La ley del desconsuelo de Canarias

El Ejecutivo canario quiere desproteger el suelo para urbanizar más.

Diana Delgado Jiménez. Redacción. Revista Ecologista nº 91.

El gobierno canario ha presentado una ley que, si se aprueba, sentaría un precedente para la ordenación urbanística en todo el Estado español al dejar el ordenamiento territorial en manos de los ayuntamientos y poner en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva.

El pasado mes de noviembre, las canarias y los canarios volvieron a salir a la calle para denunciar un nuevo ataque a su territorio insular. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canarias), ha presentado para su aprobación en el Parlamento regional un proyecto de Ley del Suelo que pone en peligro el actual sistema de ordenación territorial y ambiental, que ya de por sí protegía el conjunto del territorio canario de una manera precaria. Antes de esto, en septiembre, se aprobaron las modificaciones introducidas en la Ley 6/2002 de ordenación de la actividad turística de La Gomera, El Hierro y La Palma, conocida como "ley de las islas verdes" y que sirvió de avanzadilla a este proyecto normativo que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley del Suelo de Canarias [1] llega, según sus impulsores, para acabar con el caos normativo en materia urbanística que existe en la región y simplificar un ordenamiento que se remonta a 1985 y que, según el preámbulo de la misma "puede considerarse una carga no solo por la complejidad de ese conjunto de leyes y reglamentos, sino también por la complejidad de algunas de las reglas que establece, por la rigurosidad formal excesiva de muchas, por las contradicciones entre ellas, por la imprecisión de otras, incluso por los vacíos existentes".

En nombre del interés singular

Esta justificación, sin embargo, esconde otros intereses. La llamada por algunos "ley del desconsuelo" dejará aún más desprotegido al territorio canario y terminará con el principio de sostenibilidad que había inspirado hasta ahora la legislación. Para Santiago Pérez, profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna, esta ley "introduce en el ordenamiento territorial del archipiélago unas figuras de planeamiento que permitirán derogar singularmente las normas de ordenación territorial y ambiental". El texto prevé la posibilidad de saltarse la normativa vigente sobre protección, en proyectos que tengan un "interés singular o autonómico" en los suelos rústicos con protección agraria, si bien mantiene las garantías para los "suelos rústicos con protección ambiental" (artículo 124).

Santiago Pérez denuncia que estos planes singulares disfrazados dan "carta blanca a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de las administraciones públicas", ya que serán estas las encargadas de decidir lo que significa "interés singular o autonómico".

Este tipo de actuaciones no son nuevas en las islas, explica Pérez. Por ejemplo, en 2008 se aprobó el plan territorial especial de ordenación turística de La Palma por medio de un decreto que el Tribunal Supremo anuló en 2015, y con el que se pretendía regularizar la situación de 3.000 camas turísticas en suelo rústico protegido de La Palma y crear cinco campos de golf en lugares integrados en la Red europea Natura 2000.

Ahora, se recurre a una norma con rango de ley en lugar de a un decreto porque, según el abogado, "en la tramitación de una ley se pueden saltar informes jurídicos, obviar la participación ciudadana en la elaboración de los instrumentos que afectan al medio ambiente y porque, aprobando esta ley, se impide el derecho a la tutela judicial efectiva".

La falta de control es también denunciada por Ben Magec-Ecologistas en Acción. Su portavoz, Yasmina Encinoso, opina que este procedimiento monofásico en la toma de decisiones sobre el territorio es una de las peores propuestas de la ley. "Nos convertiremos en la única Comunidad Autónoma que no solo permite a cualquier Ayuntamiento (grande o pequeño, con o sin recursos para hacerlo) elaborar y aprobar por sí mismo su planeamiento, sino que además, lo hará sin ningún órgano ni mecanismo de control supralocal”, afirma Encinoso. Y explica también que: “Igualmente sucederá con los cabildos, que aprobarán la ordenación de los espacios naturales protegidos de su isla sin ningún criterio de equilibrio territorial, y planes insulares con muchas menos implicaciones territoriales. Y todo ello, igualmente, sin control externo", reitera la portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

La simplificación administrativa de la que presume la propuesta de ley se materializa en la desaparición de las funciones de control de legalidad y aprobación definitiva que desempeña en la ordenación actual la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Una labor que queda ahora en manos de los 88 ayuntamientos insulares, según explica Eugenio Reyes, portavoz de la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible y miembro de Ben Magec–Ecologistas en Acción y que limita la participación ciudadana al período de exposición pública.

La Cotmac es un organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno regional. Se encarga de debatir, consultar y decidir, basándose en los informes que elabora, la gestión del territorio y el medio ambiente de las islas. En la toma de decisiones final participan los técnicos de la Consejería y colectivos y profesionales externos, como el Colegio de Arquitectos, asociaciones ecologistas, federación de municipios o de los cabildos insulares. Si desaparece la Cotmac, desaparece también un órgano de participación ciudadana que, aunque es mejorable, da cabida a las observaciones de los distintos colectivos y expertos externos.

