Acaba el año y toca hacer balance de lo que ha sido 2016. Ecologistas en Acción lo hace desde la perspectiva ambiental, eje del trabajo que viene realizando contra viento y marea desde su nacimiento. A nivel global, el panorama es desolador: no sólo no se hace lo suficiente para frenar el cambio climático y el consiguiente deterioro ecológico, sino que se avanza en sentido contrario. Si el año pasado veíamos con ojos críticos el Acuerdo de París, la COP22 en Marrakech solo ha servido para que nos reafirmemos en la idea de que está muy lejos la intención de quienes tienen la responsabilidad política de frenar las consecuencias del cambio climático. Esto es evidente cuando analizamos la política energética que defiende el actual gobierno, apostando por los combustibles fósiles, la energía nuclear y el oligopolio eléctrico. La reciente luz verde al Almacén Temporal Individualizado para albergar residuos nucleares de la C. N. de Almaraz, que esconde la prolongación de la vida de esta central obsoleta y peligrosa, otros veinte años más, ha sido el mayor varapalo del año para la región en materia medioambiental. Esto es lo que venimos repitiendo en las múltiples acciones que hemos hecho a lo largo del año, como la Jornada Antinuclear en Cáceres el 11 de junio, o la Partida de Ajedrez Viviente en Navalmoral de la Mata, el 8 de septiembre, para pedir el cierre.
A pesar de que el escenario global es bastante sombrío, no podemos olvidar que a nivel local, o incluso regional, existen iniciativas que permiten albergar esperanzas de que se están dando pasos en el sentido correcto. En Extremadura, este año que termina nos ha dado algunas satisfacciones en referencia a temas por los que Ecologistas en Acción ha estado peleando durante años, y estos pequeños-grandes éxitos en nuestra lucha por la conservación del medio ambiente suponen bocanadas de aire fresco que nos permiten recuperar el aliento para seguir en la brecha.
Destacamos, por ejemplo, la reciente condena a la empresa Plasoliva S.L., y a su representante legal, por un delito contra los recursos naturales, por efectuar vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico sin la preceptiva autorización medio ambiental, lo que se tradujo en la muerte de 18 cabras y la contaminación del cauce afectado. También nos alegramos por la admisión a trámite de nuestra denuncia contra la almazara del “Consorcio Oleícola Extremeño, S.A.” en el polígono ExpacioMérida, por los continuos e intencionados vertidos sobre el cauce público, afectando a una explotación ganadera y a toda la fauna acuática de un arroyo cercano. Ello derivó también en una denuncia contra el Director General de Medio Ambiente por un supuesto delito de prevaricación, al desoír los informes de los técnicos que pedían la clausura de la actividad, que ni siquiera tenía acta de puesta en marcha.
Estos casos, que son sólo dos ejemplos de los muchos que estamos llevando adelante relacionados con vertidos, algunos de ellos relacionados con la gran cantidad de escombreras y vertederos ilegales al aire libre que continúan funcionando en nuestra región, con total impunidad y pasividad por parte de las autoridades, evidencian lo mucho que Extremadura aún debe mejorar en esta cuestión. En este sentido, la redacción del nuevo Plan Integrado de Residuos de Extremadura (2016-2022) supone una oportunidad única para efectuar un cambio de rumbo en las políticas de gestión de residuos de la región. Por ello Ecologistas en Acción de Extremadura presentó una serie de sugerencias y alegaciones al Plan, proponiendo, entre otras cosas, la implementación de una serie de sistemas de recogida y selección de residuos que han demostrado su efectividad en otros países de nuestro entorno, como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) y la recogida separada de la fracción orgánica, o biorresiduos. En el 2017 seguiremos trabajando para intentar que éstas y otras medidas se lleven a cabo, además de seguir promoviendo la reducción, la reparación y la reutilización como forma más eficaz de disminuir las cuotas de producción de residuos.
Respecto a la conservación de las especies de fauna y flora de nuestra Comunidad Autónoma, el panorama no es más alentador. Excepto alguna alegría puntual que nos ha dado, por ejemplo, el nombramiento del P. N. del Tajo Internacional como segunda reserva de la biosfera de Extremadura (después de Monfragüe) por la UNESCO, o la elaboración del Plan de Recuperación del Tejo por la Junta, a la que esperamos que pronto se sumen los del Loro, el Carballo y el Abedul, lo cierto es que la situación de los ecosistemas extremeños, empezando por la maltrecha dehesa, es verdaderamente preocupante: la sobre-carga ganadera, la continuidad en la práctica de la quema de rastrojos, las talas masivas de encinas centenarias, principalmente en fincas privadas, sumadas al maltrato del arbolado urbano en la mayoría de ciudades y pueblos de nuestra región, la mala gestión de los recursos forestales por parte de diferentes Administraciones y los incendios provocados que han afectado a espacios protegidos, como la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte, son algunas de las causas principales. Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha continuado en 2016 con la campaña iniciada el año anterior, “Cada Extremeñ@ un Árbol”, que pretende que la población extremeña tome conciencia de la importancia que tienen el arbolado, los bosques y las dehesas, con el ánimo de construir caminos hacia la adquisición de un compromiso social con la defensa y conservación de los mismos, por medio de plantaciones populares, reivindicativas y participativas, de árboles y arbustos autóctonos en algunas zonas de propiedad pública.
