El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobará previsiblemente en las próximas semanas el informe favorable sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Para Ecologistas en Acción es una acción insensata que muestra la falta de rigor del CSN.

La central de Garoña es idéntica al primer reactor de Fukushima-Daiichi y empezó a funcionar en 1971. Es una central de diseño antiguo tipo BWR (agua en ebullición) con un largo historial de incidentes graves para la seguridad, entre los que destaca la corrosión de elementos claves del circuito primario como el barrilete o de las penetraciones de las barras de control, que son los verdaderos frenos de la central.

Garoña está en unas condiciones de seguridad deplorables, pero el Gobierno del PP, ayudado por la falta de rigor del CSN, ha hecho de la continuidad de la central una cuestión política, más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50 % de Nuclenor, la propietaria de la central. Para facilitar esta continuidad, el CSN abrió primero un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), piedra angular de la seguridad nuclear, a la medida de Garoña.

Los informes del CSN y la extensa lista de condiciones que Nuclenor debe satisfacer son una muestra del lamentable estado en el que se encuentra Garoña. Las inversiones necesarias para poner la central en funcionamiento serán cuantiosas y pueden superar los 150 millones de euros, a pesar de lo cual no se garantizará la seguridad de la central. De hecho, el presidente de Iberdrola manifestó su nulo interés en reabrir la planta por el riesgo económico que entraña, por lo que es posible que la central no se ponga en marcha. De esta forma, el Gobierno del PP y el propio CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados.

Sn embargo, el problema radica en que si el CSN informa favorablemente sobre la reapertura de la central estará sentando dos graves precedentes válidos para el resto del parque nuclear español. Por un lado, otorgará un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España. Por otro, realizará un informe favorable a la autorización para reabrir la central, que en este caso funcionaría hasta los 60 años. En el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales. Por si esto fuera poco, en los últimos días las centrales están cobrando el kWh hasta ocho veces más de lo que les cuesta producirlo. No son beneficios caídos del cielo, sino que proceden de los bolsillos de las consumidoras y los consumidores.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, «el riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo”.