Incumplimiento de la Ley de Transparencia

Después de más de un año en vigor de la Ley de Transparencia, la mayoría de las administraciones andaluzas siguen sin cumplir con la publicidad activa en la información pública.

El pasado 10 de diciembre se cumplió un año desde la plena vigencia para todas las administraciones de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Desde Ecologistas en Acción de Andalucía denuncian el incumplimiento generalizado de la obligación de publicidad activa en los procedimientos con trámite de información pública en los que las administraciones públicas deben publicar la documentación a exposición en sus sedes electrónicas, según dispone su artículo 7.e) y, en el mismo sentido, la Ley de Transparencia de Andalucía.

Para nuestra organización, el avance legal viene a remediar uno de los más importantes problemas que presentaba la participación de la sociedad en la gestión y control de los bienes públicos. Con la exposición física de estos documentos en sedes administrativas y en horario laboral resultaba bastante inoperante dicha participación social, la ciudadanía tenía que superar barreras de distancia, horarios y la vista in situ de una documentación, generalmente, profusa y compleja para poder plantear sus alegaciones con unas mínimas garantías.

A pesar del generoso plazo de aplicación de la Ley, criticado en su día por innecesario al contar la mayoría de administraciones con sedes electrónicas donde habitualmente publican documentos, desde Ecologistas en Acción denunciamos un incumplimiento completo por parte de la Junta de Andalucía y la mayoría de las corporaciones locales andaluzas. De las múltiples reclamaciones presentadas en todas las provincias sólo algunos ayuntamientos ha retrotraído el trámite para cumplir con la Ley.

Para la organización ecologista son denunciables los lamentables esfuerzos que hacen algunos responsables públicos para poner palos en la rueda de los avances democráticos antes que aplicarse en el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, así el Ayuntamiento de Motril resolvió la reclamación ecologista considerando que la ley no le era todavía de aplicación o el Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, mediante simple oficio, consideró que la obligación es para publicar disposiciones normativas llegando a afirmar, a pesar de la literalidad de la norma, que “sobre el tipo de documentos a los que hace referencia, no se encuentran comprendidos los procedimientos que en su fase de instrucción contemplan la información pública”.

Con todo, lo que más preocupa a Ecologistas en Acción de Andalucía es la excesiva lentitud en resolver las muchas denuncias que desde hace meses dirigen al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, como organismo independiente para velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Los hechos denunciados son fácilmente constatables de oficio por el citado organismo tomando los anuncios de los procedimientos en los diarios oficiales y comprobando el incumplimiento de la exposición de la documentación en las sedes electrónicas de las administraciones, donde a lo sumo insertan el propio anuncio, de ahí la creciente desconfianza de los ecologistas en si el Consejo cumplirá con sus funciones o actuará con servilismo ante las administraciones que ha de vigilar. Si no aprecian una actuación adecuada a sus funciones en los próximos meses se plantean instar a los grupos parlamentarios para que soliciten la comparecencia de su director ante la Cámara andaluza.

El incumplimiento de estas obligaciones en la fase de información pública supone la nulidad de los actos que se dicten. No es intención de Ecologistas en Acción perjudicar los intereses legítimos de nadie sino el justo cumplimiento del derecho de participación pública, en este sentido recuerdan que ante los posibles perjuicios que una eventual nulidad en vía administrativa o jurisdiccional afecte a los interesados en los procedimientos que han sido objeto de reclamación o denuncia podrán éstos solicitar la responsabilidad patrimonial a la Administración. También recuerdan que toda persona puede solicitar la nulidad de cualquier procedimiento con fase de información pública que no haya cumplido la obligación de publicidad activa siempre que se iniciase desde la entrada en vigor de la norma, que para la Junta de Andalucía fue el 30 de junio de 2015 y para las administraciones locales el 10 de diciembre de 2015, trámite de información pública que, además, cuenta con un tratamiento favorable muy constante y firme por la jurisprudencia.




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