En contraposición a estas modestas iniciativas que tratan de promover un cambio de paradigma, nos encontramos algunas iniciativas públicas que tienen el dudoso honor de llevarse la palma del despropósito en cuanto a la protección de la naturaleza: una de ellas se la lleva el acuerdo de la Asamblea de Extremadura para impulsar la desobediencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre especies invasoras, aprobando una propuesta del PSOE para que se garantice «jurídicamente» la actividad de la pesca deportiva de especies como la carpa, el lucio, el black-bass o la trucha arcoíris, entre otras, en un claro ejercicio de incompetencia que demuestra el poder de la influencia lobbista en algunos/as representantes públicos, poniendo en grave peligro la continuidad de ciertas especies autóctonas y, por ende, la biodiversidad de nuestros ríos. Lamentablemente, se trata de un claro reflejo de que la perspectiva productivista prima sobre la medioambiental, y que hace que las palabras del presidente Guillermo Fernández Vara, en el sentido de su supuesta intención de apostar por las “políticas verdes”, queden en agua de borrajas.
En este sentido, también suspendemos al gobierno de Vara en la asignatura de lucha contra el maltrato animal, pues la convocatoria de las ayudas para el fomento de la “cultura taurina” en Extremadura, tan sólo un día después de que la Eurocámara apoyara, por abrumadora mayoría, la prohibición de la financiación con fondos europeos de las actividades de tauromaquia (que les llegaba a través de la PAC), no hace sino evidenciar la intención del gobierno del PSOE de seguir siendo “apoderado” del mundo del toreo. Estas ayudas vienen a sumarse al dinero público invertido en la puesta en marcha de Escuelas de Tauromaquia, mantenimiento de plazas de toros, subvenciones a la cría del toro de lidia, u organización de ferias y festejos taurinos en la Comunidad Autónoma. Por tanto, no hemos apreciado ninguna diferencia en este ámbito con respecto al ejecutivo anterior del PP, sino más bien una política continuista a la de José Antonio Monago, quien ya había aprobado el “Plan Autonómico de Promoción y Difusión del Mundo del Toro”.
Afortunadamente no todo son ataques contra la naturaleza. Y unos de los sectores que este año nos ha deparado más alegrías es el aumento de concienciación acerca de la peligrosidad de los herbicidas químicos, como el Glifosato, catalogado por la OMS como “probablemente cancerígeno”, lo que ha llevado a algunos Ayuntamientos de Extremadura a prohibir su uso en espacios municipales. Ciudades tan importantes en nuestra región como Mérida, Villafranca de los Barros o Cáceres, en respuesta a una moción plenaria presentada por nuestros grupos, dentro de la campaña “Contra el Uso del Glifosato” de Ecologistas en Acción, han tomado la delantera y han decidido eliminar el uso de esta peligrosa sustancia en el tratamiento de parques y jardines. Por su parte, la Asamblea de Extremadura aprobó en marzo una propuesta de impulso, a petición nuestra, para eliminar progresivamente su utilización en el resto de espacios públicos. No obstante, aún queda mucho por hacer, pues las medidas necesarias no terminan de implementarse y hay muchos otros Ayuntamientos y Administraciones, como Diputaciones y Confederaciones Hidrográficas, que siguen utilizando Glifosato en los lugares de su competencia. De modo que seguiremos luchando durante el 2017 para conseguir que nuestros/as responsables políticos apliquen el principio de precaución, como paso fundamental hacia la prohibición total de esta sustancia.
En cambio, en el ámbito del transporte no vemos que este año se haya avanzado mucho en el buen sentido: si comenzábamos el año presentando alegaciones al proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa (Tramo Badajoz-Frontera Portuguesa), dentro del período de consulta abierto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, expresándole las razones por las cuales creemos que esta infraestructura sigue siendo una obra descabellada, con graves afecciones ambientales, en mayo nos veíamos obligados a oponernos al “Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura”. Firmado por la Junta, la patronal y los sindicatos UGT y CC OO, este Pacto fue elaborado sin el consenso (y sin siquiera consulta) del resto de agentes económicos y sociales de nuestra región. Nuestra oposición se basa en que entendemos que, a pesar de los esfuerzos del gobierno regional por repetir como un mantra la supuesta intención de fomentar el uso del tren tradicional, la realidad es que el Pacto sigue apostando de manera decisiva por la implantación del AVE en nuestra región, adoleciendo además de una carencia absoluta de análisis de viabilidad económica y social de sus planteamientos, sin concreción presupuestaria ni financiera.
