Segovia no debe autorizar nuevas granjas de ganado porcino

Ante la grave contaminación por nitratos que afecta a la provincia, Ecologistas en Acción de Segovia ha solicitado a la Junta de Castilla y León que actúe de manera decidida. Una primera medida imprescindible es dejar de otorgar nuevas autorizaciones o permisos de ampliación de las instalaciones de ganadería porcina: la provincia de Segovia cuenta con más de un millón de cabezas de cerdo que producen unos volúmenes de residuos que superan la capacidad acogida de los campos segovianos.

El “Informe de seguimiento de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario y propuesta de designación de zonas vulnerables”, recientemente difundido por la Junta de Castilla y León, ha confirmado el grave problema de contaminación por nitratos existente en las principales masas de aguas subterráneas de la provincia de Segovia. En muchos municipios se superan los 50 miligramos de nitratos por litro, nivel máximo permitido en la Unión Europea, llegándose en algunos casos a triplicar o cuadruplicar esa cifra. El informe citado reconoce que “…las medidas llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen agrario, han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas”.

Considerando el grave deterioro de la calidad de las aguas, la falta de resultados positivos de las medidas ya en vigor y las tendencias negativas que se auguran, Ecologistas en Acción de Segovia ha solicitado a la Junta de Castilla y León que establezca una moratoria que evite la creación de nuevas instalaciones porcinas o a la ampliación de las existentes en toda la provincia de Segovia.

La moratoria debería mantenerse en vigor al menos cuatro años, periodo necesario para realizar un estudio detallado de las instalaciones ganaderas y del itinerario real de los residuos, que sirva de base para la elaboración de un Plan que permita ajustar el número de cabezas de ganado hasta cifras compatibles con el mantenimiento del recurso agua.

Las dos medidas propuestas -la adopción de una moratoria de cuatro años para las explotaciones porcinas en la provincia de Segovia y la elaboración de un Plan de implantación de buenas prácticas y de reducción del número de cabezas de ganado hasta niveles compatibles con el mantenimiento del recurso agua- tienen un carácter complementario: la primera se propone con carácter urgente, en vista de la gravedad del problema y la necesidad de frenar el proceso de destrucción de los acuíferos; la segunda, de fondo, persigue adecuar la actividad ganadera desde criterios de sostenibilidad.

Ante los nuevos datos sobre la contaminación por nitratos de origen agropecuario, los sindicatos agrarios han declarado que “la gran mayoría de los agricultores y ganaderos cumplen con la legislación vigente”. Desde nuestro punto de vista, este argumento no hace sino reforzar nuestro diagnóstico: el problema de fondo es que el número de cabezas es excesivo y que, si se consideran de forma realista las prácticas de ganaderos y agricultores, la única medida viable, a corto plazo, es limitar el tamaño de la cabaña porcina.

El excesivo tamaño de la cabaña porcina segoviana puede comprobarse consultando los denominados “balances de nitrógeno” los municipios afectados por la contaminación, que se calculan comparando la cantidad de residuos producidos como resultado de la actividad ganadera con la superficie agraria existente para la aplicación de esos residuos en forma de abonos. Estos “balances de nitrógeno” -incluidos en el informe de la Junta de Castilla y León ya citado- revelan que en numerosos municipios hay una clara desproporción entre la cantidad de ganado y la superficie agraria existente. Por otra parte, la mejor prueba de que la carga ganadera resulta excesiva es la propia contaminación de las aguas por nitratos.

Hasta la fecha el beneficio económico y, por qué no decirlo, la ley del mínimo esfuerzo, se han impuesto sobre el cuidado de unos recursos naturales que son patrimonio de todos. Sin embargo, es necesario romper esa dinámica estableciendo límites que eviten que el propio sector agrario, movido por intereses de corto plazo, deteriore de forma irreversible un recurso que, paradójicamente, es el pilar de la futura actividad agraria en la provincia.




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