Si la nueva ley se aprueba, cabe imaginar una nueva fase de urbanización, ya que, como señala Yasmina Encinoso, esta ley "dejará indefensa aquella parte del territorio que no es de nadie, en particular porque es de todo el mundo". Esta nueva forma de hacer las cosas, desde lo municipal hasta lo regional, permitirá, según sus palabras, que "cualquier plan actualmente de rango inferior, pueda modificar el contenido de planes superiores".

A su vez, la Unión Europea ha mostrado su preocupación por que la nueva ley sirva para escapar a los estudios de evaluación medioambiental necesarios para los planes de ordenación territorial. A una pregunta dirigida por la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, en septiembre, la Comisión Europea respondió que "el hecho de que un proyecto sea declarado ’de interés autonómico’ o calificado de ’actuación excepcional’ no debe ser óbice para la aplicación de las disposiciones europeas sobre medio ambiente" [2].

La defensa de la ciudadanía

Las reacciones de la ciudadanía no se han hecho esperar. A mediados de noviembre, se presentaron las primeras 500 denuncias individuales contra las modificaciones a la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. La queja múltiple fue redactada por Santiago Pérez y presentada ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Esta vía jurídica ha sido impulsada por la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, compuesta por personas a título individual, fundaciones (como la Fundación César Manrique), sindicatos, colectivos ecologistas, vecinales, agrarios, partidos políticos, etc.

Ben Magec–Ecologistas en Acción forma parte de ella. Como explica Yasmina Encinoso, "desde el absoluto respeto a las decisiones que se adoptan colectivamente, aportamos nuestra capacidad de convocatoria, los recursos, sobre todo humanos, y los conocimientos de que disponemos para que la población conozca el alcance de la Ley". La activista señala también que "hemos impartido decenas de charlas por todo el Archipiélago. Muchas de ellas han sido organizadas por colectivos externos que nos invitan a participar. Otras las organizamos nosotras, y otras las impartimos directamente en universidades y otros foros en los que conseguimos hacernos un hueco", apunta Encinoso.

El sector agrario tiene mucho que decir a propósito del proyecto de ley. Se introduce una figura polémica, la del "suelo rústico común" en el cual "serán posibles cualesquiera usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional", según reza el texto.

Así, algunos opinan que esto va a permitir destinar más terreno a los usos agrarios, mientras que para otros la ley pone en peligro a los pequeños agricultores. En un documento del 12 de septiembre, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias alertaba de que "los usos permitidos en suelo rústico en la nueva norma aumentan el riesgo de abandono progresivo de la actividad agraria en favor de otras que reportarían mayores ingresos a los propietarios [3]". Si bien esta organización no ha rechazado oficialmente la ley, sí mostró su disconformidad con los principales aspectos que recoge y que cree que pone en serio peligro la soberanía alimentaria de Canarias. Entienden que con ella, los municipios tendrán potestad para calificar los terrenos y decidir destinar el suelo rústico común a equipamientos, dotaciones o usos industriales según les parezca.

El único colectivo agrario que se ha mostrado favorable a la ley del suelo es la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), un sindicato en el que están representados mayoritariamente los grandes productores y los que cultivan productos para la exportación (plátanos, por ejemplo). Estos agricultores y ganaderos apoyan la aprobación del texto del que dicen servirá para agilizar trámites administrativos y propiciar usos complementarios del suelo rústico que no estaban permitidos antes.

Yasmina Encinoso, sin embargo, cree que el sector agrario es mayoritariamente contrario. "Los pequeños sindicatos agrarios, como UPA –explica–, se han posicionado en contra, al igual que muchos y muchas productoras ecológicas. UPA, en concreto, forma parte activa de la plataforma en Gran Canaria, y ha editado vídeos y recursos didácticos para difundir y dar a conocer los perjuicios de la ley tanto para el sector agrario como para el conjunto del territorio".

En la calle, ha habido manifestaciones en Tenerife, con cerca de diez mil personas (según datos de los organizadores) el 26 de noviembre, y en Gran Canarias y La Palma, el 3 de diciembre.

El dictamen de los científicos

También los científicos han mostrado su repulsa a esta normativa y piden la modificación del proyecto de ley antes de su aprobación definitiva. Cinco miembros de los seis que componen el gabinete científico de la Reserva de la Biosfera, en Lanzarote, han remitido al Cabildo un informe [4] en el que dicen que el proyecto de ley contradice los principios de sostenibilidad por los que la Unesco nombró a Lanzarote Reserva de la Biosfera en 1993. El escrito, que ha sido enviado al Consejo de la Reserva de la Biosfera, confirma que el proyecto de ley del suelo "plantea un modelo de planificación territorial que dificulta la necesaria visión global que requiere la aplicación de los principios de sostenibilidad". Explican que con la nueva ley el Cabildo no podrá planificar Lanzarote en su conjunto, ya que desaparece la figura de plan insular con el que la institución insular podía reclasificar suelo urbanizable en rústico por razones de sostenibilidad o modelo insular. Asimismo, consideran que la mención que el proyecto de ley hace al cambio climático es insuficiente y denuncian que "en el suelo rústico, el proyecto prioriza el interés económico sobre lo ambiental y lo social".




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