Ecologistas en Acción comparte la valoración negativa que la plataforma gallega Salvemos Cabana hace sobre la reorientación de la compañía hacia el sector de la minería metálica y la firma de un acuerdo entre su filial Valoriza Minería y Macquarie Capital, en un cambio de estrategia que pretende el acaparamiento de derechos mineros por todo el Estado y la reapertura de viejos filones de oro, cobre, wolframio y otros metales bajo la excusa del desarrollo económico y fomento del empleo en épocas de crisis.

Tal como ha señalado la multinacional española, «en virtud del acuerdo, Valoriza Minería y Macquarie se complementarán para llevar a cabo proyectos en fase avanzada o en operación encuadrados inicialmente en la Península Ibérica», inicialmente en zonas como Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, financiando las adquisiciones «mediante fondos propios o acudiendo a mercados internacionales e inversores privados», lo que supone de facto una apuesta por proyectos meramente especulativos, ya cancelados como el Corcoesto, en Galicia, o el de Salave en Asturies, y un más que evidente intento de desarrollo de la megaminería a todos los niveles en las zonas implicadas, con los consecuentes perjuicios ambientales y sociales que la actividad extractiva a gran escala puede ocasionar, como se ha demostrado por el elevado número de conflictos contra los abusos de las grandes corporaciones mineras que se han desarrollado a lo largo y ancho del mundo en los últimos años.

Aunque Raj Khatri, responsable de la división Metals and Mining de Macquarie Capital Europe ha afirmado públicamente que «la colaboración entre Valoriza Minería y Macquarie representa una oportunidad única para crear valor», la realidad es que tanto en Galicia como en otras muchas zonas peninsulares la minería de gran porte no tiene ni tendrá en el futuro licencia social para su desarrollo, al tratarse proyectos de escaso horizonte temporal pero que al cabo de los años pueden acarrear graves impactos ambientales por lo que el concepto de «minería sostenible» no deja de ser una mera estrategia de comunicación creada por el sector extractivo con el único fin de beneficiar las cuentas de resultados de sus accionistas e inversores.

Quizás el mejor ejemplo para comprender esto sea lo ocurrido en la mina de oro de Boinás-El Valle, en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda. Operada por Kinbauri Gold, filial de la corporación canadiense Orvana Minerals, y habitualmente promocionada desde la industria como el ejemplo a seguir a nivel de responsabilidad medioambiental, acumula sanciones por la grave contaminación que está provocando su actividad, en total más de 326.000 euros impuestos en 2014 por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la gravedad de sus vertidos tóxicos de elementos como selenio, arsénico, fluoruros, cianuro y metales pesados a la cuenca del río Narcea.

Ecologistas en Acción valora la cancelación oficial de proyectos mineros como el de Salave en Asturias y Corcoesto en Galicia y la oposición rotunda de las comunidades como un claro indicador de la inviabilidad de este tipo de iniciativas en territorio peninsular. El auge del neoextractivismo derivado de la crisis financiera internacional no deja de ser, en definitiva, un intento moderno de recuperar el espíritu de la África colonial del siglo XIX, continente hoy desolado en la lucha por los recursos y el saqueo de las grandes corporaciones transnacionales.