Queja contra el Estado español por no adoptar planes de ozono en las zonas más afectadas

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Queja Planes de calidad del aire

Ecologistas en Acción ha denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar de zonas donde entre 2010 y 2015 se ha incumplido el valor objetivo legal para la protección de la salud establecido para el ozono troposférico, repartidas entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con 21,4 millones de habitantes afectados, casi la mitad de la población española.

En 64 zonas de las mismas comunidades se ha incumplido también la obligación de adoptar dichos planes de calidad del aire en relación a la superación en el mismo periodo del objetivo legal para la protección de la vegetación, afectando a una superficie total de 350.000 kilómetros cuadrados, el 69 por ciento del territorio.

Según establece la Directiva europea de Calidad del Aire, los Estados miembros deberán elaborar planes de calidad del aire en las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono en el aire ambiente superen cualquier valor objetivo, con el fin de conseguir respetar el valor objetivo correspondiente.

La Ley estatal de calidad del aire atribuye la competencia para elaborar dichos planes a las comunidades autónomas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, al margen de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.

Por ello, Ecologistas en Acción se ha dirigido en los últimos meses a las comunidades autónomas infractoras, solicitando que adopten de manera urgente los Planes de mejora de la calidad del aire legalmente previstos para las zonas afectadas por los incumplimientos de los objetivos legales para la protección de la salud y la vegetación. Entre la docena de solicitudes realizadas, sólo se ha recibido la respuesta de los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra, que justifican su inactividad por la complejidad del problema y remiten a un hoy por hoy inexistente Plan Nacional que debería elaborar el Gobierno central.

Ante esta situación, que está lesionando el derecho a la salud de millones de personas, la organización ecologista ha decidido acudir a las instancias comunitarias, donde el Estado español ya tiene abiertos sendos expedientes por incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire respecto a las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno, a los que se uniría este tercer expediente en el caso de prosperar la queja en relación al ozono.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado el valor objetivo de ozono son una tercera parte de las 450 que miden este contaminante en España.

Entre ellas, la contaminación ha afectado a la totalidad de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid, las más afectadas como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de perjudicar la salud de los más de 6 millones de madrileños, afecta de manera grave a tres millones de habitantes de ambas Castillas y Extremadura, al Norte y Sur de la Cordillera Central.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa, afecta a cerca de 6 millones de personas, especialmente en las áreas de interior.

Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el interior de Andalucía y sur de Extremadura (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Mérida) y el Valle del Ebro, desde Aragón hasta la Ribera navarra y vasca, donde habitan en conjunto otros 7 millones de personas.

Ante este panorama, los hoy por hoy inexistentes planes de mejora de la calidad del aire deberían pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte limpios como el tren, el autobús, la bicicleta o la marcha a pie. Por otro lado, debería procederse al cierre progresivo de las grandes centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre Comunidades Autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.




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