La Vale/Samarco/BHP favorecida por los tribunales de Brasil

Ecologistas en Acción junto a muchas otras organizaciones internacionales denuncia que la (in)justicia brasileña ha favorecido a Vale/Samarco/BHP en el caso del accidente de Mariana, considerado el peor "delito ambiental más grande experimentado alguna vez en la historia de ese país. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, cuando una represa que contenía aguas residuales de actividad minera rompió llevándose todo por delante y contaminándolo todo.

El 15 de noviembre de 2015, los brasileños fueron víctimas del delito ambiental más grande experimentado alguna vez en la historia de ese país, con la rotura de la presa de relaves de minerales de Vale / Samarco / BHP, marcando el comienzo de un desastre que ha causado incalculables impactos Minas Gerais, Espírito Santo y Bahía.

En marzo de este año, las empresas han desarrollado con los gobiernos federal, de los estados (ES y MG) y organismos gubernamentales (IBAMA, ICMBio, ANA, FUNAI, DNPM) un acuerdo para la reparación, mitigación y compensación de las pérdidas derivadas de la rotura. El proceso de elaboración del acuerdo, sin embargo, no permitió la participación de las personas afectadas, interesados directos en la reparación de los daños, lo que indica que las empresas responsables y el Estado los ven a las personas afectadas como objeto y no como sujetos de derecho. El Ministerio Público (de estado y federal), sobre las diversas ilegalidades contenidas en el acuerdo, se negó a ratificarlo.

El Procurador de la República, Edmundo Antonio DiasNetto Junior evalúa el acuerdo como una especie de consorcio entre las empresas Vale, Samarco y BHP. La homologación del acuerdo, de hecho, exacerba los conflictos, desconsidera la necesidad de la reparación integral del daño y aumenta el sufrimiento, resultado de la pérdida de medios de subsistencia, de los modos de vida y de la memoria, impuesto a los pescadores, pequeños agricultores, pueblos indígenas, poblaciones tradicionales y medio ambiente.Y eso produce dos días después de la caída de las acciones de la Vale y BHP con la noticia de la creación de la ACP por el MPF, con la estimación de la reparación de daños 38,5 mil millones de euros.

Lamentablemente, desconsiderando todas las ilegalidades identificadas por el MP y por la sociedad civil organizada, el Tribunal Federal de la 1ª Región, en la persona de la jueza desembargadora Maria do Carmo Cardoso, homologó el 5 de mayo (emblemáticamente exactos 6 meses tras la catástrofe) , el referido acuerdo.

Denunciamos que las empresas y los gobiernos federales y de los estados (MG y ES) usaron de estratagema legal para permitir la realización del acuerdo, ya que fue homologado en el caso de una apelación interlocutora que tramita en segunda instancia, cuando el Tribunal competente para examinar la situación es la Sección Judicial en Belo Horizonte. Por lo tanto, el acuerdo es ilegal, no sólo por no contemplar las voces de las personas afectadas, sino como consecuencia de irregularidades procesales.

Rechazamos la ratificación del acuerdo y exigimos que una solución sea construida con la participación efectiva de personas afectadas y de los fiscales de justicia y procuradores de la República directamente involucrados con la demanda en los territorios.No aceptamos la perpetuación de la violencia llevada a cabo por un acuerdo de fachada que legitima las prácticas criminales y exonera al gobierno. Las empresas responsables del crimen no pueden decidir por sí solas sobre la recuperación de los daños difusos y colectivos, así como la compensación de las familias, siendo imprescindible la participación directa de las víctimas, ya que el caso es determinante para la reconstrucción de sus vidas y del medio ambiente.




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