Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que comunique a las comunidades autónomas la ilegalidad de otorgar prórrogas para producir cloro con tecnología de mercurio después de 2017.

El Real Decreto Legislativo 1/2016 y el más reciente Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, obligan a dejar de utilizar mercurio en las fábricas de cloro antes del 11 de diciembre de 2017, como lo ha hecho la práctica totalidad de las instalaciones europeas y españolas. Además, las autoridades españolas confirmaron a la Unión Europea, mediante carta del 24/04/2015 (EU Pilot 7343/115/ENVI), que todas las instalaciones afectadas por la prohibición habían recibido instrucciones expresas para el desmantelamiento de las celdas de mercurio.

A pesar de ello, en varias comunidades autónomas se está tramitando la autorización del uso de mercurio para la producción de cloro después de esa fecha, un evidente incumplimiento que conllevaría inevitables sanciones de la UE al Estado español. Pero hasta que lleguen esas sanciones, las empresas podrán seguir produciendo cloro unos años más con una tecnología anticuada y contaminante.

Según el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, «el mercurio es una sustancia muy tóxica que representa una gran amenaza mundial para la salud humana, en particular en forma de metilmercurio presente en el pescado y el marisco, los ecosistemas y la flora y fauna silvestres. Debido al carácter transfronterizo de la contaminación por mercurio, entre el 40 % y el 80 % de la deposición total de mercurio en la Unión tiene su origen fuera de su territorio. Se justifica, por consiguiente, la adopción de medidas locales, regionales, nacionales e internacionales».

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al MAPAMA que comunique cuanto antes a las comunidades autónomas la ilegalidad que supone otorgar prórrogas para la producción de cloro con tecnología de mercurio. Sin contar que por otra parte, la posibilidad de obtener prórrogas sentaría un peligroso pretecedente para otros sectores industriales o productivos afectados por la normativa anticontaminación.