Culminadas con la presencia del Alcalde de Olmedo, Procurador en las Cortes de Castilla y León y ex-vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, las comparecencias en la Comisión de Investigación constituida en la institución provincial para determinar las responsabilidades políticas en el fiasco de Meseta-Ski, Ecologistas en Acción manifiesta su indignación por la pléyade de políticos en activo y en la reserva que han desfilado para excusar su participación en el desfalco de quince millones de euros de todas y todos en este dislate, alegando desconocimiento de las ilegalidades cometidas o consentidas.

Ecologistas en Acción también recuerdan: que la Diputación de Valladolid, presidida entonces por el ex Delegado del Gobierno y actual Procurador Ramiro Ruiz Medrano y con el entonces Presidente de SODEVA Alfonso Centeno como responsable directo, inició en 2006 las obras de la pista de esquí sin licencias municipales, sin declaración de impacto ambiental y sin permiso para el cambio del uso forestal de los terrenos; que el entonces Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual Consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, aprobó meses más tarde la declaración de impacto ambiental, aun sabiendo por sus propios técnicos que el monte había sufrido un incendio; que el entonces Alcalde de Tordesillas y senador Emilio Álvarez Villazán, otorgó después las licencias municipales; que el entonces Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, el corrupto Jesús García Galván, proporcionó ya avanzadas las obras la autorización de cambio del uso forestal de los terrenos; y que de nuevo Carlos Fernández Carriedo, como portavoz parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, promovió y consiguió la aprobación del proyecto como Ley para pasar por encima de trece resoluciones judiciales que señalaban la ilegalidad del mismo, con el concurso de los portavoces parlamentarios socialista Ana Redondo y leonesista Joaquín Otero.

Lo esencial para Ecologistas en Acción es que el carácter de monte incendiado del emplazamiento de Meseta-Ski en Villavieja del Cerro fue conocido por todas estas autoridades a raíz del informe de 10 de noviembre de 2006 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que señala que “La zona del monte ‘Eriales de Tordesillas y Anejos’ afectada por el proyecto sufrió un incendio en el año 1998, habiéndose reforestado de forma inmediata, por lo que en la actualidad sustenta un repoblado en buen estado, en entre cinco y siete años, con una altura media de 50 cm”.

El contenido de dicho informe fue destacado por el vocal de las asociaciones medioambientales en la reunión de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Valladolid de 22 de noviembre de 2006, donde se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto con su voto en contra y el de los sindicatos CC OO y UGT, ante la presencia del entonces Alcalde de Medina de Rioseco y Diputado Provincial Artemio Domínguez, el actual Subdelegado del Gobierno en Valladolid Luis Antonio Gómez y el entonces Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León y luego Diputado Provincial Jesús García Galván.

Por si no se hubiera enterado, la organización ecologista le hizo llegar una carta a Carlos Fernández Carriedo advirtiéndole de la ilegalidad de recalificar un monte incendiado, respondida por el todavía Director General de Calidad Ambiental José Manuel Jiménez tras la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Posteriormente a estas circunstancias y a la construcción del “Complejo de Ocio” hasta quince resoluciones de dos juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Constitucional ratificaron la plena ilegalidad del Meseta-Ski. Sólo la intervención del anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, posibilitó que en esta ocasión fracasaran la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista y leonesista de las Cortes regionales, que por unanimidad y “entre aplausos” (ver Diario de Sesiones) aprobaron a sabiendas una Ley inconstitucional.

La organización ecologista consideran gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han pasado por la Comisión de Investigación de Meseta-Ski sigan sin reconocer la ilegalidad de sus actuaciones, dando a entender que volverían a actuar igual ante circunstancias similares.

Por ello, para que la prevaricación y el despilfarro de dinero público no salgan gratis una vez más a nuestros políticos profesionales, Ecologistas en Acción reitera la propuesta de que los 125 procuradores regionales, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Tordesillas que aprobaron en sus diversas fases el proyecto, sufraguen con cargo a su patrimonio privado todo el dinero público despilfarrado, aportando cada responsable político 120.000 euros. Y de paso, que dimitan de sus actuales cargos públicos, por su ineptitud y su manifiesto desprecio por los derechos ciudadanos, la legalidad y el interés general al que se deben.

La prohibición de recalificar terrenos forestales incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista que de esta manera se ha visto preservada del ataque de las instituciones de Castilla y León.