Un plan minero impulsado por una multinacional amenaza varios municipios del Pirineo navarro-aragonés.

Óscar Pueyo, Juan C. Gracia, Antonio M. Casas y Carlos Revuelto [1]. Revista El Ecologista nº 88.

Una multinacional australiana quiere poner en marcha un proyecto compuesto por varias minas de explotación de potasas y sal a lo largo del Pirineo navarro-aragonés que tendrá un grave impacto ambiental. La Mina Muga es el primero.

Hace unos meses tuvimos noticia de la existencia de un grupo de proyectos mineros, compartimentados, previstos a lo largo de 550 kilómetros cuadrados y que se pretenden llevar a cabo desde la Sierra del Perdón, en Navarra, hasta el Puerto de Santa Bárbara, en Bailo, provincia de Huesca. En una zona que estos planes definen como económica y poblacionalmente deprimida, nido para proyectos de esta índole.

La primera de las solicitudes de explotación, se presentó en julio pasado. Es el proyecto de la Mina Muga que afectará, principalmente, a las localidades de Undués de Lerda (61 habitantes) y Urriés (37 habitantes), en Zaragoza, y Javier, (103 habitantes) y Sangüesa (5.020), en Navarra, pero con impacto en más municipios, y que se quiere desarrollar durante más de 24 años.

La ciudadanía de estos pueblos, algunos muy pequeños, se ha movilizado y a mediados de 2015 creó la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas [2]. Los vecinos y vecinas han tenido que ‘descubrir', casi sobre la marcha, los cauces democráticos de participación e incorporar a su léxico cotidiano términos geológicos y mineros y lecturas aceleradas de normativas.

Sólo en la Mina Muga está prevista la extracción de seis millones de toneladas anuales de sal y potasa del subsuelo, de los cuales un millón, según datos de la empresa minera, serán potasa y otro millón sal para las carreteras. A pesar de que el proyecto de Muga es una pequeña parte de uno de grandes dimensiones, no deja ser de proporciones faraónicas. Va a generar cada año cuatro millones de toneladas de residuos en las plantas de tratamiento, instalaciones que tendrán también grandes dimensiones, superiores a la extensión de algunos de los municipios afectados.

La potasa es un óxido de potasio que se obtiene principalmente de dos minerales: la carnalita y la silvina. Su formación aparece habitualmente asociada a halita (sal común) y se utiliza para la producción de fertilizantes, explosivos o productos para la industria química.

No obstante, el informe de la empresa califica el proyecto de la Mina Muga como “sostenible”, de “vertido cero” y de “ciclo cerrado”.

Estos criterios, con resonancias positivas, se desvanecen cuando se estudia con ojos técnicos. Se plantea como “sostenible” explotar un recurso no renovable hasta su extinción. Un sistema cerrado que requiere la incorporación todos los años de casi un millón de metros cúbicos de agua y un “vertido cero” que implica cuatro millones de toneladas de estériles mineros anuales.

Como en cualquiera de estos proyectos, lo primero a tener en cuenta son la magnitud y afecciones potenciales, en este caso proporcional al volumen del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Mina Muga que consta de más de 5.800 páginas.

Un plan minero de grandes dimensiones

Sin embargo, esta mina, es sólo el inicio de un plan minero monumental que afectará a más de 50 municipios del Pirineo navarro-aragonés. Los permisos de exploración e investigación afectarán a municipios de Aragón como Navardún, Urriés, Undués de Lerda, Sos del Rey Católico, Los Pintanos, Isuerre, Lobera, etc. Y en Navarra a Liédena, Yesa, Javier, Sangüesa, Zabalza, Belascoain Puente la Reina y otras tantos pueblos. Todos ellos se verán afectados no sólo por las minas, ya hay pedidos más de 15 permisos de exploración, también por el impacto de la línea de alta tensión que se va a levantar, las carreteras y otras obras previstas, además de por el paso centenares de camiones.

Al frente del proyecto minero está la empresa española Geoalcali S.L., filial de la multinacional australiana Highfield Resources, cuya principal actividad no es la minera, sino la especulación financiera, a través de fondos de inversión.

Ante la movilización ciudadana de la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas, la empresa, rápidamente, ha pasado de mantener reuniones con promesas de campos de fútbol y regalos a los ayuntamientos, a organizar charlas ‘divulgativas» sobre los beneficios sociales y económicos que vienen a paliar la situación de decadencia y crisis por parte de un nuevo Mr. Marshall, en este caso australiano. La multinacional anuncia miles de puestos de trabajo en la zona, que han ido variando según la presión vecinal [3].

Mientras, la movilización ciudadana es cada vez mayor, pero no es suficiente. En los medios de comunicación la empresa vende las bondades del proyecto pero ha rechazado cualquier debate público con la plataforma o los técnicos que la asesoran.

La evaluación de impacto

La evaluación ambiental debería ser un análisis de impactos y de investigaciones rigurosas desde la prevención y la participación pública. Sin embargo, la vorágine burocrática hace que sea, muchas veces, un simple acto administrativo como en el caso de la Mina Muga.

