Recelan del Plan de Acción Extremadura 2030

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al Plan de Acción “Extremadura 2030”. La organización desconfía del nuevo Plan de Acción que la Junta de Extremadura quiere implementar dentro de la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030. Los motivos para esta desconfianza radican en la insuficiencia de las medidas reflejadas en dicho documento, así como en la enorme incongruencia entre las acciones planeadas para el futuro y las políticas que, en la actualidad, se fomentan y sostienen desde el gobierno de la Comunidad.

La visión general que presenta todo el texto muestra un desconocimiento real de los efectos e impactos que tendremos que afrontar con respecto al cambio climático, así como una visión edulcorada del mismo y llena de contradicciones. Se habla de la necesidad de implementar fórmulas ecológicas de agricultura, cuando la apuesta de las instituciones sigue siendo por el modelo agroindustrial, un sector altamente ineficiente, petrodependiente, contaminante, enfocado a la exportación y derrochador de recursos hídricos. Recursos que no se están gestionando adecuadamente, como demuestra la falta de mantenimiento de los caudales ecológicos de las distintas vías fluviales o el empeño de fomentar nuevos planes de regadío, como el de Tierra de Barros, en un contexto de sequía.

Desde Ecologistas en Acción se apuesta por un modelo agrícola basado en la agroecología, libre de agroquímicos y donde la imprescindible fertilización del suelo se produzca de forma ecológica, fomentando el compostaje de los residuos orgánicos. Un modelo que tienda a reducir los cultivos intensivos agotadores de recursos hídricos. Un modelo donde se primen las producciones locales y los canales cortos de comercialización, reduciendo la huella de carbono que generan los alimentos en su producción y distribución.

También entendemos imprescindible elaborar un plan realista para facilitar la preparación y adaptación, en la medida de lo posible, al cambio climático, reactivando el Observatorio del Cambio Climático de Extremadura, como se lleva demandando desde hace años. Y también apostando, entre otras acciones, por elaborar planes efectivos para la mejora de la calidad del aire en nuestra Comunidad, ya que se han producido graves superaciones de los niveles máximos de ozono troposférico en numerosos núcleos urbanos sin dar el correspondiente aviso a la población y sin aportar los fondos necesarios para investigar sus orígenes.

Respecto al transporte público, es necesario, para empezar, una clara apuesta por incentivar el transporte colectivo frente al individual, tanto en trayectos urbanos como interurbanos. El transporte del futuro para Extremadura debiera basarse, no en el AVE, modelo por el que la Administración apuesta fuertemente, sino en una red ferroviaria electrificada y alimentada por energías renovables, que interconecte todas las comarcas de la región.

En el plano energético, se habla de fomentar la energía renovable, pero la realidad señala la falta de compromiso de nuestros dirigentes para conseguir el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz en 2020. Extremadura debe dejar de ser una colonia energética dependiente de las inversiones exteriores, desarrollando un sector energético propio e independiente en el que se potencien sus recursos y fortalezas, a través de economías participativas y sociales para la producción de energías renovables mediante cooperativas, y a través del desarrollo de empresas públicas que abastezcan de este tipo de servicios.

También se destacan los recursos mineros de la comunidad, siempre sujetos, según el documento, a criterios de sostenibilidad, lo cual choca directamente con la posibilidad de la implantación de una mina a cielo abierto en la montaña de Cáceres, a menos de dos kilómetros del municipio, ciudad Patrimonio de la Humanidad y altamente dependiente del turismo; o el proyecto minero en los alrededores de Valencia de Alcántara, que en parte estaría situado en una zona ZEPA de la Sierra de San Pedro.

En el plano industrial, cabe señalar que los sucesivos gobiernos que se han instalado en la Junta de Extremadura han mantenido un bagaje de insostenibilidad a la hora de fomentar o permitir actividades de transformación industrial como, por ejemplo, la Refinería Balboa en Tierra de Barros, los proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado, las almazaras contaminantes, las cementeras, etc. Falta diversificación económica y manufacturas no contaminantes. Se debería promover el cooperativismo que produzca, elabore y transforme los productos que son factibles en Extremadura. En ningún caso, el objetivo del desarrollo económico industrial debiera ser el crecimiento económico per se, sino proveer de los bienes, productos y servicios necesarios a la población, teniendo en cuenta el contexto de cambio climático y los límites del planeta.

Respecto a la simplificación administrativa que se menciona en el Plan de Acción, la realidad nos hace observar que los trámites para realizar cualquier emprendimiento verde en la región siguen siendo enrevesados y dilatados en el tiempo. Sin embargo, grandes proyectos que no tienen nada que ver con la economía verde y circular, como el proyecto de la macro-azucarera de Mérida, reciben todo tipo de simplificaciones en las tramitaciones, y procedimientos de urgencia en su resolución.

En el documento se recogen medidas para proteger nuestro patrimonio natural, pero de nuevo las acciones contradicen los propósitos, como demuestra, por ejemplo, que la Junta de Extremadura declarase en su momento como proyecto de interés regional el desarrollo de Marina Isla de Valdecañas, una urbanización construida en zona ZEPA, que finalmente fue declarada ilegal y que, a pesar de contar con una sentencia en firme para su demolición, sigue en pie porque el gobierno regional sigue apoyando de facto su continuidad. Una política verde debe proteger los parajes naturales de la comunidad por encima de los intereses económicos de empresas privadas.

Éstas son sólo algunas de las incongruencias más significativas que informan el Plan de Acción de la Junta, un documento que señala como uno de sus ejes transversales la participación, pero que, en la práctica, ha sido poco participativo y que no ha tenido en cuenta, de una forma activa, para la elaboración de la Estrategia de Economía Verde y Circular, las opiniones de las diferentes organizaciones especializadas en medioambiente.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado un documento de alegaciones, poniendo de manifiesto todas las deficiencias y contradicciones de este proyecto, así como señalando la necesidad de tomar medidas urgentes y efectivas que sirvan para frenar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático y nos acerquen a un modelo productivo realmente verde y circular.




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