Nuevas minas, viejos residuos

Desde Ecologistas en Acción alertamos del ’boom’ de ’minería especulativa’ que está experimentando la provincia de Ciudad Real. Denunciamos las irregularidades y falta de información pública con las que la JCCM está tramitando algunos de estos proyectos, que causan indefensión de los propietarios del territorio y de la sociedad afectada en general por las minas y sus residuos. Queremos informar sobre los efectos ambientales y en la salud que causa la minería, que se prolongan casi indefinidamente en el tiempo con la gestión de los residuos peligrosos. Igualmente, denunciamos la participación de las instituciones públicas, responsables políticos y científicos en el entramado de relaciones empresariales que facilitan el expolio de los recursos naturales y el despojo de la riqueza de nuestro territorio, que pasa a manos privadas.

La crisis financiera mundial ha impulsado una fiebre de expansión minera en España atrayendo a corporaciones multinacionales y fondos de inversión (sin rostro). Ciudad Real no es una excepción a lo que ocurre en el resto del estado. Estamos ante un ’boom’ de ’minería especulativa’, diseñada en los despachos de grandes corporaciones y en bolsa. No solo hablamos de los abusos típicos de la industria, como el adquirir derechos mineros, otorgados prácticamente gratis por la administración y después revenderlos a altos precios. Ahora los proyectos mineros se han convertido en instrumentos financieros que se usan como cebo para atraer inversores en bolsa o privados, con el objetivo de inflar artificialmente el valor de las acciones de las compañías dueñas de esos derechos. Es el fenómeno de la financiarización, el cáncer del nuevo orden económico.

Desde al año pasado estamos investigando con detalle, entre otros, los proyectos en la provincia de minería metálica, tierras raras y fosfatos, los materiales más sensibles a la especulación y cuyos precios se han disparado debido a su creciente interés estratégico y financiero. Esto ha llevado a que minas dormidas se resuciten y otras nuevas se abran en la provincia. Proyectos de explotación como son la mina El Moto de wolfranio que afecta a Abenójar y Almodóvar del Campo, o la de fosfatos que afecta a Fontanarejo, están siendo objeto de este tipo de especulación. Ambas minas están vinculadas al Grupo Sacyr, que se hizo con una amplia cartera de derechos mineros en España en 2014 cuando liquidó su cartera inmobiliaria.

Denunciamos, por otro lado, las irregularidades con las que la JCLM está tramitando estos proyectos y la indefensión en la que se encuentran los propietarios afectados, que ya están siendo expropiados: En el caso de la mina del Moto ya han empezado las expropiaciones, cuando la JCLM no debería estar tramitando ni siquiera la explotación de la mina porque la empresa no ha presentado los estudios que se le requerían; entre ellos, un estudio de hidrología integral sobre el proyecto.

Estos conglomerados financieros no escatiman esfuerzos ni herramientas para hacer valer el rendimiento rápido, por encima de las opiniones y derechos de las comunidades locales que deben convivir con sus proyectos mineros y que, frecuentemente, cuentan con el apoyo de los grandes grupos mediáticos que controlan, dirigen y silencian la opinión pública. Esta labor comienza inicialmente en las universidades que realizan la investigación con sueldos y fondos públicos y en los despachos de responsables políticos que fomentan estos proyectos. Algunos científicos de centros públicos, en particular de las escuelas de Minas de Almadén y Madrid, también participan de esta trama especulativa pues adquieren y venden los derechos de investigación, forman empresas que promocionan los proyectos y asesoran y participan en su explotación.

La ley de Minas promueve la investigación y explotación de recursos en nuestro país para la autosuficiencia energética nacional. Los terrenos privados afectados son expropiados por ley por ese interés público general. Desde Ecologistas en Acción denunciamos que no hay interés público alguno en adjudicar la mina de Abenójar a unas personas vinculadas a una multinacional española, cuyo negocio está en conseguir los permisos correspondientes para que la multinacional minera explote el wolframio y lo venda en el mercado internacional al mejor postor, beneficiándose quizá también de las acciones.

A veces, las poblaciones cercanas, aceptan y apoyan estos proyectos pues creen que es su única tabla de salvación para salir de la situación de decaimiento en que se encuentra el mundo rural y procurar así un resurgir económico y social de las comarcas. Sin embargo, el impacto sobre la salud, el medio ambiente y la economía de la actividad minera no acaban con el cese de la actividad extractiva. Por un lado, la situación global y del estado español es que la minería deja arrasadas o muy mermadas las fuentes económicas tradicionales de las poblaciones. El cese de la explotación suele acarrear el hundimiento económico y social de las comarcas mineras, a la vez que la destrucción del entorno cercena futuras vías de desarrollo y actividad económica.

En cuanto al riesgo medioambiental y para la salud de las personas que estos proyectos conllevan, en el caso de los fosfatos, que la compañía Alcudia Mining (vinculada al grupo Sacyr) pretende extraer en Fontanarejo, son una fuente de contaminación de metales pesados como el cadmio, tan peligrosos como el mercurio y el plomo, que desde al agua pasan a las plantas y de estas se extienden por las cadenas tróficas.

Además, el impacto sobre la salud y el medio ambiente de los residuos mineros continúan después del cese de actividad. Un ejemplo muy próximo de ello lo tenemos en la comarca de Almadén, donde MAYASA pretende poner en marcha una planta de estabilización de residuos mercuriales, cuya viabilidad ambiental e inocuidad para la salud es muy discutible. Esta instalación será generadora de nuevos residuos tóxicos, sobre los que sucesivamente habrá que intervenir, liberará al medio aún más toxicidad de la que ya hay acumulada históricamente y se convertirá en polo de atracción de residuos mercuriales de toda España y del mundo para ser allí tratados y depositados.

Finalmente, tenemos que denunciar públicamente que la información que ofrece la Administración sobre algunos proyectos es deficiente, sobre todo para conocer la situación administrativa actual, pues, la actualización de la información se realiza con muchos meses de retraso (algunos más de 8 meses sin actualizarse) lo que no permite contrastar las afirmaciones realizadas en prensa de responsables políticos y promotores, y mantiene a la población afectada en situación de estrés e indefensión.




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