Ante el anuncio del Gobierno sobre sus planes de privatizar determinados servicios de transporte, como forma de reducir el déficit, Ecologistas en Acción manifiesta que lo realmente urgente es dejar de construir infraestructuras sobredimensionadas y ruinosas. Además, está por demostrar que la gestión privada de los servicios de transporte sea más eficiente que la pública. Lo que sí es claro es que este modelo no será más social.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acaba de anunciar la intención del ejecutivo de “liberalizar (léase privatizar) determinados servicios” como las infraestructuras de transporte. Previsiblemente se aprobará un paquete de medidas en este sentido el próximo Consejo de Ministros.

Ecologistas en Acción señala que lo realmente ruinoso es nuestra política de construcción indiscriminada de infraestructuras, que dilapida enormes cantidades de fondos públicos en obras que no tienen la más mínima rentabilidad económica ni social, sin hablar ya de sus problemas desde el punto de vista ambiental o territorial.

Por ejemplo, el Gobierno ha manifestado su intención de construir el AVE a Galicia, pese a que costará 8.517 millones de euros según la ministra de Fomento, y a que los estudios de demanda realizados por el propio ministerio muestran que será inferior a tres trenes diarios por sentido. Para ello está pidiendo miles de millones de euros en créditos al BEI, al tiempo que, semana sí y semana también, se recortan las partidas en temas sociales. Sin ir más lejos, en el mismo Consejo de Ministros que se aprobó un recorte de 10.000 millones de euros para sanidad y educación se decidió asignar casi 1.000 millones de euros (927 millones) para una treintena de kilómetros de esta infraestructura.

Un análisis similar se puede hacer de la totalidad de las líneas de AVE en construcción, toda vez que ni siquiera la que más tráfico tiene, la Madrid – Barcelona, alcanza la densidad de tráfico que permite que los billetes sufraguen el gasto y la amortización de la línea. Y eso sin olvidar que el precio de los billetes está muy por encima del alcance de buena parte de la población.

Conviene recordar que somos el segundo país del mundo, tras China, en cuanto a kilómetros de alta velocidad, pero estamos a la cola en su utilización. Los líneas de alta velocidad japonesas, por ejemplo, tienen una utilización 14 veces superior a las españolas; las francesas, 5 veces. Es decir, hemos despilfarrado miles y miles de millones de euros, y seguimos haciéndolo, en unas líneas elitistas que apenas se usan y que mucha gente no podría utilizar aunque quisiera. Ese agujero negro no se arregla con la privatización del servicio, lo que hace falta es suspender de inmediato la construcción de más kilómetros de AVE.

Además de en los servicios ferroviarios de pasajeros, la “liberalización” previsiblemente se va a centrar en los servicios aeroportuarios. Aena es el gestor aeroportuario con más pasajeros del mundo y, a la vez, el que más dinero pierde (tiene una deuda de 14.943 millones de euros). No es de extrañar: hay aeropuertos que no llegan a los 8 viajeros/día (Huesca), al tiempo que la mayor parte de la deuda de este organismo público proviene de las desmesuradas ampliaciones de El Prat (con tres veces más capacidad que demanda) o Barajas (se licitó por 1.745 millones de euros, pero acabó costando más de 6.200 millones). A pesar de ello, aún se continúa con la construcción de más aeropuertos (el siguiente en inaugurarse, otro fiasco económico, será el de Corvera, en Murcia).

Nuevamente, para Ecologistas en Acción, lo que hace falta es cerrar gran parte de los aeropuertos sin apenas utilización, abandonar los proyectos de otros nuevos y racionalizar las inversiones, no privatizar su gestión, malvendiéndola mientras el Estado se queda con la deuda como ahora se pretende. Lo único que parará la sangría de fondos (que se detraen de inversiones sociales, no lo olvidemos) es parar nuestra ruinosa e hipertrófica política de construcción de infraestructuras de transporte.