El culebrón de Garoña

La central nuclear de Garoña (Burgos), la más antigua de las españolas e idéntica al reactor número 1 de Fukushima Dai-ichi, es el rehén de Nuclenor (léase ENDESA e Iberdrola) para echarle un pulso al Gobierno. La primera parte del pulso, hasta diciembre de 2012, fue bajo los focos y el grupo de presión nuclear utilizó Garoña para intentar que se suavizara la Ley de Medidas Fiscales que grava la energía nuclear al introducir un impuesto sobre el combustible gastado. La segunda parte ha sido a escondidas, de tal forma que nos resulta imposible saber cuáles eran las pretensiones de Nuclenor y cuáles de estas serán recogidas en la nueva ley del sector eléctrico que el Ministerio de Industria está preparando. Cualquier observador avisado se preguntará qué ha cambiado de diciembre de 2012 a mayo de 2013 para que súbitamente Nuclenor esté interesado en mantener Garoña lista para su puesta en marcha.

Nuclenor solicita un año de prórroga para mantener la central parada y con el uranio en la piscina. El ministro Soria acepta y le pasa directamente la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que es incapaz de soportar la presión y concede la prórroga con los votos en contra de la vicepresidenta Rosario Velasco y de la Consejera Crisitna Narbona y con los votos a favor de Fernando Martí, Fernando Castelló, respectivamente presidente y consejero propuestos por el PP, y de Antonio Gurgí, propuesto por CiU.

Con esto se le hace mucho daño a la democracia, puesto que el Gobierno legisla a medida del grupo de presión nuclear, que además muestra su trofeo públicamente. Pero también se hace un enorme daño al organismo regulador, el CSN, que aparece como una mera comparsa capaz de realizar informes sobre la seguridad de una nuclear de un día para otro.

El culebrón de Garoña continúa, pues, más allá del 6 de julio de 2013 por las presiones que el CSN se ha visto obligado a soportar por parte del Ministerio de Industria y de Nuclenor. Los responsables de Iberdrola y ENDESA, así como los de UNESA, no se han ahorrado las presiones públicas, mostradas en múltiples declaraciones al afirmar que “Garoña continuaría si fuera rentable”, sin ninguna mención a la seguridad, o aseverando que se moverían las inversiones de España a EE UU si el marco legal no es el apropiado. Estamos ante un hecho sin precedentes haciéndose patente que el Gobierno legisla a la medida de Nuclenor, y que el organismo regulador, cuya independencia debe ser sagrada, se pliega a las presiones. La postura de las dos consejeras que votaron en contra supone un intento de salvaguardar la independencia y la imagen nacional e internacional de este organismo. A nivel nacional el CSN aparece dispuesto a plegarse al calendario impuesto por el grupo de presión nuclear. Y a nivel internacional, nos encontramos con que todos los reguladores europeos estaban pendientes de los sucesos españoles y se ha dado una gran muestra de debilidad.

Esta decisión implica forzar a los técnicos, que llevan ya meses con el trabajo de preparar el cese de actividad a que emitan un informe en 5 días que estudie la autorización para que Garoña continúe un año más en su situación actual. Los técnicos tampoco se merecen que se les coloque en esta situación.

En todo caso, si Nuclenor decide a poner en marcha Garoña de nuevo, no se librará de realizar las inversiones previstas en las pruebas de estrés, de mejorar los sistemas que el CSN le impone y de inspeccionar las penetraciones de las barras de control. Sorprende que esta central se pueda llegar a poner en marcha en estas condiciones.

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