Ecologista nº 93

  Sumario  

 Editorial

El ecologismo social no se detiene

Ser ecologista es una actividad de riesgo también en España. Hasta ahora conocíamos las detenciones, desapariciones y asesinatos que se producen en países como Honduras, uno de los más peligrosos, y recientemente Argentina.

La defensa del derecho a la tierra y contra su acaparamiento por parte de multinacionales y gobiernos, con total impunidad, cuesta la vida a los activistas en otros continentes. Pero en el Estado español también hay acoso contra las personas ecologistas. Conocemos bastantes casos, aunque algunos no han trascendido. Sin embargo, la trampa tendida a nuestro compañero Juan Clavero, veterano y tenaz activista gaditano, llevada a cabo con oscuras complicidades, no puede quedar impune.

Juan Clavero. Ilustración A. Espinosa.

Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción de Cádiz fue detenido y llevado a los calabozos el 26 de agosto al finalizar un recorrido para revindicar la apertura de caminos cerrados por terratenientes en la Sierra de Grazalema. Un supuesto activista que participó en esa marcha era el compinche de los mafiosos. Al finalizar el recorrido, el acompañante pidió a Clavero que le llevara en su furgoneta y aprovechó para esconder una bolsita con cocaína. Minutos antes de que la Guardia Civil echara el alto al portavoz de Ecologistas en Acción, el cómplice de los mafiosos se había despedido. Dos agentes detuvieron a Clavero, sin ni siquiera pedirle que se identificara, acusado de tráfico de drogas.

Un mes antes, Ecologistas en Acción de Cádiz denunció el cierre de varios caminos públicos en la Sierra de Grazalema por parte de una empresa de capital extranjero que ha decidido invertir sus dineros comprando grandes extensiones de terreno. El compromiso de Juan Clavero con el ecologismo social viene de atrás. Una trayectoria sin tacha, como han reconocido decenas de políticos, integrantes de colectivos sociales y ecologistas, que rápidamente desataron una ola de solidaridad en contra de este montaje.

El juez ha dado la razón a Clavero. "Es un conocido activista medioambiental", dice el auto,"víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros, involucrándolo en un delito del que no existe indicio alguno". Además, el juez denuncia que las administraciones no están haciendo nada ante los caminos públicos que son "ocupados o invadidos por propietarios privados".

Esto lo saben las personas activistas de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos (PICP) que surgió precisamente en Andalucía hace más de diez años, hartas de no poder acceder al campo. Los señoritos se siguen apropiando de lo que no es suyo. Ahora la PICP cuenta con más de quince organizaciones, de todo el Estado español y Portugal, portavoces de miles de personas que sufren el cierre de caminos públicos por parte de los poderosos. Ciudadanas y ciudadanos en todos los puntos del país se ven obligadas a saltar cancelas para acceder al medio ambiente.

Han puesto puertas al campo. En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón... El campo y nuestros pueblos también son un nicho de mercado. Banqueros, políticos, constructores, dueños de grandes empresas, la realeza europea y otros personajes de las revistas del corazón, organizan sus cacerías en estos cotos y en ellos se maquinan negocios y pelotazos de alcance, en fiestas de alto nivel en las que corre algo más que champán... Los propietarios de estas fincas tienen apellidos bien conocidos, incluso vínculos con tramas corruptas.

La historia se repite. Los terratenientes no quieren respetar lo que es de todos. Por eso molesta que Juan Clavero revindique el derecho al disfrute de la naturaleza. Lo mismo que se ven obligadas a hacer centenares de personas en las marchas camineras para exigir que se abran los caminos públicos. ¡A desalambrar, A desalambrar!




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