Prioridades para una nueva política de aguas en España

La sociedad civil reclama una nueva política de agua en España

  • 17 entidades de la sociedad civil denuncian en el Congreso la política de agua actual, todavía dominada por enfoques productivistas incompatibles con la normativa del s. XXI y demasiada vulnerable al clientelismo y la corrupción
  • Proponen una serie de reformas para la próxima legislatura para reorientar el sector en España hacia los valores naturales, sociales y culturales del agua y así sentar las bases para el verdadero uso sostenible del recurso.
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Prioridades para una nueva política de aguas en España

El 21 de abril 2016 en el Congreso de los Diputados, 17 entidades de la sociedad civil han presentado una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura. En el documento entregado a los parlamentarios, diversos colectivos locales, entidades recreativas y ambientales, organizaciones científicas y redes y plataformas ciudadanas a nivel de cuenca reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua, que se dividen en dos grupos.

El primer grupo contempla una serie de medidas urgentes, de acción inmediata para el próximo gobierno central; y el segundo propone varias medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura. Entre las medidas urgentes, destacan:

  1. Reconocer por ley el derecho humano al agua en España
  2. Restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general
  3. Revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura y establecer hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases
  4. Liquidar las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública
  5. Aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso
  6. Acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas
  7. Paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales (algunos ejemplos son el dragado del estuario del Guadalquivir, trasvase del río Castril, embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués, Mularroya… ) y abrir un debate social amplio sobre otras alternativas
  8. Potenciar medidas para favorecer los valores naturales del agua:
  • revisar los regímenes de caudales
  • reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos,
  • promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales;
  • ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal y Grande, entre otros.

Asimismo, se reclama otra serie de medidas de envergadura para finales de la legislatura:

  1. Reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea
  2. Reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos
  3. Fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua
  4. Impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático
  5. Garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial

El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos que ilustran distintas facetas de la problemática y demuestran la necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España.

Varias de las entidades firmantes que representan a la sociedad civil en los Consejos de Agua a nivel estatal y de cuenca, ya han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de agua. Estas denuncias siguen bajo la investigación activa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Todos los firmantes se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad, y así garantizar la calidad ambiental de los ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible de este recurso natural tan preciado en nuestro país.

Las entidades firmantes de este documento son, por orden alfabético:

  • AEMS-Ríos con Vida
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Greenpeace
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma por la Defensa del Río Castril
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos
  • SEO/BirdLife
  • Unión Nacional de Pescadores Conservacionista
  • URA-Nueva Cultura del Agua
  • WWF
  • Xúquer Víu



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