Según la agenda oficial de Bruselas, los Estados deberán tomar una decisión sobre la firma y aplicación provisional del CETA con vistas a la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del 12 de octubre. Esta decisión será después objeto de aprobación sin debate en la cumbre del Consejo sobre Política General del 18 de octubre, antes de la cumbre UE-Canadá en la que tendría lugar la la firma del acuerdo, prevista para el 27 de octubre.
Sin embargo, el proceso de conclusión de los acuerdos encuentra varios obstáculos. Si fueran ciertas las últimas declaraciones del presidente Hollande y del Secretario de Estado para el Comercio Exterior, Matthias Fekl, Francia pedirá formalmente al Consejo y a la Comisión que se paralicen las negociaciones del TTIP. En los últimos debates en el seno del Comité de Política Comercial del pasado 9 de septiembre, varios Estados miembro, entre ellos Bélgica, Eslovenia y Austria, han señalado que sus gobiernos no estaban aún preparados para conceder plenos poderes a la Unión Europea (UE) en cuanto a la conclusión, firma y aplicación provisional del CETA.
Bulgaria y Rumania siguen reticentes a dar el sí definitivo al CETA, ante la negativa de Canadá de levantar la obligación del visado para sus ciudadanos, mientras que Polonia ha manifestado sus dudas con relación al sistema de resolución de controversias previsto en dicho tratado, alegando que el mecanismo dejaría a algunos Estados miembro sin representación (el sistema de resolución de controversias previsto en el CETA dispone el nombramiento de 15 jueces para el Tribunal de Primera Instancia y seis para el de Apelación). Por su parte, Grecia ha reiterado su oposición al CETA como consecuencia de la débil protección otorgada por el acuerdo al queso feta.
Por otro lado, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente y a pesar de la escasa legitimidad que tiene un Gobierno en funciones para tomar decisiones de este calado.
En este complejo escenario, la convención extraordinaria del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) votó hace unos días a favor de la resolución que la dirección había preparado para respaldar la línea política de su presidente, Sigmar Gabriel, que se empleó a fondo en los últimos meses para hacer propaganda a favor del tratado y maniobrar confundiendo a la opinión pública. Esta desconcertante decisión, que no respeta algunas de las líneas rojas asumidas previamente por el SPD, llega a unos pocos días de las movilizaciones que tuvieron lugar en siete ciudades alemanas y que congregaron a más de 320.000 personas en contra de los tratados comerciales.
Pese a todo, la agenda oficial de Bruselas aún no está cerrada. Las masivas movilizaciones en Alemania o el rechazo a los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones por parte de los principales sindicatos españoles expresado el pasado día 20 aún pueden resultar decisivos.
Para Ecologistas en Acción dada la extrema gravedad de las consecuencias que estos tratados acarrean, nadie puede mantenerse al margen, ya que la aplicación de los mismos afectará a todas las personas, arrebatándoles su soberanía como pueblo. Este otoño van a visibilizarse las voces de millones de personas que exigen la suspensión del CETA, así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.
