Solicitan medidas cautelares en el caso de Aznalcóllar

Ecologistas en Acción solicita medida cautelar de paralización y declaración de nuevos investigados en el caso de la adjudicación fraudulenta de la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

En escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, se solicita se tome declaración en calidad de investigados a María José Asencio Coto, Juan Manuel Revilla, José Salvador Camacho Lucena, Iván Maldonado Vidal, Pastora Sánchez de la Cuesta, José Marcos Acosta y Julio Ramos Zabala como presuntos autores de delitos de Falsedad, de Encubrimiento y Falso Testimonio, además de los posibles delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias y Negociación Ilegal, componentes de la Mesa de Contratación

Que igualmente se tome declaración en calidad de investigado por los mismos delitos a Vicente Cecilio Fernández Guerrero, Secretario General de la Dirección General de Industria Energía y Minas.

Que se tome declaración en calidad de investigado a Isidro y Mario López Magdaleno, consejeros del Grupo Magtel cuya filial es Minorbis, por los presuntos delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Fraude y Negociación Ilegal.

Que se ordene por este Juzgado la paralización cautelar de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros objeto del concurso y de las resoluciones y procedimientos administrativos que los amparan, y en particular, la adjudicación del concurso.

Aunque Juan Manuel Revilla Delgado, José Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado Vidal ya declararon ante la policía y solicitamos su imputación (figura que actualmente ha sido sustituida por la de investigados) en septiembre de 2015, por su participación como firmantes del escrito que constaba como Anexo 3 en relación con la participación de la Sra. Pilar Trujillano en el concurso público para la adjudicación de la mina de Aznalcollar, volvemos a solicitar nueva declaración, en calidad de investigados, de todos los miembros firmantes de ese Anexo 3, con objeto de que declaren sobre su contenido, así como de toda su participación como miembros de la Mesa de Contratación. Entendemos que los citados firmantes declaran hechos presuntamente falsos, que no se corresponden con la realidad, con el único fin confundir la investigación de los hechos y, por ello, los 6 firmantes de ese Anexo 3 podrían ser responsables de los delitos de Falsedad, de Encubrimiento, además de Falso Testimonio.

La entonces Directora General de Industria, Energía y Minas, Dª María José Asensio presentó en el Juzgado un escrito con fecha de 13 de abril de 2015, donde daba su versión del papel de Dª Pilar Trujillano, versión completamente contradictoria con lo declarado por Dª Pilar Trujillano en su declaración del 14 de julio de 2015. Por ello, además de la imputación por el delito de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Fraude, y Negociación Ilegal por lo que fue anteriormente imputada, pedimos que Dña. María José Asensio sea investigada por los presuntos delitos de Falsedad, de Encubrimiento, además de por el de Falso Testimonio.

En los siguientes escritos:

  • Informe de la letrada Dª Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez de Ibargüen, de 14 de mayo de 2015.
  • Informe de la Intervención Delegada de la Consejería de 19 de mayo de 2015, firmado por D. José Marcos Acosta Plaza.
  • Informe Directora General de Industria, Energía y Minas, Dª María José Asencio Coto, también de mayo de 2015.

Se afirma que no fue el consorcio Grupo México-Minorbis quien se presentó al concurso, sino solamente Minorbis, faltando a la verdad, alegando un hecho evidentemente falso y de gran trascendencia. Es por ello que los citados funcionarios, insistimos, deben ser llamados a declarar como investigados.

Respecto de D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero, emitió y firmó el informe de la Dirección General de Industria Energía y Minas, de 27 de agosto de 2015, donde afirma que el licitador y adjudicatario es Minorbis (sin nombrar a Grupo México), y además reconoce que Minera los Frailes S.L.U. es una entidad diferente. Es decir, se reafirma en la concurrencia en solitario de Minorbis, y reconoce que acepta la adjudicación una sociedad diferente; emite un acto administrativo que contiene patentes falsedades. Entendemos que debe ser citado como investigado, por los presuntos delitos Falsedad, de Encubrimiento, de Falso Testimonio, además de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias y Fraude.

Igualmente, Ecologistas en Acción entiende que D. Isidro y D. Mario López Magdaleno, consejeros del Grupo Magtel, cuya filial es Minorbis, no sólo son parte interesada y beneficiada de los presuntos delitos citados en este escrito al Juzgado, sino que probablemente colaboraron en su comisión y deben ser llamados en calidad de investigados por los delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Fraude, y Negociación Ilegal.

Ante esta situación jurídica, Ecologistas en Acción solicita también al Juzgado la paralización cautelar de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros objeto del concurso, y la suspensión cautelar de las resoluciones y procedimientos administrativos que los amparan, y en particular de la Resolución de 25 de febrero de 2015, dictada por Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se adjudica el concurso minero a Minorbis-Grupo México, así como de la posterior aceptación por Minera los Frailes SL y la Resolución de 3 de junio de 2016 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza a Minera Los Frailes la exploración de la reserva. Lo solicitamos, porque de probarse la ilegitimidad de la adjudicación, estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas.




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