Exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que actúe con más celo

Ecologistas en Acción de Extremadura se ha reunido con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el pasado día 2 de febrero, para trasladar nuestra preocupación sobre diferentes problemáticas relacionadas con la protección de los ríos de nuestra región.

Una de las cuestiones fue la ridícula multa impuesta por la CHG a una empresa por actuaciones ilegales en el río Estena, Término Municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz). Según las explicaciones que se dieron, la multa se impuso por haber alambrado (cortando el paso de servidumbre) sin respetar la autorización que se concedió en su momento, por lo que queda al arbitrio del instructor del procedimiento el importe dentro del arco que la Ley de Aguas prevé para las infracciones leves. Aparte de ello, Ecologistas en Acción pidió explicaciones de por qué no se habían sancionado los importantes movimientos de tierra que se habían llevado a cabo en zona de servidumbre y que han afectado a la ribera del río, pero la Confederación considera que ésa es una cuestión que está fuera de sus competencias, atañendo, según dicen, al Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura.

Por otro lado, la representación de la CHG en la reunión no supo dar respuesta a las barreras pasa-aguas que han sido colocadas en el cauce del río Estena, por la misma empresa. Supuestamente no hay autorizaciones de ese tipo desde hace más de 20 años, pero a simple vista se aprecia que se trata de una instalación reciente que, sin embargo, no ha sido denunciada por agentes fluviales ni tampoco se ha abierto expediente sancionador por esa actuación. Por ello, la asociación exigió a la CHG que hiciesen respetar la Ley y abriesen el correspondiente procedimiento sancionador, ordenando la retirada de esas barreras que afectan considerablemente al cauce del río.

Otro tema planteado fue la ausencia de cauce en el río Matachel, en el tramo comprendido entre la Presa de Los Molinos (en Hornachos) y el Embalse de Alange. La Confederación reconoció que no se está respetando el llamado “caudal ecológico”, es decir, el agua necesaria que debe haber en un río para preservar los valores ecológicos del mismo, como los hábitats naturales que cobijan su riqueza de flora y fauna. Sin embargo, en ese tramo del río el agua ha desaparecido, y la vida natural con ella. Otras especies, aunque no se han ido del todo, encuentran ahora más dificultades para la supervivencia: las nutrias, por ejemplo, deben recorrer mucha más distancia para llegar hasta su alimento, los peces, viéndose además más expuestas a sus depredadores.

A juicio de Ecologistas en Acción de Extremadura, es una grave irresponsabilidad que las autoridades que deben velar por los valores hidrológicos y por la fauna y flora asociadas a ellos, permitan que el tramo de un río se seque, seguramente, debido a presiones políticas de los Ayuntamientos que se abastecen de la Presa de Los Molinos.

El último asunto que se trató giró en torno a los vertidos en dominio público hidráulico provenientes de las empresas Greenfuel (Los Santos de Maimona) y Consorcio Oleícola Extremeño (Mérida), donde la actuación de la Confederación ha sido absolutamente laxa. De hecho, recientemente el Juzgado de Instrucción nº 4 de Mérida ha notificado a nuestra organización, que está personada en el procedimiento penal por los vertidos del Consorcio Oleícola Extremeño, que la CHG renuncia a cualquier acción y que se aparta del citado procedimiento, a pesar de que los daños causados al dominio público hidráulico se han valorado en más de 130.000 euros. Resulta inexplicable y desquiciante que el organismo de la cuenca que debe velar por la protección de las aguas y del ecosistema asociado a él, renuncie a exigir ningún tipo de responsabilidad en este caso.

En resumen, Ecologistas en Acción de Extremadura agradece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la celeridad y disposición a la hora de reunirse con nuestra organización, pero echa en falta mucho más celo en su actuación como institución garante de la protección de los cauces públicos y, en definitiva, de la salubridad de nuestras aguas que, al final, de una manera u otra, acaban siendo consumidas por la población.