La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía«. Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Según Ecologistas en Acción en España el 40% del suelo esta amenazado por los procesos de desertificación, y Almería es una de las provincias en las que este riesgo es mayor. Entre los principales factores que desencadenan esta situación se encuentran la explotación insostenible de los recursos hídricos, que es causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de los acuíferos. Los incendios forestales recurrentes (como los que arrasaron más de 1500 hectáreas en Lucainena de las Torres o más de 3200 en Alhama de Almería el año pasado) son otra de las causas de pérdida de suelo a la par que disminuyen la recarga de los acuíferos.

Aunque los sucesivos gobiernos han recalcado que la protección de los suelos es una de las prioridades del Estado y de la Comunidad Autónoma, la realidad es que este aparente interés se desvanece entre promesas y retóricas vacías. Está claro que a pesar de que el diagnóstico cartográfico y científico del problema inducen a pensar que se sabe técnicamente como frenarlo no se toman las medidas adecuadas. En Almería, al contrario, la Administración sigue permitiendo y motivando las actividades que más daño hacen al suelo y a la disponibilidad de agua en la provincia, recalificando extensas zonas de suelo forestal para uso agrícola.

Para Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de protección de suelos deben tener como principal objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de las tierras agrícolas, de los recursos hídricos y de la ordenación del territorio. Sin embargo, las políticas que lleva a cabo el Gobierno Andaluz en materia agrícola e hidrológica se alejan cada vez más de un modelo de desarrollo sostenible que pudiera prevenir la degradación de nuestras tierras.

El ejemplo más dramático (pero no único) de esta sinrazón de la Administración Autonómica en la provincia es el Río Aguas en Sorbas. Se trata del último manantial del que fluye agua en la zona kárstica y el más importante por dar lugar a la existencia de un ecosistema único, un oasis en la zona más árida de Europa. Su caudal se ha reducido en torno al 90% en los últimos años.
La razón de ello según expertos como el profesor de Geología de la UAL Jose María Calaforra, es la sobreexplotación del acuífero del que se nutre el Río Aguas, acuífero, cuya zona de recarga principal se encuentra en la llanura entre Sorbas y Tabernas.

La Junta de Andalucía ha concedido en los últimos años muchos permisos de dudosa legalidad para transformación en regadío y para extracción de agua en esta zona, algunos de los cuales han llevado a que sean imputados el Delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y otros responsables de la Junta por presunto delito de prevaricación. Ecologistas en Acción, además de personarse en dicho procedimiento penal, ha solicitado a la Junta información sobre el resto de permisos concedidos en la zona y tras seis meses de espera y los plazos legales más que cumplidos, va a iniciar un procedimiento Contencioso-Administrativo contra la Junta por negación del Derecho de Acceso a la Información Ambiental tal y como recoge el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2004.

Más de 10 años después algunos responsables políticos aún no se han enterado y siguen creyendo que la Administración Pública es su cortijo.