Piden el inmediato comienzo del proceso de ratificación del Acuerdo de París

10 meses después del Acuerdo de París, el Gobierno español todavía está lejos de dar el primer paso para hacer frente al cambio climático. La plataforma Alianza por el Clima, de la que forma parte Ecologistas en Acción, trasladará al Congreso de los Diputados la urgencia de que España cumpla con sus compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Tras la adopción el pasado mes de diciembre del Acuerdo de París por parte de la comunidad internacional, el Gobierno español en funciones aún no ha dado ningún paso, a diferencia de otros países de nuestro entorno, como Francia, que ya han comenzado el proceso de ratificación. Este proceso consiste en la incorporación de los objetivos y principios del Acuerdo de París dentro de la legislación nacional, de forma que cuando los países que han ratificado este acuerdo representen al menos el 55% de las emisiones globales, el acuerdo de París entrará en vigor.

Por el momento, ni la Unión Europea ni el Gobierno español han llevado a cabo este proceso, lo que nos sitúa por detrás de los 27 países que, como EE UU o China, ya han depositado sus instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas. Por ello, los integrantes de Alianza por el Clima, plataforma de la que forma parte Ecologistas en Acción, quieren trasladar al Congreso de los Diputados las palabras pronunciadas por Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, la semana pasada: "El Acuerdo [de París] debe ser ratificado. Cuanto más esperemos, más corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreír de todos y de perder crédito en la escena internacional".

Aunque el Acuerdo de París sea insuficiente para frenar el cambio climático e impulsar un nuevo modelo basado en las energías renovables y la justicia social y ambiental, es una señal de los países sobre su compromiso de poner freno a los combustibles fósiles. Sorprende que, a pesar de las declaraciones de todos los grupos políticos del arco parlamentario sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, todavía no se haya activado ninguna iniciativa en este sentido. Teniendo en cuenta el consenso existente, el hecho de tener un Gobierno en funciones no debería suponer ningún impedimento político, práctico o legal para ratificar el Acuerdo de París y, así, contribuir al impulso necesario para que el proceso de traducción de este acuerdo a la legislación nacional comience.

Los últimos datos facilitados muestran cómo el Estado español ha aumentado sus emisiones, lo que arroja la conclusión de que estamos lejos de una auténtica descarbonización de la economía. El Gobierno español debe de ser mucho más ambicioso. Un ejemplo es el compromiso sobre los sectores difusos que situarán las emisiones de gases de efecto invernadero españolas en 2020 por encima de las que se registraban en 1990. Por tanto, es necesario activar mecanismos legislativos de mitigación de las emisiones, además del desarrollo de medidas adicionales coherentes con la limitación del incremento de la temperatura global a 1,5ºC.

Esta ratificación es el primer paso para el cumplimiento de nuestras obligaciones como grandes emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Alianza por el Clima espera que el proceso no se detenga ahí sino que, con la participación de la ciudadanía, se inicie la imprescindible transformación de todos los sectores que culmine con una economía descarbonizada en 2050.

Además, Alianza por el Clima ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que convoque próximamente un Consejo Nacional del Clima (CNC) donde se aborde, de manera participada y consensuada, la revisión de las estrategias nacionales para la reducción de las emisiones en todos los sectores productivos y la posición del Gobierno español en la próxima Conferencia de Cambio Climático (COP) de Marrakech, que tendrá lugar en noviembre. En los últimos años, el CNC se ha convertido en un órgano de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales en el que apenas se ha fomentado el debate sobre las grandes decisiones que hay que adoptar en materia de cambio climático.




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