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A mitad de agosto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió a la multinacional Repsol el permiso para buscar petróleo en aguas próximas a las islas Canarias. Antes, a finales de mayo, el ministerio con competencias en Medio Ambiente emitió una Declaración de Impacto Ambiental positiva para este mismo proyecto. En ambos casos se incurrieron en irregularidades flagrantes, como las de escamotear informes determinantes, no respetar los periodos de información pública, etcétera, forzando al máximo los plazos para favorecer los intereses de la empresa petrolífera. Los procedimientos formales han sido un paripé para arropar una decisión tomada de antemano.

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