinos, los ocho procesados han sido imputados posteriormente por varios delitos por los que se enfrentan a un proceso judicial donde se pide un total de 37 años de cárcel y 22.000 € de multa.

Estamos ante un caso evidente de represión a los movimientos sociales por parte del actual delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, quien ordenó una carga brutal a un grupo de personas que se encontraban en una zona de campos de su propiedad, y por tanto sin provocar daño alguno que hiciera necesario su desalojo. Es muy posible que el objetivo de esta reacción fuera iniciar un proceso judicial contra varios opositores para que se abandone la importante contestación social existente en la zona y se siga denunciando la actitud oscurantista de las administraciones estatales sobre este proyecto, empecinada en seguir adelante con el mismo, pese a los factores medioambientales, sociales, de riesgo y económicos en su contra.