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Decisión de la Comisión rechazando la prórroga

La Comisión Europea ha rechazado la concesión de una prórroga de cinco años solicitada por el Ayuntamiento de Madrid para cumplir con los valores límite de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). Tal y como venía denunciando Ecologistas en Acción, la Comisión reconoce que el Ayuntamiento no ha tomado las medidas necesarias para atajar este problema. Previsiblemente Madrid deberá rendir cuentas ante el Tribunal Europeo, lo que podría desembocar en una multa millonaria para el Estado español.

La Comisión Europea acaba de hacer pública su decisión de desestimar la solicitud de prórroga presentada en mayo de 2012 por el Ayuntamiento de Madrid, para poder retrasar cinco años (hasta el año 2015) el cumplimiento de los valores límite de contaminación por NO2, que eran exigibles desde 2010.

Como no podía ser de otra manera, señala en su escrito que el tráfico local es la principal causa de los altos niveles de contaminación por NO2 que se registran en la capital (el 70%), incumpliendo desde al menos 2004 los valores límite establecidos por la legislación de la UE. Coincide así con la denuncia recurrente de Ecologistas en Acción en los últimos diez años.

El escrito de la Comisión indica además que el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015, aprobado por el Ayuntamiento en abril de 2012, precisamente para poder solicitar la prórroga, no garantiza adecuadamente que se puedan reducir los niveles de contaminación por NO2 dentro del plazo de la prórroga solicitada (año 2015). Así, se señala que el efecto total máximo de las medidas que contempla el plan (en el caso de que realmente se aplicaran) sería una reducción de 19 microgramos por metro cúbico (µg/m3) en el valor medio anual de NO2, cuando sería necesaria una reducción de por lo menos 28 µg/m3 para que Madrid cumpliera con los niveles legales.

Además, la Comisión resalta que Madrid incumple estrepitosamente el valor límite horario de NO2, ya que la directiva sólo permite 18 superaciones al año del valor límite legal en cada estación, y en Madrid este límite se incumplió en el año de referencia (2010) en 6 estaciones, y en una de ellas, Fernández Ladreda, el límite se vulneró en 76 ocasiones.

Finalmente, la Comisión aprovecha el escrito para criticar «que el Reino de España excedió en 2010 el techo nacional de emisión de óxidos de nitrógeno con arreglo a la Directiva 2001/81/CE», añadiendo que «es importante cumplir las obligaciones impuestas por esa Directiva, para que tanto en España como en los Estados miembros vecinos puedan cumplirse los valores límite legales de contaminación por NO2». Es decir, otro varapalo a la gestión de la calidad del aire en España, en este caso dirigido al Gobierno central.

Como conclusión, la Comisión considera que «sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas en los planes de calidad del aire pertinentes» y en consecuencia, deniega la solicitud de prórroga presentada por el ayuntamiento de Madrid.

Consecuentemente con esta denegación de prórroga, la Comisión debe ahora llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este proceso debería desembocar en la imposición de una multa al Estado español. Aparte de una suma a tanto alzado, el Tribunal podría imponer una multa coercitiva por cada año de incumplimiento con la legislación de calidad del aire desde que el valor límite de NO2 es obligatorio (2010), multa que se prolongaría en el tiempo mientras se siguieran produciendo las superaciones. De momento Madrid lleva tres años sin cumplir (2010 a 2012), y nada hay sobre la mesa que permita pensar que esta situación vaya a cambiar. Por lo tanto, si se sigue sin adoptar medidas eficaces de reducción del tráfico en la capital, como viene reclamando Ecologistas en Acción desde hace más de una década, no solo sufrirán nuestros pulmones. Desde ahora también repercutirá en nuestros bolsillos.

Ecologistas en Acción lleva años denunciando que los sucesivos planes de reducción de la contaminación aprobados por el consistorio no contienen medidas que limiten el uso del coche en la ciudad en la intensidad que se requiere para garantizar una adecuada calidad del aire, lo que los convierte en documentos sin ambición, de cara a la galería. Ahora, la Comisión Europea nos da la razón y se la quita al Ayuntamiento.