Creemos que ya es hora de que las Administraciones de nuestra Comunidad, tanto regionales como locales, se tomen en serio de una vez la cuestión de la movilidad, pues se trata de un sector clave para conseguir el equilibrio económico, social y territorial de nuestra región, aparte de ser un asunto de vital importancia para limitar los efectos del cambio climático. De hecho, una de las conclusiones más preocupantes a nivel ambiental para Extremadura, a tenor de los resultados del Informe sobre la Contaminación por Ozono Troposférico realizado por Ecologistas en Acción el pasado año, es que toda la población y el territorio extremeño han estado expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, afectando más directamente a las aproximadamente 300.000 personas que residen en las ciudades de Villanueva de la Serena, Almendralejo, Don Benito, Mérida, Plasencia y Cáceres. El ozono produce casi 2.000 muertes prematuras en España al año y afecta en gran medida a los cultivos, por lo que se trata de un problema de suma importancia, que en 2016 se ha visto agravado por la coyuntura meteorológica, el repunte del tráfico y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables. Por ello, las medidas que se tomen en nuestra región deben ser realistas, proporcionadas y ajustadas a los problemas que se pretenden solventar, invirtiendo el dinero público donde realmente es eficaz y necesario para mitigar las consecuencias del cambio climático. En este sentido, la propuesta del grupo de Cáceres de Ecologistas en Acción al Ayuntamiento de la localidad, que apuesta por la creación de un «Cinturón verde en torno a la ciudad”, es una iniciativa que sirve de modelo de cómo debemos aprender a hacer las cosas ante el nuevo escenario climático que se plantea para las próximas décadas, y que pretende demostrar cuánto pueden hacer las políticas municipales en este sentido.
Igualmente, tenemos importantes retos pendientes de cara al nuevo año en materia de gestión del agua, con los principales ríos de la región, nuestros benefactores Tajo y Guadiana, expoliados por el trasvase y la concesión de aguas para regadíos, sin tener en cuenta los caudales ecológicos mínimos que deben mantener sus cauces para hacer posible la vida en ellos. La sobre-explotación y el mal uso de sus aguas, llegando incluso a la aberrante utilización de los ríos como si fueran cloacas, es un tema que supera el ámbito regional, pero no por ello cejaremos en nuestro empeño, en unión con otras plataformas y colectivos de España y Portugal, de exigir que se les cuide y se les respete.
En el terreno urbanístico, aparte de seguir luchando contra las usurpaciones ilegales de caminos públicos y vías pecuarias, nuestro gran reto para el 2017 será conseguir por fin la demolición de la urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas. A pesar de que la justicia nos ha dado la razón, con dos sentencias favorables a la demolición, la Junta se sigue resistiendo a demoler el complejo utilizando argumentos falsos que quedaron desmontados ya a principios de 2016 con la presentación del informe técnico realizado por n’UNDO, Ecómetro y Creando Redes, por encargo de Ecologistas en Acción, que demuestra que es viable desmantelarlo y realizar una restauración ecológica con mucho menor impacto y a menor coste que el pretendido por el gobierno regional. Por tanto, seguiremos presionando para que se cumpla la ley y se ponga en práctica el tan repetido dicho de que “la justicia es igual para tod@s”.
Por último, no queremos terminar este repaso al 2016 sin recordar a los cientos de miles de personas refugiadas que esta Navidad no han podido volver a sus casas. Consideramos que detrás de los conflictos bélicos se esconde la crisis ambiental y el desequilibrio en el acceso a los recursos. Denunciamos la pasividad de las instituciones europeas y la crueldad con la que han tratado a estas personas, utilizando alambradas de cuchillas y gases lacrimógenos para acallarlas, permitiendo que se les despoje de las escasas pertenencias, dejándolas a merced de las mafias y la brutalidad de las fuerzas armadas y los grupos xenófobos, reteniéndolas en asentamientos infrahumanos sufriendo condiciones climatológicas extremas… Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha participado a lo largo del año en acciones de denuncia junto a otras ONG´s y plataformas ciudadanas, como la escenificación de un campo de refugiados en la Plaza Mayor de Cáceres el 20 de junio. Y durante el 2017, seguiremos gritando ¡WELCOME REFUGIADOS!
La experiencia nos dice que, para que nuestras autoridades actúen, es necesario que se mantenga la movilización ciudadana en la calle. Gracias a la organización de la sociedad civil, son muchos los temas que han saltado de los despachos a las calles, e incluso algunos, contra todo pronóstico, han tomado una dirección distinta a la esperada: en el ámbito supra-regional, aunque aún estamos lejos de dar estos temas por cerrado, se han conseguido importantes logros en la lucha contra el fracking o los tratados de libre comercio (TTIP y CETA), y todo ello gracias a la contestación social a estos proyectos.
En 2017 nos enfrentamos a muchos retos. Es necesario mirar hacia el futuro de forma valiente y huir de las falsas soluciones. La transición hacia otro modelo (económico, social y político) que sea justo y sostenible es el reto que tenemos por delante. Las decisiones que debemos tomar sobre la vida y el futuro no pueden tomarse según los dictados del mercado, sino sobre la base del bien común y el freno al deterioro ecológico. Es, desde luego, una tarea enorme, pero no por ello menos necesaria.
