Aprobada la Ley Aarhus

Ocho años después de la firma del Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Aarhus, 25 de junio de 1998) finalmente, el pasado jueves 29 de junio las Cortes Generales aprobaron la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El objeto de esta Ley largamente esperada por el movimiento ecologista es trasladar al ordenamiento jurídico español las disposiciones del conocido Convenio de Aarhus, así como las Directivas 2003/3 y 2003/35.

Tras un procedimiento muy participativo, en el que el Ministerio de Medio Ambiente expuso el borrador de Ley a un amplio número de organizaciones social, el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes Generales el pasado 16 de diciembre de 2005 el Proyecto de Ley, definitivamente aprobado la pasada semana.

Entre las principales novedades a destacar del texto merecen señalarse la ampliación y mejora del concepto de lo que se ha de entender por “información en materia de medio ambiente”, la reducción del plazo de que dispone la Administración para remitir dicha información al solicitante, de dos meses a tan sólo uno, la ampliación de las garantías de participación en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de concesión de la autorización ambiental integrada, la regulación del Consejo Asesor de Medio Ambiente con rango legal -a salvo de vaivenes políticos como en tiempos del ex-Ministro Matas-, el reconocimiento de las organizaciones ecologistas de la capacidad para recurrir los actos que vulneren la legislación ambiental y su acceso a la justicia gratuita.

Ecologistas en Acción, que desde el primer momento participó activamente en la redacción del texto legal, lamenta la falta de ambición a la hora de reconocer una auténtica acción pública en materia de medio ambiente así como la articulación de nuevas medidas participativas que refuercen verdaderamente la intervención ciudadana en los procesos de toma de decisiones, al tiempo que reconoce los decididos avances y mejoras que esta Ley supone.

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