La sociedad civil se moviliza para pedir a Bruselas una normativa que imponga este límite de velocidad de forma generalizada en las calles europeas.

Samuel Martín-Sosa y Mariano González, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 76.

Desde finales de 2011, en perspectiva de la aprobación de esta nueva herramienta, Ecologistas en Acción ha venido trabajando sobre la idea, junto con otras organizaciones europeas y bajo la coordinación de la organización alemana EUGENT, de promover la implantación de un límite de velocidad de 30 km/h en las ciudades europeas. La idea surgió a raíz de la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de una resolución (no vinculante) instando a los municipios europeos a establecer una limitación de 30 km/h en todas las áreas residenciales y en la calles de un solo carril que no dispusieran de carril bici adicional. La resolución se enmarcaba dentro de un paquete de medidas más amplio que tenía entre sus objetivos reducir a la mitad las muertes por accidente y atropello en Europa.

Un punto crucial de la campaña ha sido ganar el argumento de que la velocidad en las ciudades es competencia europea, una batalla que algunas organizaciones vienen librando desde hace muchos años y un requisito indispensable para pasar a la recogida de firmas. Desde que la Comisión Europea publicó en 1986 su comunicación Limitación de Velocidad en la Comunidad COM 86/735, no ha vuelto a posicionarse sobre este tema. Sin embargo la UE tiene unos objetivos ambientales y de seguridad claros, establecidos en distintos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y una herramienta como los 30 km/h en ciudad contribuiría a lograrlos. Así lo ha entendido la Comisión al registrar esta iniciativa ciudadana europea (ICE) como válida, aunque para asegurar su aceptación el texto hace referencia explícita a las “zonas residenciales urbanas” en lugar de hablar de la ciudad en general.

La campaña en el Estado español

En nuestro Estado la campaña arrancó en diciembre de 2012 de la mano de Ecologistas en Acción, Conbici, Andando y Stop Accidentes. Sin embargo otras organizaciones como CC OO o Adega ya se han sumado, y la campaña está abierta a todas las organizaciones que quieran participar en las actividades y especialmente en la recogida de firmas. La campaña tiene una web (http://es.30kmh.eu) desde donde se pueden descargar los pliegos de firmas o directamente firmar online. Allí también se publican las novedades de la campaña. La recogida de firmas se extenderá hasta finales de octubre de 2013.

Establecer una limitación de velocidad de 30 km/h en las zonas residenciales es una medida eficaz para reducir la siniestralidad vial, rebajar la contaminación y estimular el uso de modos de transporte más sostenibles, como la marcha a pie y en bicicleta. Las ventajas son múltiples, y de forma transversal se avanza hacia el objetivo de conseguir ciudades más habitables, más lentas, más adecuadas al ritmo de las personas.

Reducir la velocidad a 30 km/h implica:

- las posibilidades de morir atropellado son 9 veces menores que a 50km/h;
- una reducción del nivel de ruido de 3 dBA (el 80% de la contaminación acústica de nuestras ciudades viene causado por el tráfico rodado);
- reducir el consumo de combustibles de automoción y por tanto, su importación;
- incentivar el uso de la bicicleta por parte de usuarios que actualmente no se atreven a usarla;
- contribuir a los objetivos climáticos;
- una importante mejora en la salud de las personas por la reducción de la contaminación del aire.

Firma en: https://www.ecologistasenaccion.org/article24716.html o en http://es.30kmh.eu

¿Qué es una Iniciativa Ciudadana Europea?

A mediados de 2012 entró en vigor en la Unión Europea (UE) una herramienta que permite a los/as ciudadanos/as comunitarios/as promover la creación o modificación de leyes. Se trata de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una especie de Iniciativa Legislativa Popular a nivel de toda la UE en la que el requisito son un millón de firmas recogidas en al menos 7 Estados miembros (una cuarta parte del total de la UE). Existe una cuota de firmas por cada país, correspondiéndole al Estado español algo menos de 40.000.

Antes de empezar a recoger las firmas la Comisión Europea se posiciona sobre si el asunto que los ciudadanos quieren promover cae o no en las competencias políticas de la UE. Una vez otorgada la luz verde por parte de la Comisión, el plazo para recoger las firmas es de un año. Finalizado el plazo, las firmas reunidas se presentan a las autoridades competentes para que las certifiquen. Después se entregan en la UE, y el Parlamento europeo organiza una audiencia con los promotores para escuchar sus argumentos a favor de que la Comisión proponga piezas legislativas sobre el asunto en cuestión. Por último, la Comisión decidirá y comunicará si acepta la propuesta legislativa hecha por la población o no.