Más allá de “cumplir la ley”, la perversión aparece cuando un proyecto faraónico como el previsto en el Pirineo de Navarra y Aragón, se limita a cumplir las mínimas valoraciones. Además, el sistema actual de participación pública sólo parece desarrollarse cuando los afectados, en muchas ocasiones sin conocimientos técnicos suficientes, tras ver como se alterará su modo de vida y su entorno se adentran en denunciar las carencias del proyecto. Como norma general, las alegaciones no deberían ser la única forma de revisión de un Estudio de Impacto Ambiental (de la empresa). Se pervierte el sistema de evaluación, porque se traslada la responsabilidad del promotor a la ciudadanía alegante.

Riesgos sin evaluar de la Mina Muga

El estudio de impacto ambiental de la empresa sobre la Mina Muga califica el proyecto previsto con un aprobado justo, 5,3 puntos sobre 10. Pero, además, faltan por evaluar varios riesgos importantes. Uno de esos riesgos [4] es el colapso de las galerías, sin un estudio de la estabilidad de la mina, tanto para los trabajadores como para el entorno. Por otra parte, tampoco se ha evaluado el riesgo sísmico de la zona, cuyo análisis no pasa de la utilización de la normativa sismorresistente en una zona con sismicidad conocida (crisis de la Canal de Berdún y el terremoto de Martes, de magnitud 6). Ni se ha valorado la interacción de los terremotos con los deslizamientos, ya que la Mina Muga estará muy cerca del embalse de Yesa, a varios centenares de metros de profundidad, y a dos kilómetros en línea recta del mismo.

Se emplearán millones de litros de agua. Casi un hectómetro cúbico de agua anual para la Mina Muga, que se tiene previsto sacar del bombeo de aguas que harán viable la explotación, con las repercusión en la bajada del nivel freático de del suministro de agua en las zonas agrícolas y bosques. Todo esto, al pie de la falla de Loiti, reconocida también por su actividad sísmica reciente. Sin olvidar las consecuencias de la entrada de agua en una mina de sal, como son la salinización de aguas y terrenos y su impacto. Problemas aparecidos en Catalunya, en el río Cardener, en Cardona y en la cuenca del Llobregat, en Sallent o en El Perdón, Pamplona. Este proyecto de explotación minera podría servir para cualquier punto del planeta, ya que no considera las características geológicas de la zona.

Por si existían dudas sobre la viabilidad del proyecto, en la memoria de éste no se incluyen las investigaciones previas realizadas por la empresa. Cosa de derechos de autor, cuando precisamente dicha información es la que define el propio proyecto.

Más 500 camiones al día

Tampoco el EIA sobre la Mina Muga hace evaluación alguna de los impactos que harían incompatible el proyecto. Datos como la circulación de vehículos: 102.500 camiones por año, 532 camiones al día, según los datos de la empresa, y con 25 toneladas de sal cada uno, con salida por Sangüesa y destino al puerto de Bilbao.

Tampoco dice nada el EIA sobre la montaña de 45 metros de estériles que quedará entre los ríos Onsella y Aragón (visible desde el Camino de Santiago) o las consecuencias ambientales de secar y desviar los cauces superficiales de la zona.

Por su parte, la empresa española que gestiona los permisos, de la mano de la multinacional Highfield Resources, asegura en los medios de comunicación que va a generar hasta 3.000 puestos de trabajo. Pero en el EIA se habla de 232 puestos de trabajo directos, en una producción de tres turnos al día, aunque técnicamente esos datos no se sostienen. Y se justifica el plan como alternativa a que, sin la mina, la población de la zona desaparecerá en unos años.

La empresa recalca también que en la minería del siglo XXI, no se repetirán errores del pasado, pero los problemas de esta explotación e impactos son los mismos que los que afectaron a esta zona del Perdón o a los municipios catalanes de Cardener, Sallent, o actualmente a Súria. No obstante, no es necesario irse a Cataluña. Se pueden aprender algunas lecciones mirando a la Sierra del Perdón, que se ‘benefició» durante décadas de una explotación similar.

La ciudadanía de la zona del Perdón [5], cuando conoció estos planes mineros, inició una movilización social que se aglutina ahora en la Plataforma Unitaria No a las Minas de Potasas y que incluye a la mayoría de los ayuntamientos de la zona. Los alcaldes de estos pueblos han presentado un recurso contencioso-administrativo, no sólo para parar la mina, sino para interrumpir cualquier exploración minera en el futuro.

Estos municipios se ‘beneficiaron» hace años de las minas de potasas, abiertas entre los años 60 y los 90. Fueron explotadas por el antiguo Instituto Nacional de Industria, INI. La última mina, en el sector del Perdón, estuvo operativa hasta 1996.

Hoy estos municipios conocen las secuelas de estas explotaciones: grietas en edificios, hundimiento del terreno, la salinización de aguas y de la tierra, estructuras mineras abandonadas, bocaminas sin cerrar, montañas de residuos mineros contaminantes, terrenos arrasados sin reforestar y microseísmos que continúan produciéndose. Está en manos de la ciudadanía de estos pueblos parar las consecuencias ambientales y sociales de los planes especulativos de la multinacional australiana.

Notas

[1] Óscar Pueyo y Antonio M. Casas profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. Juan Carlos Gracia, de Ecologistas en Acción de Aragón y Carlos Revuelto, Geoscan SLP Consultoría. Todos son miembros Geoforo por Una Nueva Cultura de la Tierra.